PRESENTACIÓN

El gobierno cumplió con una formalidad ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la primera bajo la presidencia de Luis Lacalle Pou. Como emisor de bonos (deuda) bajo ley estadounidense, el gobierno todos los años debe enviar un reporte de la situacion económica y lo que está viendo a futuro.

El reporte está fechado al lunes 11 de mayo y lleva la firma de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

¿Qué dice el informe que presentó el gobierno uruguayo ante una agencia del gobierno estadounidense?

El reporte planteó que ante la llegada del coronavirus “el gobierno decidió no instaurar” una política de confinamiento obligatorio en todo el país, “citando la importancia de no detener la economía por completo. En cambio, desalentó activamente las grandes reuniones, promovió medidas de distanciamiento social, sugirió a los ciudadanos que limitaran las actividades al aire libre y exhortó al sector público y privado a implementar, cuando sea posible, medidas para desarrollar el trabajo a distancia”.

Explicó que “el shock de la oferta interna por el brote del COVID-19 y la consiguiente reducción de los ingresos de los hogares y las empresas, junto con las medidas restrictivas establecidas para controlar la propagación de la epidemia y la menor demanda externa, afectarán negativamente la actividad económica de Uruguay en 2020. Mientras que el costo económico del COVID-19 es difícil de predecir, el gobierno pronostica que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) será negativo en 2020 y que aumentará el déficit fiscal”. Si bien no manejó cifras en el reporte a la SEC, la ministra Arbeleche había dicho en entrevista con El País semanas atrás, que estiman que el PIB caerá 3% este año y que el déficit fiscal se deteriore en 1,5 punto porcentual del PIB (es 5% del PIB en los 12 meses a marzo).

El informe señaló que desde el 1º de marzo al 30 de abril de 2020, “el gobierno central recibió préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 1,050 millones, de los cuales US$ 801 millones corresponden a desembolsos bajo líneas de crédito preaprobadas otorgadas para financiamiento de contingencia antes de 2019” y agregó que disponía de otros US$ 1,400 millones con la CAF y el Fondo Latinoamericano de Reservas.

Además, indicó que “a la fecha de este informe anual, Uruguay está negociando líneas de crédito y préstamos adicionales con instituciones multilaterales (BID, Banco Mundial, Fonplata y el Banco Europeo de Inversiones)”.

“La administración de Lacalle Pou tiene la intención de permanecer enfocada en la estabilidad macroeconómica, y tiene la intención de ajustar las políticas existentes para perseguir sus principales objetivos de política, que incluyen: impulsar la productividad y mejorar la competitividad de la economía uruguaya; mejorar la eficiencia del sector público, incluidas las empresas estatales, a través de reformas que apuntan a mejorar la gobernanza; fortalecer las relaciones comerciales con los países miembros del Mercosur, mientras desarrolla mercados y establece alianzas con otros socios comerciales; mantener una postura fiscal prudente, reconociendo esto como una condición para la sostenibilidad fiscal a largo plazo; y promover una reforma de la seguridad social”, señaló el reporte ante la SEC.