EL “CASO A CASO” NO SIRVE, DICEN

Expresidente Mujica: el costo “lo tiene que enfrentar la globalidad del país”.

Son un grupo de 26.300 personas que tienen créditos tomados para su vivienda en Unidades Reajustables (UR). Sus representantes argumentan que la suba de los salarios —la UR ajusta según la variación del Índice Medio de Salarios— y el hecho de haber refinanciado previamente sus préstamos llevan a que paguen por ellos más que el valor del inmuebles en el que viven. Solucionarlo: una tarea difícil, llevan casi cinco años de idas y vueltas.

Actualmente, hay 15.500 cuentas en UR radicadas en el Banco Hipotecario (BHU) y 10.800 en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), según señaló el integrante del Movimiento de Deudores en UR del BHU, Gabriel Samas ante la comisión de Hacienda del Senado. Agregó que la presidenta del BHU, Ana Salveraglio "dijo que hay 15.500 cuentas nominadas en UR y que el 63% de ellas mantienen la tasa de buen pagador. No lo dice, pero se desprende de sus propias palabras que si hay un 63% que tienen la tasa de buen pagador, hay un 37% que evidentemente no la tienen porque están atrasados en una o dos cuotas".

El planteo de los deudores es que hay un desfase entre la evolución de la UR y de la Unidad Indexada (UI), que se ajusta según la variación de la inflación. Los nuevos créditos del BHU son en UI y los viejos se mantienen en UR.

"La UR y la UI son índices, no monedas, no podemos ir a comprarlos y ni siquiera se puede ahorrar en UR al día de hoy. Como índices que son, tienen un desfase. Nosotros tenemos una tabla desde que se creó la UI, en el año 2004. Partimos de una cuota base en UI de $ 5.000 y, actualmente, es de $ 12.939. Si a esa cuota base de $ 5.000 le aplicamos el índice de Uni-dad Reajustable nos da $ 20.456; hay casi un 60% de diferencia", planteó la integrante del movimiento, Mónica Álvarez ante la comisión.

"En función de lo expuesto, una de las cosas que estamos pidiendo es que se nos recalcule nuestra deuda desde 2007 —que es la fecha en la que se trasladó parte de la cartera a la ANV— y la pasen a UI. En un momento la misma contadora (Salveraglio) dijo que eso sería muy pesado para el banco. Bueno, entonces, ¡negociemos! Por eso estamos pidiendo una mesa de diálogo. Si no se puede hacer desde 2007, veamos si es posible hacerlo desde 2010", afirmó.

En una entrevista con El País publicada el pasado 15 de marzo, Salveraglio había dicho que "seguramente haya alguna respuesta a todos los planteos" pero que "el banco no se puede comprometer. Nos debemos a los ciudadanos que ya han capitalizado el banco hace 10 años en US$ 250 millones. Tenemos la responsabilidad de mantenerlo así. En ese marco, podemos tomar algún tipo de medida".

En 2013, el banco ofreció a los deudores en UR pasarse a UI con las tasas de interés de los créditos en esta última (que son más altos que en UR), pero solo siete aceptaron hacerlo.

"Lo que pedimos no es pasar pelo a pelo al día de hoy, sino que se tenga en cuenta la diferencia que se vino generando unilateralmente debido a la creación y el movimiento hacia la ANV del año 2007. Ahí fue cuando la contadora dijo que sería una carga muy pesada para el banco", dijo Álvarez.

"Obviamente, el pasaje solo de UR a UI no nos sirve, sino que tiene que ser algo más fuerte, que abarque más", señaló la también integrante del movimiento Gimena Bas.

Pero, una medida de ese tipo supondría no solo problemas financieros para el BHU, sino que esos deudores pasen a categorías de incumplimiento ante el Banco Central porque se entendería como una "quita" a su crédito.

Por otro lado, los deudores quieren algún tipo de beneficio (descuento) si cancelaran el crédito antes del plazo. "No tenemos beneficios. Estuve hace dos días en el BHU y lo que me dijo el funcionario —excelente en la atención— fue lo siguiente: agradezcan que no los penalizamos", indicó la integrante del movimiento, Alicia Nin. Es que ningún banco ofrece descuentos porque le cancelen un crédito antes de plazo y algunos de hecho "lo penalizan". Esto es legal.

"La otra cosa que pedimos es que se suspendan los remates. A partir del tercer mes (de atraso en la cuota) ya se tiene en cuenta esa posibilidad", indicó Álvarez.

"Nosotros aspiramos a que haya una solución legal para este problema. Creemos que, más allá de que se tomen algunas medidas administrativas, debe haber un sustento legal que permita la ejecución de dichas medidas", concluyó Samas.

A su turno, el expresidente y senador del MPP, José Mujica dijo que "esto necesita una solución legal, pero requiere voluntad política. Acá alguien tiene que perder —hay que hablar claro— y ningún banco quiere perder. Vamos a tener que facturar —por decirlo así— algún proyecto, pero hay que contar con la voluntad política del gobierno. Llega un momento en que hay que hablar claro: esto tiene un costo y como tal lo tiene que enfrentar la globalidad del país".

"Cada 20 o 25 años tenemos este problema con el BHU: el financiamiento de las viviendas a largo plazo, los intereses y todo lo que viene termina costando mucho más que el valor de la vivienda. Esta película ya la hemos visto y volvemos a verla", agregó.

El también frenteamplista Ricardo Alcorta dijo que "para tratar de solucionar este problema debemos ponernos de acuerdo con el Poder Ejecutivo a modo de, en cierta forma, repartir esa pérdida de la que hablaba el señor senador Mujica".