El deterioro llegó a las cifras

Dos proyectos de ley tensaron la relación entre las cámaras empresariales y los sindicatos, mientras el desempleo en Uruguay llegó a un máximo en seis meses.

Por cuarta vez en 11 años el desempleo se ubicó por encima del 9%, en este caso en agosto. La tasa que se conoció ayer confirmó que el mercado de trabajo tiene serios problemas, hasta ahora matizados en la medición por el desincentivo a salir al mundo laboral, una tendencia que varió en el mes.

En ese contexto, el gobierno definió como prioritario reimpulsar el empleo y elaboró un proyecto de ley que está siendo discutido en el Parlamento con medidas para promover la contratación de personal, con el que aspira crear unos 5.000 empleos a partir de 2019.

Junto a esto, envió otra iniciativa que crea un fondo de garantía laboral o insolvencia patronal, para asegurar que los trabajadores cobren las deudas cuando quiebran empresas.

La primera iniciativa ya fue aprobada esta semana en la Cámara de Diputados y la otra fue votada en Comisión.

Sin embargo, no hay consenso entre los actores involucrados, lo que quedó claro en la Comisión de Legislación del Trabajo por donde desfilaron autoridades del gobierno, dirigentes sindicales (ver aparte) y las cámaras empresariales.

Por un lado, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, informó que "para los nuevos empleos que se generen se establecen subsidios al salario que directamente serán aplicados cuando las empresas efectúen el pago correspondiente al Banco de Previsión Social (BPS)".

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Ese beneficio será para los nuevos trabajadores con sueldos que no superen los $ 33.500 (equivalente a 2,5 salarios mínimos) y se subsidiará hasta el 25% de la remuneración —40% en los mayores de 45 años— por hasta un máximo de $ 5.000 (25% de 1,5 salarios mínimos).

Esto será financiado con unos US$ 15 millones que aportará el gobierno, como forma de saldar la deuda que mantiene el Estado con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), que se costea con aportes tripartitos.

Al acudir a la Comisión, el gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), Juan Mailhos, dijo que "el sector empresarial comparte la intención del proyecto" dado el "deterioro" que está mostrando el empleo, pero mostró "preocupación" acerca de que el instrumento del subsidio sea el más adecuado para fomentar la creación de trabajo.

"Somos más partidarios de que el empleo se cree cuando aumenta la actividad. El empleo de calidad, decente, se crea cuando existe un marco jurídico que facilita a todos los actores a poder apostar a tomar mayor personal", indicó el integrante de la gremial.

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Mencionó la experiencia de la ley de empleo juvenil, que "establece estos subsidios y no ha sido eficaz": permitió crear 3.000 puestos de trabajo en tres años —lo que "no mueve la aguja" según el asesor— con un gasto en subsidios asociados de US$ 9 millones, una "relación costo-beneficio" no satisfactoria en opinión de la CNCS.

Por eso, la delegación empresarial pidió que la política de subsidios tenga "un límite temporal que posibilite evaluar la experiencia" teniendo en cuenta impactos y costos, para definir si se mantiene o modifica. También solicitaron un límite "en el monto a gastar".

Otro tema que provocó debate fue la creación del fondo de insolvencia patronal. Entre las varias críticas que expresaron, las gremiales hicieron foco en que se crea un nuevo impuesto, que falta transparencia en la administración por parte del BPS y que "se rompe el equilibrio" establecido en la ley de concursos, informó El Observador días atrás.

Murro respondió que "no hay un aumento de impuestos" —el fondo se financia con un 0,025% del aporte empresarial, que es descontado de lo destinado al Fondo de Reconversión Laboral— y enfatizó que "para el sector empresarial el costo de las contribuciones a la seguridad social, a la salud y al fondo de reconversión laboral se mantienen como hasta ahora".

También aclaró que el proyecto establece "un tope" en el monto que el fondo puede resarcir como piden los empresarios, y que incluso el gobierno puede bajarlo en función del "orden económico financiero".

Respecto a la convivencia con la ley de concursos (que da prioridad entre los acreedores a los trabajadores para cobrar), el ministro aclaró que se hizo "una modificación en la redacción para que se considere insolvente al empleador que sea declarado como tal por el juez de concurso, siempre que en dicho marco no se consiga la satisfacción de los créditos laborales de los trabajadores".

Sobre la pertinencia de una iniciativa de este tipo, Murro señaló que "es necesario" porque "atiende necesidades que tiene el país" y brinda "las garantías suficientes". Agregó que "los países desarrollados tienen estos fondos de garantías laborales ante la insolvencia patronal y nosotros queremos transitar ese camino".

En contraposición a esta postura, para Gonzalo Irrazábal, asesor jurídico de la Cámara de Industrias, la iniciativa "castiga al buen empresario, al que cuida el punto de equilibrio, al que hace una inversión, al que cuida su endeudamiento; en pos de aquel que es mal empresario, que no cuidó o hizo algo que no debía".

En igual sentido, Mailhos de la CNCS manifestó que el fondo de insolvencia establece "una solidaridad entre el buen empresario y el mal empresario", que "alentará a que el que cierra no haga esfuerzos suficientes para cumplir con los trabajadores, porque se va a sentir cubierto por este seguro".

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En el mes de agosto la estimación de la tasa de desempleo para todo el país se ubicó en 9,04%, informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se trata del mayor registro desde que en febrero la medición alcanzó 9,31% y si se omite ese dato es el número más alto desde septiembre de 2007 cuando llegó a 9,13%. El desempleo en agosto fue superior en 1,2 puntos porcentuales al valor calculado en julio (7,8%) y estuvo 1,2 puntos porcentuales por encima del dato del mismo mes del año anterior (7,8%).

Como venían advirtiendo los analistas, si bien desde hace varios meses que el mercado laboral está perdiendo puestos de trabajo y no los generaba en la misma cantidad, la desocupación no crecía demasiado por el contexto de desincentivos entre la Población en Edad de Trabajar (PET) que llevaba a abandonar la búsqueda de empleo —reduciéndose así la tasa de actividad. Sin embargo, en agosto se revirtió esa tendencia al crecer la tasa de actividad, lo que llevó a un mayor desempleo.

En efecto, el porcentaje de personas en edad de trabajar que tienen un empleo o están en búsqueda (tasa de actividad) se ubicó en 62,7% de la PET. Esto es 1,4 puntos porcentuales arriba del mes anterior (61,3%) —unas 41.000 personas se sumaron al mercado de trabajo— y 1,1 puntos porcentuales por encima del mismo período del 2017 (61,6%) —casi 43.000 personas más.

Ese crecimiento de la tasa de actividad no pudo ser absorbido totalmente por la creación de trabajo: la tasa de empleo en agosto fue 57%, superior en 0,5 puntos porcentuales al valor de julio (56,5%) y en 0,2 puntos porcentuales respecto a agosto del año pasado (56,8%). Se trata de 16.000 empleos más que el mes previo y 15.000 más que hace un año.

Así se llegó a un número de desocupados en agosto superior en casi 25.000 personas al registrado el mismo mes de 2017, una diferencia similar a la constatada contra junio.