REFORMAS

Trabajo de FIAP plantea reformas para la etapa de desacumulación y critica regímenes complementarios.

Si estos desafíos no se resuelven bien, el costo de un menor número y monto de pensiones y mayores riesgos para los afiliados puede ser de importancia”, sostiene un reciente trabajo de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) sobre América Latina que analiza y propone cambios para superar esos retos.

Pone el foco sobre “la etapa de desacumulación” -cuando las AFAP (en el caso de Uruguay) empiezan a pagar el dinero acumulado en la cuenta individual del trabajador- al entender que varios sistemas de pensiones en la región alcanzaron una “madurez” que exige reformas. En Uruguay el sistema mixto -con las AFAP por un lado y el Banco de Previsión Social (BPS) con un régimen solidario por otro- comenzó en 1996 y está comenzando a jubilarse la primera tanda de trabajadores.

De no implementarse cambios, la FIAP sostiene que “muchos de los sistemas de pensiones de América Latina terminarán pagando pensiones bajo las expectativas y a pocos afiliados”.

Apunta a los “beneficios” que tiene el trabajador para ahorrar durante su vida laboral, en el entendido que son los que determinan el nivel de dinero acumulado para alcanzar la “pensión objetivo” del individuo. Entre varias propuestas, plantean “ajustar los parámetros principales del sistema, como las tasas de cotización y las edades legales de pensión”, así como implementar modificaciones legales para “aumentar la proporción de afiliados que reciben flujos de pensión”.

“La regulación debe garantizar la existencia de un mercado de pensiones eficiente, que ofrezca a los futuros pensionados la posibilidad de transformar al menor costo posible el ahorro acumulado en un flujo de pensiones, les permita elegir entre distintas modalidades, con pleno conocimiento de sus respectivas características particulares y de la forma en que ellas responden a sus necesidades”, indica el trabajo.

Respecto a los últimos aspectos mencionados, el régimen previsional uruguayo presenta una falencia, ya que no hay competencia entre las aseguradoras por el pago de la renta vitalicia (que se forma por el dinero ahorrado por el trabajador más la rentabilidad que logró la AFAP) y es únicamente el Banco de Seguros del Estado (BSE) quien asume el negocio.

Este tipo de fallas “se producen como consecuencia de la falta de instrumentos financieros que permitan calzar las obligaciones de pago de pensión con las inversiones, la existencia de tablas oficiales de mortalidad desactualizadas y la presencia de diversas incertidumbres legales”, expresa el estudio en línea con las dificultades identificadas por las aseguradoras del mercado local.

Buscando corregir en parte esas fallas e impulsar la competencia en ese segmento, el gobierno ha implementado algunos cambios legales en el régimen de ahorro individual: desde enero se actualizaron las tablas de mortalidad y otros criterios del cálculo jubilatorio, dejando atrás varios parámetros fijos; se incorporó el concepto de Renta Teórica Pura que determina el margen que las aseguradoras pueden cargar por la administración del dinero; y hay un proyecto de ley en el Parlamento para habilitar la emisión en una unidad previsional atada a los salarios (forma de actualización de las jubilaciones) que solucionaría el descalce que sufren las aseguradoras.

Otra de las consideraciones de la entidad internacional de AFAP es que hay una “limitación” para el crecimiento de la demanda por pensiones por “las posibilidades de retiro parcial o total de los fondos acumulados en las cuentas individuales” (algo no habilitado en Uruguay) y por “la existencia en algunos países de regímenes contributivos de reparto, sustitutos o complementarios al programa de capitalización” (lo que sí ocurre en Uruguay).

También piden una mayor inversión “en educación y asesoría técnica e independiente” como forma de “estimular una demanda preparada para elegir las modalidades de pensión más apropiadas”, algo que marcan no existe en los países de América Latina con la excepción de Chile.

Asimismo, señalan que los afiliados a las AFAP “están expuestos a diversos riesgos innecesariamente altos” como las tasas de interés y a la rentabilidad de las inversiones, la solvencia de las instituciones que pagan la renta vitalicia y los cambios de aspectos legales.

El trabajo se trata de “una síntesis de un estudio desarrollado por FIAP” sobre los regímenes de pensiones de Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, que concluyó en febrero. Las cuatro AFAP que operan en Uruguay son socias plenas de la institución internacional: las tres privadas (Sura, Unión Capital e Integración) nucleadas en la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) y de forma independiente la estatal República (propiedad del Banco República, el BSE y el BPS).