Más quedan gravados porque BPC se actualiza por debajo de los salarios.

Por decisión del Poder Ejecutivo, el valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) —que determina el mínimo no imponible y las franjas de tributación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto a la Asistencia de Seguridad Social (IASS)— se ajustó 35% por debajo de la evolución de los salarios entre 2007 y 2016.

Esto determinó que en los nueve años transcurridos desde la reforma que creó el actual sistema de tributación, muchos trabajadores y jubilados hayan quedado abarcados por el impuesto o ascendieran de franja de tributación sin que experimentaran un crecimiento real de sus ingresos.

Se trata de "un ajuste fiscal encubierto" sostiene el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, que presentó en el Parlamento un proyecto de ley para corregir la situación. "A través de un ajuste menor de la BPC con respecto al aumento de los salarios y las pasividades, en forma continua se bajan los límites de cada franja para que una mayor parte de los ingresos por salarios o pasividades resulten gravados con alícuotas mayores", explicó a El País.

Es que la BPC se creó por ley en 2004 y la norma otorgó al Poder Ejecutivo la potestad de actualizar cada año su valor en base a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC) o del Índice Medio de Salarios (IMS), y en cualquiera de los dos casos con un margen de 20% hacia arriba o abajo.

De los últimos nueve ajustes anuales de la BPC establecidos por el gobierno, solo en un caso se fijó un valor superior a la evolución del IMS el año anterior.Lo que ocurre cuando el importe de la BPC se actualiza por debajo de la variación de los salarios es que se tributa más por IASS y por IRPF.

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Como argumenta Rodríguez en la exposición de motivos de su propuesta, en relación al IMS "los mínimos no imponibles de ambos impuestos disminuyeron su valor y los límites de los tramos o franjas de ingresos también bajaron". Por tanto, el menor ajuste del importe de la BPC "cumple la misma función que un aumento de la alícuota" del IRPF o del IASS.

Según los cálculos incluidos en la presentación, la diferencia en el valor de la BPC provoca una recaudación adicional de US$ 300 millones para el Estado en 2016, lo que equivale aproximadamente a un 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Estos números fueron confirmados por el economista Isaac Alfie, que asesoró a Rodríguez sobre el tema.

El ex ministro de Economía señaló a El País que "si uno ajusta los límites sobre los cuáles se calculan las tasas de impuestos por un coeficiente inferior al que se ajustan los ingresos, todos los años lo que haces es subir el impuesto".

En la exposición de motivos se expresa que "en la práctica, al fijar el ritmo de crecimiento de las franjas impositivas por debajo del crecimiento de los ingresos, el Poder Ejecutivo aumentó la carga tributaria de la población sistemáticamente y sin la aprobación explícita del Parlamento".

Para Rodríguez, desde hace nueve años "el Poder Ejecutivo realiza un ajuste fiscal no explícito, sino encubierto, que afecta el valor de las jubilaciones y pensiones y los salarios de los trabajadores", administrado "con discrecionalidad" los ajustes anuales del valor de la BPC "dentro de ciertos límites que le fija la ley".

Si el importe de la BPC se hubiera ajustado todos los años en línea con la evolución salarial, su valor actual debería ser $ 4.065 en lugar de $ 3.340 —una diferencia de $ 725—.

El trabajo del legislador colorado presenta ejemplos para demostrar los efectos a nivel tributario de la variación de la BPC por debajo de la evolución salarial. Un jubilado que en 2007 cobraba una pasividad de $ 13.000 nominales no estaba gravado por el IAAS al estar sus ingresos por debajo del mínimo no imponible fijado en 8 BPC ($ 13.088 a valor de ese momento).

Hoy en día esa misma persona cobra $ 36.530 nominales en base al ajuste de las jubilaciones cada año, y como la primera franja de aportes es $ 26.720 (8 BPC a valores de hoy) debe tributar por los $ 9.810 de sus ingresos que sobrepasan dicho límite. Por su pasividad entonces paga un 10% de IASS, es decir $ 981 por mes o $ 11.772 anuales. Si la evolución de la BPC hubiera sido igual al IMS, este jubilado debería seguir exento del tributo.

Pero según el diputado colorado "las consecuencias de la política de fijación del valor de la BPC son más graves aún" en los salarios de los trabajadores "porque es mayor la imposición". Es que en el caso del IRPF el mínimo no imponible es inferior al de las jubilaciones —siete BPC ($ 23.380 a valores de hoy)— y los saltos dentro de cada franja también son con menores cantidades de ingresos.

Para Rodríguez "queda demostrado que el gobierno aplicando al valor de la BPC un ajuste inferior al IMS ha ido año a año minando el monto de las jubilaciones, desvirtuando el ajuste de su valor nominal establecido por la Constitución". Además, aclara que esa disminución del poder adquisitivo que se produce cada año "es acumulativa porque al año siguiente la fijación del valor de la BPC se realiza sobre el valor del año anterior".

Rodríguez presentó un proyecto de ley en el Parlamento para corregir estas situaciones y evitar que la BPC ajuste por debajo de la evolución salarial. El artículo 1 señala que a los efectos de la fijación de los mínimos no imponibles y de las franjas del IRPF y del IASS, la BPC "se actualizará en un porcentaje no menor al equivalente a la variación del IMS".

Además, establece que a partir de enero de 2017 se considerará los $ 4.065 como importe base de la BPC, el monto que debería tener si desde 2007 se hubiera utilizado para la actualización del valor el criterio instaurado en el artículo inicial.

Como antecedente, menciona la ley 19.003 del 2012 que corrigió esta misma situación respecto a las prestaciones de seguridad social como los subsidios por desempleo y por enfermedad, y las asignaciones familiares. Estos pagos se desvincularon de la BPC y pasaron a actualizarse en base al valor de la Unidad Reajustable (UR) que evoluciona en la misma línea que los salarios.

El proyecto de Rodríguez está en la Comisión de Hacienda de Diputados y será analizado antes de fin de año. El legislador confía en contar con los votos de la oposición y del diputado frenteamplista disidente Gonzalo Mujica.

En la Rendición de Cuentas que fue aprobada por el Parlamento y entrará a regir desde enero, se incluyó un aumento de los aportes desde la tercera franja del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Además, se modificará el régimen de deducciones del tributo, que hasta ahora tenía tasas progresivas que empezaban en 10%; desde 2017 todos los sueldos por debajo de $ 50.000 podrán descontar 10% y los de montos mayores 8%.

También se implementarán cambios en el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), limitando el monto de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se pueden deducir.

Con esto y el ajuste impositivo a las jubilaciones —a estudio del Parlamento—, el gobierno prevé aumentar la recaudación en US$ 500 millones.

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