OBJETIVO "POSIBLE"

Ve “posible” bajarlo a 2,5% del PIB; tras 2019, es “probable” un ajuste.

La calificadora de riesgo canadiense DBRS ve "posible" que el gobierno alcance el objetivo de llevar el déficit fiscal a 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a fin de 2019, pero señaló que "podría ser difícil sin un mayor control del gasto". Además, estimó que "incluso si se logra" el objetivo del gobierno "es probable" que "se requiera un ajuste adicional después de 2019 para colocar las tasas de la deuda pública en una trayectoria descendente firme y reconstruir el espacio fiscal".

Tras haber mantenido la nota de Uruguay en BBB (baja) y la perspectiva estable a fin de enero, la agencia hizo un informe sobre la economía uruguaya.

El déficit fiscal cerró 2017 en 3,5% del PIB (la meta del gobierno era de 3,3%). Según DBRS, "la principal causa del deterioro" —el déficit era 0,9% del PIB en 2011 y pasó a 3,9% en 2016— es "el aumento del gasto". En ese sentido, apuntó que "las protecciones constitucionales (ajustes de pasividades deben ser iguales a la suba del Índice Medio de Salarios) y legales (ingreso de colectivos al Fondo Nacional de Salud) para algunos artículos de gasto" sumado a "compromisos políticos" como el gasto en educación, "complican el desafío de detener la trayectoria ascendente".

Recordó que el gobierno utilizó tres fuentes para compensar esa suba del gasto: aumento de impuestos, suba de tarifas de empresas públicas en relación al precio de los insumos y reducción de la inversión pública. Hacia el futuro "hay espacio limitado para reducir el déficit" por la vías de estas tres fuentes "sin afectar potencialmente las perspectivas de crecimiento".

Pese a eso ve "posible" que el gobierno logre bajar el déficit a la meta que se comprometió para fin de 2019. "Un crecimiento más fuerte de lo presupuestado, combinado con ajustes relativamente modestos este año (mayores impuestos sobre importaciones y juegos de azar), deberían impulsar los ingresos y apoyar la reducción del déficit", explicó.

"Sin embargo, una consolidación duradera requerirá un esfuerzo sostenido para frenar la trayectoria del gasto actual. Con las próximas elecciones en 2019, la implementación de dicho ajuste en el corto plazo podría ser políticamente difícil", afirmó DBRS.

En ese sentido, agregó que "la estrategia de consolidación fiscal, parece estar creando cierta tensión dentro de la coalición". La calificadora recordó que "si bien el Frente Amplio tiene una mayoría en ambas cámaras legislativas, los desacuerdos dentro de la coalición podrían complicar los esfuerzos de reducción del déficit".

"Se espera que la dinámica de la deuda se estabilice siempre que avance el ajuste fiscal", indicó el informe.

La calificadora recordó que utiliza la deuda neta del sector público (deuda bruta menos activos financieros totales del sector público) "para evaluar mejor la dinámica subyacente de la deuda".

"En el escenario base" —el más probable— "la relación deuda/PIB aumenta modestamente en 2018 (a cerca de 35%) y luego se nivela". Pero, "en un escenario adverso caracterizado por un crecimiento promedio del PIB de 0,9% y un déficit fiscal que se mantiene en aproximadamente en 3,7% del Producto, la trayectoria de la deuda pública continuará con una fuerte tendencia ascendente hasta el 2022", advirtió DBRS.

"Esto resalta la importancia del ajuste fiscal en términos de poner las finanzas públicas en una posición más sostenible", agregó.

La calificadora expresó además que "la gestión conservadora de la deuda de Uruguay es una fortaleza crediticia" y destacó que "Uruguay tiene una amplia flexibilidad de financiamiento en caso de turbulencias del mercado".

En ese sentido, el informe señaló que el gobierno tiene activos líquidos por US$ 2.200 millones y líneas de crédito precautorio con organismos por US$ 2,400 millones, cuando el servicio de deuda en 2018 alcanza a US$ 3.200 millones.