EL DEBATE PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO

Los economistas Mercedes Comas, Gabriel Oddone y Pablo Rosselli analizaron los “mitos” y “verdades” del sistema previsional uruguayo que debe encarar una reforma de la seguridad social en un debate que debe incluir a las cajas militar, policial, notarial, profesional.

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En cualquier discusión sobre seguridad social la premisa de la que se parte es que la gente aportó durante su vida activa y eso no se le puede sacar. En el imaginario está arraigada la idea que uno aporta mucho y recibe poco, pero es uno de los mitos sobre los que se ha construido la política jubilatoria en Uruguay”, analizó ayer el economista y socio de Deloitte, Pablo Rosselli.

El otro “mito” lo atribuyó a los políticos y es que el régimen previsional es “una herramienta para combatir la pobreza”.

Sobre estas creencias y otras verdades de cara a una reforma de las jubilaciones, habló un panel de analistas convocados por la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) bajó la consigna “¿Hacia dónde va la seguridad social en Uruguay?”.

Rosselli refutó el primero de los mitos con datos que aportó el economista y socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone: 60% de las pasividades que paga el Banco de Previsión Social (BPS) “se cubre por impuestos”.

El socio de Deloitte añadió que “el problema es que definimos a nuestro sistema como contributivo (se cobra lo que se aportó)” y no lo es, “una enorme parte de la seguridad social se financia con impuestos”.

Sobre el otro mito, Oddone señaló que “no le podemos pedir al sistema de seguridad social lo que no puede resolver”. En ese sentido, pidió definir “políticas específicas financiadas por impuestos para atender a ciertos sectores (vulnerables) de la población”. Al igual que Rosselli, remarcó que “Rentas Generales transfiere recursos de forma creciente a adultos mayores, cuando los mayores problemas de pobreza están en la infancia”.

Para el socio de Deloitte la predominancia en la sociedad y el sistema político de estas “falacias, hace difícil la discusión y la búsqueda de acuerdos” en torno al régimen jubilatorio.

Sobre los contenidos de una reforma, Oddone indicó que “no hay margen para aumentar” las contribuciones de trabajadores y patrones, y que “no parece ser la variable más relevante” subir la edad de retiro. Por ende, se deberá trabajar sobre “las tasas de reemplazo”, que son el porcentaje del sueldo al que accede un trabajador al momento de la jubilación.

“Es donde hay más posibilidades de avanzar. En algunos colectivos, sobre todo los de ingresos medios-altos y altos, es posible que tengamos que pensar en una rebaja en las tasas de reemplazo. Hay que pensarlo bien y medir los efectos sobre la equidad, pero no parece razonable que a esos sectores se les garantice una tasa de reemplazo elevada”, analizó el economista de CPA y planteó que esas personas deberían contar “con la información y los recursos” para planificar su retiro con inversiones propias.

En la misma línea, Mercedes Comas, economista de PwC, mencionó que el promedio de las tasas de reemplazo en Uruguay (en torno al 50%) está alineado al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), integrada por las principales potencias económicas del mundo.

Atendiendo eso, Comas sostuvo que “la variable a sacrificar es la tasa de reemplazo”. Propuso “reforzar la parte no contributiva (que asegura una pasividad mínima) en los sectores de ingresos bajos, y sumar incentivos para retiros tardíos en los sectores medios y altos”.

También Rosselli se refirió al tema: “Idealmente la edad de retiro no debería importar si tenemos tasas de reemplazo actuarialmente neutras (lo aportado es lo que se cobrará). Debemos ir a un diseño que motive a las personas a retirarse más adelante cuando todavía tienen salud y habilidades requeridas por el mercado de trabajo”, dijo citando al investigador en seguridad social Álvaro Forteza.

Respecto a ese esquema de incentivos, el socio de Deloitte añadió que hoy el modo de fijar el sueldo básico jubilatorio (lo que cobrará el pasivo) alienta a las personas a trabajar más en “los últimos años de su vida activa”. Esto porque “está pensado sobre la hipótesis que la persona cada vez gana más y cada año que agrega mejora su jubilación”, pero eso no ocurre como generalidad y además después de cierta edad aunque quieran muchas personas no pueden mantener el ritmo de trabajo de antes.

Entonces, Rosselli propuso una solución: permitir “anclar el sueldo base jubilatorio por ejemplo a los 63 años” y dar la posibilidad a la persona que continué trabajando menos horas “con una base de aportación más pequeña que la estándar”. El novedoso mecanismo “sería bueno para el sistema” que no pierde los aportes del trabajador, y “para la persona que trabajará menos y ganará más”.

Sobre los incentivos, Oddone coincidió que deberán rediseñarse para atacar algunas falencias, como por ejemplo que en ciertas condiciones sea más beneficioso una pasividad por incapacidad que una normal.

Fundación Astur

Enrique Iglesias

El régimen jubilatorio es “un tema de debate en todo el mundo”. En Uruguay “es un tema de identidad nacional” porque se ha privilegiado “más la seguridad que el riesgo” al definir las políticas previsionales. “Hoy se debe atender el riesgo” por los desafíos que hay.

PwC

Mercedes Comas

“El sistema de seguridad social es la contracara del mercado de trabajo y hoy vemos nuevas modalidades, como la automatización del empleo y el impulso de los trabajados independientes”, que impactarán a futuro en el esquema jubilatorio.

Deloitte

Pablo Rosselli

“Con la seguridad social pasa algo que no ocurre con otros temas: se ve una injusticia y enseguida se pide corregir”, dijo y recordó el debate por la ley de cincuentones. “Pero hay muchas injusticias que las políticas públicas dejan pasar y no se ocupan”, subrayó.

“El sistema jubilatorio en Uruguay es hijo de nuestra historia, con un BPS fuerte” que acumula funciones, indicó Oddone y sugirió “avanzar en separar los roles”: un organismo que defina las políticas de seguridad social, uno que controle el cumplimiento y otro que preste el servicio (hoy todo lo hace el BPS).

También Rosselli indicó que “el BPS tiene el foco en brindar el mejor servicio posible y quiere que la prestación aumente”, pero precisamente por eso no debe ser el encargado “de definir las políticas” de seguridad social. “Si no, nadie dice ‘eso no se puede pagar’”, remarcó.

Comas presentó posibles cambios a la parte del sistema por AFAP: permitir una “diversificación del portafolio” de inversiones, ya que hoy tienen “dos tercios en papeles del Estado” y poco en renta empresarial; y ampliar el número de fondos -hay uno para afiliados menores de 55 años y otro para mayores- para asumir más riesgos.

Las cajas paraestatales: un dilema político y fiscal

Los tres economistas que participaron del evento de Anafap aludieron durante parte de su disertación a las cajas paraestatales -la Militar, Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales-, que tienen distintas realidades pero todas al agrupar a colectivos pequeños tienen más exposición a “shocks” demográficos que afectan sus finanzas, manifestó Gabriel Oddone. También hizo notar que el Estado está obligado a transferirles recursos en caso de déficit, para que paguen “mejores jubilaciones que el promedio” del sistema.

Por todo esto, Pablo Rosselli planteó como ideal “la convergencia de las distintas” cajas, pero también al hablar de la futura reforma de la seguridad social llamó a “tener una discusión política pragmática”, viendo “qué se puede lograr y qué no”. Transformar las cajas paraestatales y afectar los derechos de esos colectivos no parece viable hoy día. Respecto a la Caja Militar, Rosselli hizo foco “en un tema más profundo”: es lógico “que un soldado no deba trabajar hasta los 60 años, pero no es del Siglo XXI que alguien se jubile a los 40 años (y con una jubilación alta); debe haber pocas personas en el mundo con un sistema (de jubilación) así”. Planteó que los militares accedan a un retiro parcial por un monto menor, y que luego puedan continuar trabajando y aportando al régimen previsional para acceder a una nueva jubilación.