La brasileña OAS además de atravesar por una mala situación financiera está envuelta en la investigación por corrupción que involucra a Petrobras.

La principal contratista de la obra civil de la regasificadora que tiene "alerta" al gobierno, intenta conseguir 500 millones de reales, unos U$S 180 millones para evitar llegar a solicitar la recuperación judicial que en Uruguay se conoce como ir a concurso.

Según informó Folha de San Pablo hoy, el dinero es visto como necesario para que la empresa pueda mantener las obras en funcionamiento mientras concreta la venta de activos del grupo. Es que, hasta el momento, la suspensión de los pagos mientras elabora un plan de reestructuración es vista hoy como la única salida para salvar la empresa, según revelaron ejecutivos que participan de las negociaciones al diario.

OAS, que es dueña de estadios, empresas de saneamiento, proyectos inmobiliarios y de infraestructura, mantiene deudas por 7 billones de reales e ingresó en default el mes pasado.

Fuentes cercanas al negocio de la regasificadora dijeron a El País que GNLS (el consorcio conformado por GDF-Suez y Marubeni para la operación de la planta) maneja rescindir el contrato con OAS desde noviembre del año pasado, pero no termina de definirse, si bien no se admite de forma pública.

La brasileña OAS además de atravesar por una mala situación financiera está envuelta en la investigación por corrupción que involucra a Petrobras.

Según informó el diario El Observador días atrás el gobierno uruguayo "está alerta" ante los posibles impactos que la situación de la constructora puede tener sobre el proyecto de la planta regasificadora y se busca información para confirmar o descartar eventuales efectos sobre la construcción de la obra. Incluso el director Nacional de Trabajo, Luis Romero sostuvo que solicitó información para saber qué puede pasar con los puestos de trabajo involucrados si la firma decidiera irse a la brevedad.

OAS requiere financiamiento