GOBIERNO DEBILITADO

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La crisis política abierta en Argentina por las crecientes tensiones entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner agrega una carga pesada más a la marcha de la economía. A los severos desequilibrios que ya se arrastraban se suma ahora no solo un gobierno debilitado tras la categórica derrota del Peronismo en las elecciones primarias, sino también una dura puja al interior de la Casa Rosada para determinar cuál será finalmente el rumbo económico.

“En el corto plazo seguiremos viendo un alto grado de incertidumbre, y siempre que hay incertidumbre las decisiones económicas se paralizan. Más hacia adelante, todo dependerá de cuál sea el desenlace de esta crisis política. La economía ya venía con una situación de fragilidad significativa dada, sobre todo, por un desequilibrio monetario muy importante. El balance del Banco Central está muy deteriorado, con muchos pesos en el pasivo y muy pocos dólares en el activo. Ese escenario ahora se agrava por la incertidumbre y la falta de confianza, lo que configura una situación macroeconómica muy frágil”, dijo a El País Martín Vauthier, economista de la consultora Anker Latinoamérica, en Buenos Aires.

El manejo de la economía está en el centro de las críticas hacia la gestión del gobierno que Cristina Kirchner expuso en una carta pública el 16 de septiembre pasado. Los dardos apuntan al ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien el kirchnerismo duro acusa de buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aún cuando eso implique seguir ajustando el gasto público. “También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación”, expresó la vicepresidenta en su carta.

A partir de octubre del año pasado -mes en que las tensiones cambiarias habían llegado a un punto máximo en Argentina-, Guzmán giró y aplicó fuertes recortes sobre partidas sensibles. A la drástica eliminación de los programas de asistencia dirigidos a los sectores más afectados por la cuarentena le siguió una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales. Con un ajuste que dejó de regirse por la evolución de la inflación y pasó a ser determinado por la variación trimestral de los salarios formales y de la recaudación tributaria destinada a la seguridad social, las jubilaciones pasaron a actualizarse a un ritmo muy inferior al de la inflación. Los montos de los planes sociales y los sueldos de los empleados públicos sufrieron un retraso similar.

Esa licuación permitió, junto a los mayores ingresos tributarios derivados del alza de los precios de las materias primas que Argentina exporta, una fuerte reducción del déficit fiscal en el primer semestre, lo que contribuyó a calmar las expectativas de devaluación. Sin embargo, esa corrección fiscal tuvo como contracara evidente la fuerte pérdida del poder adquisitivo de buena parte de la población.

Ese descenso, que profundizó una tendencia iniciada hace tres años, fue una de las principales causas del histórico cachetazo electoral sufrido por el Peronismo en las elecciones primarias. Además de las previsibles derrotas en los grandes centros urbanos del país donde predomina el voto de la clase media, el caudal electoral del oficialismo se derrumbó también en las barriadas más humildes del conurbano bonaerense, histórico bastión del Peronismo.

De cara a las elecciones generales de Argentina del próximo 14 de noviembre en las que el oficialismo enfrenta el riesgo real de quedar debilitado en el Congreso, Cristina Kirchner viene reclamando un cambio de rumbo. La receta pasa por incrementar el gasto público para inyectar dinero en los bolsillos de la población y, así, dinamizar el consumo masivo.

“No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global de pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo, desde Estados Unidos, pasando por Europa y en nuestra región también: el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia”, señaló días atrás Cristina Kirchner en su carta.

Del otro lado, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, considera que hay escaso margen para recorrer el camino que impulsa la vicepresidenta.

Sin acceso a los mercados internacionales de deuda, la emisión neta del Banco Central para asistir al Tesoro durante el año pasado superó los 2 billones de pesos, equivalente al 7,3% del PIB.

A esa oleada se sumará este año otro 1,5 billón de pesos. Semejante expansión monetaria en un contexto en el que la demanda de dinero sigue débil no solo impide desacelerar un nivel de inflación que supera el 51% anual, sino que viene generando una bola de nieve a partir de la emisión de deuda remunerada por parte del Banco Central para absorber parte de la liquidez excedente.

De hecho, en los primeros ocho meses del año la autoridad monetaria pagó a los bancos 796.802 millones de pesos argentinos en intereses de Leliqs y pases, un 91% más que en igual período de 2020.

La cruda disputa al interior del gobierno en Argentina tiene en el ritmo al que debe crecer el gasto público el punto de mayor divergencia.

Mientras Fernández y Guzmán se resisten a abandonar cierta moderación fiscal para, con eso, alcanzar un acuerdo con el FMI que permita prorrogar los vencimientos por unos 37.000 millones de dólares que Argentina tiene con ese organismo en los próximos dos años, el kirchnerismo exige apretar el acelerador a fondo antes de las elecciones con una política fiscal mucho más expansiva.

“Cristina Kirchner pretende impulsar mayor gasto y mayor emisión, pero esa opción hoy no está disponible. A diferencia de lo que sucedía cuando ella era presidenta, la economía hoy tiene escasez de dólares. Después de las elecciones generales de noviembre, el gobierno va a tener que necesariamente acordar con el FMI para que la situación no se desmadre aún más.

La duda es si Cristina Kirchner pateará el tablero y dejará el gobierno sin acordar con el Fondo o si entiende la gravedad de la situación y paga el costo político necesario para intentar estabilizar la economía”, dijo en diálogo con El País Fernando Baer, economista asociado de Quantum Finanzas, en Buenos Aires.