REGULACIÓN

La regulación de las criptomonedasavanza en forma desigual en el mundo. Suiza, la jurisdicción más avanzada en esta materia, en febrero del 2021 aprobó una ley que reconoce el derecho de propiedad en el registro del blockchain. A nivel de la Unión Europea, el tema se ha movido en forma más lenta, pero se espera que hacia 2023 se apruebe la regulación de las stablecoins. En Estados Unidos, en marzo el presidente Biden ordenó a su equipo armar un marco regulatorio sobre las criptos.

¿Qué pasa en Uruguay? Este país saltó de la posición 63 a la 17 en el Ranking Global de Fintech y también presenta movimientos específicos en el mundo cripto, que incluyen iniciativas del Banco Central (BCU).

Así lo destacaron ponentes de la “Jornada online de Criptomonedas”, organizada por la Cámara Uruguaya de FinTech (CUF), el pasado jueves.

Martín Larzábal, co-CEO de Cryptotrust Fiduciaria S.A., recordó que para el BCU las criptos no son monedas de curso legal, pero la institución está dando pasos en materia de regulación. De hecho, el BCU creó un grupo de trabajo de activos virtuales, integrado por un equipo multidisciplinario interno que interactúa con agentes de la industria, y elaboró así un proyecto de ley en esta materia.

Para ello tomó como base el marco regulatorio ya vigente, adaptándolo a la realidad de los activos virtuales y a los nuevos proveedores del ecosistema, adoptando también como referencia lineamientos de las jurisdicciones de Reino Unido y España.

El Banco Central reconoce cuatro categorías de activo digital: activos virtuales valores, activos virtuales estables (stablecoins), los utility tokens y los activos virtuales de intercambio o exchange tokens (donde entran el bitcoin, el ethereum y otras criptomonedas importantes).

“El Banco Central adelantó que va a regular los activos virtuales valores y los estables. En cuanto a los utility tokens y los de intercambio, dependiendo de la exposición -directa o indirecta-, los regulará o no”, resumió Larzábal.

El pasado 5 de mayo, la institución envió al Poder Ejecutivo un proyecto de ley en esta materia, en el que plantea dos cambios: uno referido a la Ley del Mercado de Valores, y otro sobre la Ley de la Carta Orgánica del Banco Central.

En el primero, crea una nueva categoría de activos de valores estructurales de registro descentralizado (que pasa a abarcar a los activos virtuales), y en el segundo cambio (modificación de los artículos 37 y 38), el BCU le da a la Superintendencia de Servicios Financieros la potestad de supervisión de los proveedores de servicios virtuales.

“Estos son pasos favorables para este sector”, opinó Larzábal. Martín Benítez, country manager de Ripio (empresa de economía digital, que también afirma estuvo en conversaciones con el BCU para aportar insumos para la elaboración del proyecto), coincidió en que éste “es bueno”, según sus palabras.

“El Banco Central publicó, a través de su oficina de Innovación, un marco conceptual de las criptomonedas (...) es un buen puntapié inicial”, afirmó.

Lo cierto es que ahora el proyecto pasó a la cancha del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y quedan varias instancias antes de su aprobación final.

El objetivo es que deje de existir una “lucha” entre el sistema financiero tradicional y el mundo cripto. “Hoy en día el tema de las cuentas bancarias con criptomonedas es difícil de manejar, la idea es que la regulación libere esa tranca, que dé un marco para convivir”, afirmó Benítez.

Se estima que, una vez regulado el sector, sobrevendrán muchos negocios business to business, que requerirán el respaldo de las instituciones que se complementen.

Actores indican que la normativa debe ser flexible, por el carácter cambiante del mundo cripto.

“Hoy estamos hablando de NFT’s, de metaverso, de minería, y quizás dentro de dos o tres años estemos hablando de cosas totalmente distintas; la regulación va a tener que adaptarse a esos cambios. Por eso las autoridades la están dejando bastante abierta para que se pueda ir adaptando; eso es positivo y realista”, opinó Benítez.

En cuanto al tema de “puerto seguro”, que preocupa a la comunidad cripto, el proyecto de ley, en caso de problemas o cierre de la empresa que ofrece servicios vinculados a las criptomonedas, deslindaría de responsabilidad a sus empleados o desarrolladores, dejando que esta recaiga solo sobre los dueños o accionistas.

Ese punto sería una novedad en lo que a regulación se refiere ya que, de aprobarse, marcaría una diferencia en relación a otros países.

En medio del debate sobre qué se debería regular y por qué, Rodolfo Grela, gerente general Regum (servicios financieros online), destacó la importancia de regular tres riesgos: las estafas, el lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) y el precio.

Sobre esto último, dijo: “El bitcoin (BTC) es descentralizado por naturaleza, no tiene un precio único de referencia. Regular esto sería, en algún punto, robarle el alma al bitcoin, pero es necesario para la estabilidad del sistema. El que haya un precio de referencia puede escalar en las comisiones, en los costos, y darle así tranquilidad al usuario”, opinó. Sin duda, este tema es delicado y, más temprano que tarde, requerirá definición por parte de los actores e instituciones de la industria.