Con el régimen de compras en el exterior a través de Internet ya consolidado a nivel de los usuarios, surgen diferencias entre las empresas que prestan sus servicios para traer la mercadería desde el exterior hasta el domicilio del cliente final.

Algunas empresas de este rubro señalan que hay competencia desleal por parte de otras compañías que no están debidamente registradas, no cuentan con toda la tecnología necesaria para operar e incumplen con el pago de tasas y licencias exigidas para poder desarrollar la actividad.

Algunas empresas molestas con sus colegas indican que esas empresas incumplen con normativas aduaneras y de regulación postal.

La ley 19.009 de noviembre de 2012 del régimen general de actividades postales marca ciertas exigencias para los operadores privados.

En el artículo 28 de la normativa habla sobre el costo de la licencia necesaria para operar y expresa que los "prestadores del servicio postal deberán abonar a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) el monto de la habilitación previamente a la expedición de la licencia, que se establece en 10.000 Unidades Indexadas (UI) por año. Hoy ese valor es equivalente a $ 30.180.

La ley además creó la tasa de financiamiento del servicio postal universal que deben pagar los usuarios que contraten el servicio postal y las personas jurídicas habilitadas.

Los operadores postales actuarán como agentes de retención de esa tasa que en ese caso es de 10%. Lo recaudado por concepto de esa tasa debe ser volcado a la Ursec.

Sin embargo, en compañías del sector se informó a El País que hay algunas empresas de courier que operan a nivel local que no pagan la licencia anual y tampoco actúan como agentes de retención de la tasa de financiamiento del servicio postal. Por tanto, entienden que allí existe una competencia desleal. "El que no paga está en infracción", dijo a El País una de las fuentes consultadas.

Hay otra exigencia que deben cumplir las empresas de couriers internacional para ingresar mercadería en el país.

Esas empresas deben tener instaladas un software para transmitir datos de cada una de las operaciones aduaneras que realizan. Con esos datos que se transmiten, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) efectúa una preselección para determinar el riesgo de los envíos que llegan al país.

Estos nuevos controles rigen desde enero de este año, cuando a partir de un decreto se establecieron nuevas exigencias para el régimen de compras en el exterior a través de Internet. Pero son pocas las empresas que se dedican a traer mercadería del extranjero que cuentan con ese software.

"Son bastante caros y potentes y las empresas de courier chicas le están esquivando el bulto. Un software de ese estilo puede costar unos US$ 15.000", dijo a El País una fuente al tanto de la situación. Entonces, esas empresas chicas lo que hacen es comprarle el servicio de transmisión de datos a otra compañía que sí cuente con el software.

Eso no constituye una ilegalidad porque finalmente la información de la compra se termina efectuando.

Pero algunas empresas que tienen la forma adecuada de transmitir esos datos (y no ofrecen el "servicio" a otros colegas) observan en esta modalidad otra suerte de competencia desleal.

Cuando el régimen de compras en el exterior por Internet comenzó a mostrar un crecimiento exponencial fueron los comerciantes locales los que hablaron de competencia desleal. Esos comerciantes esgrimían que la mercadería ingresaba al país con precios más bajos por no pagar impuestos locales ni de importación.

Ahora, son las empresas de courier las que hablan de esa misma competencia desleal por parte de algunos colegas.

La primera regulación para comprar en el exterior a través de la web se estableció en julio de 2012 con un decreto que permitió realizar anualmente cinco compras en el exterior con un peso menor a 20 kilogramos y un valor total (incluyendo flete y gastos) de hasta US$ 200. Si se cumplía con esas exigencias la mercadería ingresaba sin pagar impuestos locales y aduaneros.

Luego cuando el crecimiento del régimen era marcado, los comerciantes uruguayos exigieron a las autoridades mayores controles al sistema.

Entonces, surgió un nuevo decreto vigente desde enero de este año. El 356 señaló que las encomiendas deben ser recibidas por la misma persona física que realizó la compra.

La adquisición no puede tener fines comerciales. El pago de la correspondiente mercadería debe realizarse mediante el uso de tarjeta de crédito o débito internacional.

Además, se incluyó dentro de las cinco compras permitidas por año a las de entrega no expresa (como las de China) que tampoco pagan impuestos cuando su valor no supera los US$ 50.

Otros requerimientos es el de especificar el tipo de tarjeta de crédito o débito del titular de la compra, el emisor de la tarjeta e indicar los cuatro últimos dígitos del número de tarjeta de crédito o débito del titular de la compra.

A su vez, se añadió que debe existir una descripción detallada de la mercadería, según la factura de origen y de acuerdo con una codificación que se anexó al decreto.

En enero se realizaron 17.201 operaciones amparadas en la franquicia que permite realizar cinco compras anuales sin pagar tributos. En la comparación interanual esas compras aumentaron 4,6% según datos de la DNA. La información señala que la cantidad de movimientos de encomiendas postales internacionales de entrega expresa alcanzó las 30.915 operaciones en enero. Ello incluye las compras de la franquicia, los documentos y la correspondencia (326 movimientos), 8.156 compras de hasta US$ 50 (dos veces al año y sin fines comerciales que no tributan), las adquisiciones entre US$ 50 y US$ 100 (852 que tributan el 60% sobre el valor en Aduana) y 4.380 compras de más de US$ 100 que ingresaron bajo el régimen general de importación.

Empresas molestas con otras firmas que incumplen requisitos establecidos