Tradicionalmente, cada vez que se discuten en el Parlamento las Rendiciones de Cuentas, surgen distintas propuestas para financiar gastos que no están previstas en el proyecto de ley original que remite el Poder Ejecutivo.

Actualmente la discusión está pasando por su momento más creativo, con varias propuestas que determinan de dónde sacar recursos para incrementar el gasto y eso se suma a la discusión sobre el uso del Fondo de Estabilización Energética (FEE) para obras de infraestructura vial. Más allá de la necesidad o no del gasto, en las propuestas hay desvíos importantes a cómo se deberían utilizar las herramientas de política fiscal que vale la pena tomar en cuenta.

Comenzamos por el anuncio del gobierno de que apelará al Fondo de Estabilización Energética (FEE) para financiar parte de las inversiones ferroviarias necesarias para que se concrete la inversión que traerá la tercera planta de celulosa. Se trata por lo tanto de un fideicomiso en el que se acumularon recursos con una finalidad que se propone utilizarlos para otra muy distinta.

Por lo tanto hay un uso incorrecto de la herramienta. La base de la misma es la confianza de quienes aportan al fondo en que su uso luego los beneficiará. No hay un vínculo entre los que pagaron la energía eléctrica cara en su momento y los beneficios de la mejora en el ferrocarril. Una vez que se rompe esa confianza, la herramienta pierde fuerza para el futuro y todo aporte solicitado para un Fondo de Estabilidad se verá como un impuesto a rentas generales, o sea como una carga fiscal adicional y sin contrapartida.

Las políticas anticíclicas requieren de este tipo de herramienta y se incurre en un desprestigio de la misma si los fondos acumulados se destinan a otro fin.

Como el monto acumulado en el FEE supera las necesidades debido al cambio producido en la matriz energética, si los legisladores entienden que es pertinente desviar los fondos del cometido original hay que analizar cuidadosamente el destino de los mismos. En este caso no hay inconvenientes porque se eligieron gastos de infraestructura que son por una vez y no tienen el carácter de recurrentes todos los años. Si se utilizaran estos fondos para habilitar nuevo gasto corriente, se generaría un problema porque, una vez que se termine el fondo ahorrado por los consumidores de energía eléctrica hay que seguir pagando esa cuenta.

En cuanto al gasto corriente, es conveniente que se financie con ingresos corrientes, dejando el gasto de capital para ser financiado con endeudamiento o con ahorro como sería en este caso.

Las herramientas como el FEE son utilizadas para corregir las fluctuaciones y de esa manera reducir el impacto que tienen diferentes riesgos sobre la población.

Se ahorra en un momento para utilizarlo cuando sea necesario. Algo parecido ocurre con el concepto de déficit fiscal corregido por el ciclo.

La diferencia entre los ingresos y los gastos presupuestales tiene movimientos dependiendo de lo que ocurre en la macroeconomía. Si hay un nivel de actividad extraordinario o condiciones de precios que incrementan la base tributaria, ingresarán más recursos que los presupuestados. Por el contrario, cuando por alguna razón como ser el menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) hay menos ingresos y un déficit que es extraordinario.

Dadas estas fluctuaciones, y con toda razón, quienes tienen la responsabilidad de mantener bajo control las cuentas públicas solicitan que se mida su gestión corrigiendo por los aspectos extraordinarios del ciclo económico.

Por lo general se pide cuando hay déficit fiscal y no cuando hay superávit pero el concepto es el mismo que en el FEE pero en lugar de ahorro involucra el endeudamiento: permitir más déficit y por lo tanto más deuda en los años con menor crecimiento del PIB que el previsto y exigir mejores resultados en los años donde hay una sorpresa positiva.

Para que esto funcione, hay que tener conducta cuando sobra porque la tentación de gastar es muy grande. Si eso no existe, entonces la valoración sobre el déficit en los años de bajo nivel de actividad vuelve a ser mala por falta de credibilidad. Es una valoración mala porque a lo único que conduce es a una acumulación de deuda pública.

El gobierno presentó una Rendición de Cuentas basada en su supuesto de crecimiento del PIB del 2%, resultando un aumento del gasto que no satisface totalmente a su bancada.

Como seguramente la economía termine creciendo a un ritmo mayor se propone aumentar algunos gastos financiándolos con la mayor recaudación que resultará.

Visto así parece neutral, máxime cuando la proyección de crecimiento del gobierno no solo es inferior a la que resultará en la realidad, sino que está por debajo de la tendencia de largo plazo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos aspectos que no hacen aconsejable la propuesta.

En primer lugar el punto de partida. La situación de las finanzas públicas dista de ser holgada. De hecho, el gobierno procura abatir el déficit de niveles cercanos al 4% en la actualidad al 2,5% en 2019, en un intento de no alterar la sostenibilidad de la deuda, que ya se encuentra en niveles muy altos.

Por otra parte, el crecimiento económico no está garantizado, y si cambia el contexto externo con impactos negativos sobre nuestra economía a partir del año próximo, el PIB ya no crecería tanto.

Si se sube más el gasto en la actualidad, dada la rigidez que lo caracteriza, quedaría en niveles muy altos difíciles de financiar, lo que obligaría a recurrir a un mayor endeudamiento que puede afectar su sostenibilidad.

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