DISCUSIÓN

El anuncio de las gremiales del agro de que aportarán U$S 100 millones al Fondo Coronavirus que creó el gobierno para financiar los gastos provocados por la pandemia generó en las últimas horas variadas repercusiones.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Gabriel Capurro, anunció el martes tras reunirse en la Torre Ejecutiva con Luis Lacalle Pou los detalles del aporte.

Luego de esto, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el frenteamplista Álvaro García, consideró “falso decir que las gremiales agropecuarias donarán US$ 100 millones". Sostuvo que se trata de un monto que “si el gobierno acepta, lo donamos todos los uruguayos”, y que el aporte específico del agro “como máximo son US$ 20 millones de impuestos semovientes (en 2019 fueron 869 millones de pesos)".

Esta tarde el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, agradeció el aporte y declaró: “No se pidió y se explica por una explosión de solidaridad que se dio en el sector agropecuario que nos hace sentir muy orgullosos”.

Con motivo del debate que se desató, El País consultó a dos especialistas tributarios —Fabián Birnbaum de FBM Advisory y Leonardo Costa de Brum Costa Abogados— para entender el planteo que realizaron las gremiales agropecuarias.

Tal como adelantó El País días atrás, estos aportes del agro al Fondo Coronavirus implicarán el envió al Parlamento de leyes particulares.

De los US$ 100 millones anunciados, hay US$ 40 millones que provienen del impuesto a la enajenación de semovientes. ¿Qué es esto? Es un aporte obligatorio que deben hacer quienes venden ganado a las intendencias municipales, que rige desde 1960. En 2012, se votó una ley que brindó a quienes pagan este impuesto y son titulares de explotaciones agropecuarias un crédito fiscal que les permite descontar lo que pagaron a la intendencia de su aporte al Banco de Previsión Social (BPS).

“El crédito se imputa automáticamente a las obligaciones tributarias del contribuyente con BPS por aportación rural, por lo que no requiere tramitación alguna”, aclara el organismo previsional en su web.

Costa dijo que entiende que eso “es una donación, porque hay un crédito fiscal al que renuncias”. En este caso, hay US$ 40 millones que los empresarios del sector agropecuario podrían descontar de sus aportes al BPS pero no lo harán.

Ambos tributaristas coincidieron que para esto se necesita votar una ley. Explicaron que es así para que alcance a la totalidad de quienes pagan el impuesto, porque si no podría haber quien se negara más allá de lo resuelto por las gremiales sectoriales.

Por otra parte, hay otros US$ 60 millones que provienen de fondos que corresponden al Instituto Nacional de Carnes (INAC) y al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). ¿De qué se trata? Los tributaristas explicaron que es dinero que el Estado destina por ley al sector, para promover la industria cárnica en un caso y la investigación en otro.

“El beneficiario final es el agro. De alguna forma, el agro le dice al Estado 'te libero de ese compromiso político y úsalo en otra cosa (el Fondo Coronavirus)', es una dispensa política que el agro hace. Si lo mirás jurídicamente, el Estado dice 'en vez de poner algo acá lo voy a destinar allá'. La pregunta es, ¿lo pondría igual el Estado (si no existía el planteo de las gremiales)?”, sostuvo Costa.

Birnbaum dijo que a su entender habría que aprobar dos leyes específicas para redirrecionar los aportes al INAC e INIA. Su colega entiende que podría resolverse a través de resoluciones de estos organismos —donde el sector privado está representado en su directorio—, que retornen al Poder Ejecutivo el monto de esas partidas, que se realizan de forma anual.