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La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) es todavía un niño, recién cumplimos cinco años”, dijo ayer Jorge Chediak, secretario antilavado, ante dirigentes y colaboradores de clubes del fútbol local. En una instancia virtual organizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), se explicaron los recientes cambios normativos en materia de controles antilavado, que el organismo está para colaborar y abierto a consensuar cambios en las disposiciones vigentes, así como también se adelantó que las instituciones serán inspeccionadas a partir de 2021.

La obligación de los clubes de controlar el origen de los fondos deriva de la ley integral contra el lavado de activos de 2017, que incluyó como sujetos obligados a realizar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a las organizaciones sin fines de lucro -también obliga a hacerlo a los partidos políticos, iglesias y sindicatos, entre otros-.

La reglamentación emitida al año siguiente, fijó umbrales para dejar fuera a las entidades que manejan poco dinero y tienen bajo riesgo de ser utilizadas para lavar fondos: aplica para aquellas con ingresos anuales mayores a 4 millones de Unidades Indexadas -que equivale a casi US$ 440.00- o activos por más de 2,5 millones de UI (que son casi US$ 250.000).

A fines de 2018 el anterior secretario antilavado, Daniel Espinosa, había informado que unas 700 organizaciones superan los umbrales definidos y “los sectores claves son el deportivo, el político y la religión”.

La oficial de cumplimiento -encargada de que se cumplan los controles y responsable por ello- de la AUF, Gabriela Machado, había indicado a El País en 2019 que todos los clubes de Primera División deben indagar en el origen de los fondos que reciben y en las instituciones de Segunda División debe verse caso a caso.

En el webinar de ayer, el abogado especializado en controles antilavado Leonardo Costa -del estudio Brum-Costa- dijo que los cambios introducidos a la ley integral por la recientemente aprobada ley de urgente consideración “plantean un desafío” y “un entorno de riesgos diferentes” para los sujetos obligados. Agregó que esas variantes determinan “la necesidad de una actualización del decreto reglamentario de 2018” y posteriormente una revisión “del manual de prevención de la AUF”.

La ley de urgencia estableció que los sujetos y organizaciones que deben indagar sobre el origen de los fondos dentro del sector no financiero -como profesionales, inmobiliarias, casinos y rematadores, entre otros- podrán aplicar “medidas simplificadas de debida diligencia” cuando la operación se realice por “medios de pago electrónicos” como transferencias bancarias. Esto “considerando el menor riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo que supone” que el dinero provenga del sistema financiero.

Respecto a estos cambios legales, Chediak explicó a los dirigentes que se hizo “a los efectos de simplificar la debida diligencia en aquellas operaciones residuales que se hacen a través del sistema bancario, que de forma evidente son de bajo riesgo”. Advirtió que hay “un análisis (sobre el origen de los fondos) que es inescapable y todos los sujetos (obligados) deben hacerlo a sus clientes y operaciones, aunque sean de bajo riesgo”.

En ese sentido, señaló que “más allá de la presunción que da la utilización de pagos bancarios, si existe cualquier otro elemento o indicio de riesgo más elevado, uno no puede quedarse con la debida diligencia simplificada sino escalar” en los controles (hay diligencia simple, normal e intensificada según los estándares internacionales).

El jerarca dijo que hoy “en los hechos” los casos donde no hay un control simple se cae “hasta a veces de forma defensiva” en el procedimiento intensificado, y admitió que esto implica “una complejidad (para el sujeto obligado) en el análisis del origen de los fondos”.

Sobre las particularidades del fútbol en materia de control antilavado, Chediak indicó que “es de los sectores menos trabajados y vamos a tratar de tener un mejor conocimiento, relacionarnos más y efectuar las supervisiones e inspecciones (a clubes) el año que viene”.

Igual, aclaró a los dirigentes que “la posición de la Senaclaft es de colaboración preventiva y pedagógica”. Agregó que “Uruguay gracias a Dios todavía es una jurisdicción con bajo riesgo de lavado de activos” y “ese status hay que mantenerlo entre todos”.

En un mensaje a los clubes, el secretario antilavado sostuvo que deben procurar “no ser utilizados por aquellos que intentan ingresar dinero ilícito al mercado, y nosotros vamos a ayudar y prevenir para que no pasen esos fenómenos”.

En pos de ese rol de colaboración que remarcó tendrá la Senaclaft, subrayó: “los sujetos obligados deben cumplir con la debida diligencia que por su propio análisis de riesgo entiendan necesario, los que conocen el negocio son ustedes y nosotros conocemos la normativa”. Añadió que están abiertos “si se deben limar asperezas” de la normativa vigente, “adecuarla” o modificar “los umbrales” actuales.

Costa afirmó que el fútbol uruguayo “está en la vanguardia” incorporando los controles antilavado y aseguró que esto es “una buena cosa para disminuir el riesgo de una actividad que es castigada por la pasión que implica y la forma en como a veces se hacen los negocios”.