PARLAMENTO

En plena embestida de la pandemia, con más del 83% de la población confinada y la economía semiparalizada, el Parlamento de Chile enfrenta esta semana una crucial votación para aprobar un tercer retiro anticipado de los fondos de pensiones, tras los de julio y diciembre del año pasado.

El proyecto busca permitir a los ciudadanos sacar el 10% de las jubilaciones para capear la grave crisis económica que sigue provocando la pandemia.

A continuación, las cinco claves que explican un proyecto que cuenta con gran apoyo popular -cerca del 84%, según el sondeo de Pulso Ciudadano- y que puede comprometer las pensiones futuras de miles de ciudadanos.

Bajo el argumento de que los US$ 18.000 millones en ayudas anunciados por el gobierno no están llegando a la gente, se presentaron hasta cinco proyectos de ley para un tercer retiro, que finalmente fueron fusionados.

Si bien existe consenso político en torno a la idea de que vaciar los fondos de pensiones no es la mejor solución, la oposición de centro e izquierdas la defiende en bloque ante la negativa gubernamental a dar luz verde a una renta básica universal.

Pese a ser uno de los países con más población vacunada del mundo, Chile atraviesa el peor momento de la pandemia -sus hospitales nunca habían estado tan al límite- y la cuarentena está dando la puntilla final a miles de negocios que lograron salvarse tras el encierro de 2020, año en el que el PIB nacional sufrió una caída del 5,8%.

El oficialismo acude una vez más dividido al debate, aunque el tercer retiro se da prácticamente por aprobado, pues cuenta con importantes apoyos en Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), los dos grandes partidos de la coalición gobernante.

El gobierno del conservador Sebastián Piñera, sin embargo, aboga tanto por acelerar un acuerdo parlamentario para reformar el criticado sistema de pensiones como por aprobar más ayudas sociales y está estudiando recurrir al Tribunal Constitucional la iniciativa del tercer retiro anticipado de otro 10%.

El Parlamento aprobó en julio de 2020 de forma inédita un primer retiro de un 10% de los fondos, del que se beneficiaron más del 95% de los 11 millones de afiliados al sistema.

Los pagos realizados por las administradoras alcanzaron los US$ 20.500 millones, según la Superintendencia de Pensiones, y pese al rechazo frontal del Gobierno a aprobar la medida, luego se reconoció desde el oficialismo que tuvo impactos positivos en el consumo.

El segundo retiro, en tanto, fue solicitado por 7,5 millones de personas y el monto promedio de pago fue de aproximadamente US$ 2.000 por persona, de acuerdo al regulador, que calcula que 4,9 millones de afiliados se quedarían sin fondos en caso de concretarse el nuevo proyecto.

Replicado en los 90 en buena parte de Latinoamérica, el sistema chileno está fuertemente cuestionado hoy en día por las pírricas jubilaciones que otorga y cada vez son más las voces que piden transitar hacia un modelo más solidario.

Implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) e ideado por un hermano del actual presidente, fue pionero en la región en establecer la capitalización individual, obligando a cada trabajador a aportar el 10% de su sueldo mensual a una cuenta personal tutelada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Las AFP, empresas privadas reguladas por el Estado, obtienen beneficios millonarios tras invertir esos ahorros, que suman más de US$ 200.000 millones (cerca del 8% del PIB).

Los defensores del modelo argumentan que este ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales y que la inversión de los fondos ha permitido financiar numerosos proyectos empresariales.

Sus detractores, sin embargo, consideran que las inversiones de las AFP han beneficiado exclusivamente a las élites y que el sistema solo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores.

Según la Superintendencia de Pensiones, las más de 8.700 personas que se jubilaron en febrero recibieron de media una pensión mensual de 340 dólares (algo más que medio salario mínimo) y cotizaron en promedio el 60% del tiempo desde su afiliación al sistema.

Muchos chilenos ven en el proceso constituyente en el que está inmerso Chile -que elegirá en mayo a los delegados que redactarán la nueva Carta Magna- una oportunidad para cambiar de raíz el sistema.