INFORME

En 2020 los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos cayeron frente a 2019 y marcaron el menor nivel desde 2017. En 2020 fueron 694 reportes frente a 775 en 2019 y 782 en 2018 según la “Memoria anual 2020 y Plan de actividades 2021” de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU).

La gran diferencia estuvo en los sectores que reportaron. Mientras las entidades financieras mantuvieron los ROS en 626, las entidades no financieras (casinos, escribanos, contadores, abogados, zonas francas, rematadores, inmobiliarias, entre otros) los redujeron de 149 en 2019 a 68 en 2020, el nivel más bajo en cinco años. Es el segundo año consecutivo en el que caen los reportes de entidades no financieras tras el máximo de 263 de 2018.

¿Por qué caen los ROS de las entidades no financieras durante dos años consecutivos? Una primera explicación, que ya se verificó en 2019, es que hay menos ROS defensivos o inútiles, que no sirven para que la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) del BCU pueda investigar.

En varios casos el sujeto obligado reportaba la operación “por las dudas” y después no servía porque la UIAF no encontraba méritos en ese caso, lo que generaba pérdidas de tiempo.

La otra explicación es que en 2020 el efecto coronavirus impactó en la realización de negocios, sobre todo con agentes provenientes del exterior (que son “candidatos” a generar un ROS ya que el sujeto obligado a reportar lo conoce menos que a un agente local). Además, los casinos (que generan ROS) estuvieron cerrados en parte del año y luego abrieron pero prácticamente sin la presencia de extranjeros.

El tercer efecto, es que en la segunda mitad del año (la ley se promulgó el 9 de julio) empezaron a regir los cambios en materia de control de lavado de activos incluidos en la ley de urgente consideración (LUC).

Allí se estableció que los sujetos obligados del sector no financiero podrán aplicar “medidas simplificadas de debida diligencia” cuando la operación se realice por “medios de pago electrónicos” como transferencias bancarias, dado que se entiende que hay un menor riesgo de lavado de activos en los casos en que el dinero para la transacción venga desde el sistema financiero.

Esa flexibilización, cuestionada por algunos actores, es otro factor que puede explicar la caída en ROS del sector no financiero.

El secretario antilavado, Jorge Chediak defendió estos cambios porque a su entender en algunas áreas había “un pequeño sobrecumplimiento” de las recomendaciones internacionales. Se pueden “racionalizar esos controles sin perjudicar demasiado el nivel de eficacia, pero bajando el nivel de insatisfacción por parte de los sujetos colaboradores u obligados”, había afirmado Chediak.

Por otro lado, cayeron los pedidos de información internacional recibidos: fueron 48 en 2019 y bajaron a 30 en 2020.

En cambio crecieron los pedidos de información internacional enviados de apenas cuatro en 2019 a 28 en 2020.

La “Memoria anual 2020 y Plan de actividades 2021” de la Superintendencia de Servicios Financieros recordó que “hacia finales de 2019 se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Gafilat (el organismo latinoamericano que dicta las recomendaciones en la materia), que posiciona a Uruguay fuera de la lista de países no cooperantes, al tiempo que deja una serie de recomendaciones que deben integrarse a la agenda de trabajo en el futuro próximo”.

El BCU señaló que durante 2020 “se ha desarrollado un proyecto para implementar el Reporte de Operaciones Sospechosas en línea, es decir, promoviendo la presentación en forma electrónica de este valioso insumo por parte de los sujetos obligados que aún lo hacen en formato papel, facilitando de esta forma la comunicación con la UIAF. Este mecanismo quedará disponible en el primer trimestre de 2021”.

Además “se ha trabajado en la consolidación interna de los procesos y se ha dado inicio a un proyecto de desarrollo y actualización de las herramientas tecnológicas que soportan dichos procesos (investigación financiera, cooperación, análisis estratégico)”, agregó.

En 2021 “la UIAF estará participando en un nuevo proceso de Evaluación Nacional de Riesgos que, liderado por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamento del Terrorismo, comenzará a implementar acciones orientadas a mejorar la evaluación externa en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y a continuar con el proceso de renovación tecnológica”, enfatizó la “Memoria anual 2020 y Plan de actividades 2021” de la Superintendencia de Servicios Financieros.