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Caso en Chile que repica en Uruguay

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El órgano desconcentrado del MEF toma el caso aquí. Foto: D. Borrelli
Edificio del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, foto Borrelli, Archivo El País, nd 20100505, fachada
Archivo El País

Hace una semana en Chile, se conoció uno de los mayores escándalos en materia de competencia.

“La Fiscalía Nacional Económica presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un requerimiento contra las empresas CMPC Tissue (del grupo local Matte) y SCA Chile (exPISA, filial de la firma sueca SCA) por haber creado y participado de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papeles tissue” (higiénico, rollos de cocina, etc.), indicó el diario El Mercurio. Esa práctica es conocida como colusión.

A raíz de ello, se abrieron investigaciones en Perú y Colombia donde ambas firmas tienen presencia.

Ahora, el caso puede tener derivaciones en Uruguay. “Estamos en una etapa de exploración, vamos a interiorizarnos y eventualmente disponer una medida preparatoria”, dijo ayer a El País el comisionado de Promoción y Defensa de la Competencia, Javier Gomensoro.

Ese es el paso previo a iniciar una investigación. Ayer el chileno Diario Financiero tituló que “Uruguay investigará colusión” y el periódico La Tercera fue más allá al decir “Uruguay define hoy (por ayer) si abre investigación”. Eso está todavía lejos de ocurrir.

“Esto se origina en Chile, allí saltó este cartel, como la semana próxima tenemos el Día de la Competencia y viene (a Uruguay a exponer) el fiscal Nacional Económico de Chile, (Felipe) Irrazábal, vamos a interiorizarnos con él de la situación”, explicó Gomensoro.

“No quiero hacer prejuicios, de ser necesario haríamos pedidos de información a estas agencias (de Chile, Perú y Colombia) para entender la operativa y cómo funcionaba” este cartel, indicó el funcionario uruguayo.

“Puede pasar que con eso cobre cuerpo o tienda a diluirse”, añadió. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía-, definirá allí si inicia medidas preparatorias o no. El decreto reglamentario de la ley de Promoción y Defensa de la Competencia establece que cuando esta “considere que en algún mercado se pudieran estar desarrollando, o llegaran a desarrollarse, supuestas prácticas anticompetitivas (...) podrá iniciar medidas preparatorias. (...) Si de las medidas preparatorias se desprenden elementos para iniciar una investigación de oficio, se resolverá su iniciación”.

La etapa actual es de “exploración” para ver si se inician o no medidas preparatorias.

Gomensoro dijo que en el caso de Uruguay, la chilena CMPC es propietaria “del grupo Ipusa” y que la sueca SCA no tiene presencia en el país.

Según indicó el diario La Tercera, en el mercado uruguayo “CMPC alcanza una participación del 80%, según revela una presentación de la compañía de comienzos de este mes, con cifras al 31 de diciembre de 2014. La firma ingresó al mercado uruguayo en 1994, convirtiéndose en su segundo mercado foráneo tras Argentina (1991)”. Los uruguayos gastaron el año pasado US$ 123,3 millones en el rubro tissue según la consultora Euromonitor International que pone como principales competidores de Ipusa en el mercado a Kimberly-Clark y Tienda Inglesa.

CASO. En Chile, “durante el curso de la investigación, que comenzó de oficio en diciembre del año pasado, ambas empresas acudieron a la Fiscalía a solicitar el beneficio de delación compensada, aportando antecedentes que hicieron posible conocer el alcance y operativa del cartel”, indicó El Mercurio.

La Fiscalía “constató una serie de actos tendientes a ocultar el cartel por parte de las empresas acusadas” como el de evitar traspasar “información en formato digital o por correo electrónico institucional”, indicó. Gomensoro dijo a El País que hasta se utilizaron “invitaciones de casamiento” para pasarse información. También “utilizaron teléfonos celulares de prepago para comunicarse con la competencia y representantes de una de estas empresas admitieron que llegaron a deshacerse de computadores”, dijo El Mercurio.

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El órgano desconcentrado del MEF toma el caso aquí. Foto: D. Borrelli

Por colusión entre firmas, comisión local evalúa medidas preparatorias aquí

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