CONTROLES

Luego de la polémica por el artículo de la ley de urgencia que modifica la normativa antilavado y los cambios que sufrió en la Comisión del Senado, los especialistas Leonardo Costa y Daniel Espinosa -secretario antilavado hasta marzo- consideraron que hubo “mejoras”, aunque difirieron sobre si esto reduce los riesgos de ser evaluado de forma negativa por organismos internacionales.

Como dio cuenta El País la semana pasada, loslegisladores de la coalición multicolor acordaron cambios tras escuchar a diversos actores en la Comisión.

Según un análisis del estudio Brum Costa, “el cambio más importante” respecto al proyecto inicial es que “se acota el alcance de la simplificación” en los controles sobre el origen del dinero “únicamente a los sujetos obligados del sector no financiero”. Es decir que el artículo “no tiene incidencia alguna en los sujetos obligados del sector financiero, quienes deben seguir aplicando controles antilavado bajo los mismos parámetros”.

El cambio legal se centra en los controles que deben efectuar inmobiliarias, casinos o profesionales (abogados, contadores y escribanos) cuando actúan en nombre de sus clientes, entre otros. “Las operaciones de pago cuyos mecanismos involucren la intervención de una institución de intermediación financiera (bancos, cooperativas de intermediación financiera, entre otras figuras), suponen un menor riesgo de lavado para los sujetos no financieros, y frente a estas operaciones podrán aplicar controles simplificados de lavado”, explicó el reporte.

Costa afirmó que “la nueva redacción resulta ser un gran avance respecto del texto original”, y “estos cambios permiten ser optimista” sobre que Uruguay podrá defender ante organismos internacionales que la modificación “no atenta en forma frontal contra los estándares” globales antilavado.

Por su parte, Espinosa expresó ayer que hubo una “mejora a la propuesta original”, agregando a lo mencionado por Costa que se dejó “fuera de la posibilidad de flexibilización determinadas situaciones que la normativa vigente considera expresamente como de mayor riesgo de lavado de activos”.

Pero el exjerarca señaló que “el problema persiste para otro tipo de situaciones” en que “la flexibilización propuesta no obligaría a realizar una evaluación completa de las características de riesgo de la transacción”. En esa línea, dijo que “el artículo continúa basándose en una premisa equivocada: que determinadas transacciones pueden ser consideradas como de bajo riesgo” solo por canalizarse por el sistema financiero.

Entonces, consideró que sigue habiendo “un claro apartamiento de lo establecido por las recomendaciones internacionales”, que “seguramente se reflejará en una disminución en la cantidad de operaciones sospechosas que van a ser detectadas por los sujetos obligados del sector no financiero”. Para Espinosa “las luces amarillas persisten”, y sostuvo que “no es posible descartar que este incumplimiento de los estándares internacionales puedan originar consecuencias negativas para el país” como ingresar a una “lista gris de países no cooperadores”.