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Cambia el régimen de aporte al Banco de Seguros de las empresas rurales

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Forestación. Foto: Archivo El País

MODIFICACIÓN LEGAL

A partir de una disposición de la nueva ley de seguros, desde 2020 la cobertura por accidentes pasará a ser una póliza individual por trabajador en función del salario.

A partir de 2020 y según una disposición establecida en la nueva ley de contratos de seguros -aprobada a fines del año pasado-, las empresas del sector rural dejarán de abonar la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades a través del aporte unificado al Banco de Previsión Social (BPS) y deberán pagar una póliza individual al Banco de Seguros del Estado (BSE).

El socio de CPA Ferrere, Leonardo Isoardi, dijo a El País que se trata de “un seguro obligatorio” que “todas las empresas pagan en función del salario” de los trabajadores, pero para las del ámbito rural había una excepción y lo abonaban dentro del aporte unificado al BPS, que “se calculaba en función de una base mínima de hectáreas”.

Con el sistema en vigencia hasta fin de año, el BPS transfería la parte correspondiente al seguro de accidentes al BSE. “Ahora pasa a ser en función del salario, no importan las hectáreas”, comentó el experto. Esto equipara la situación al resto de los sectores, y elimina algunas inequidades porque el régimen actual perjudicaba a quienes tenían muchas hectáreas pero pocos trabajadores.

“Se creará una póliza para cada empresa y se definirá el porcentaje de aportación, que dependerá de la actividad y podrá contemplar la peligrosidad del subsector y del establecimiento si correspondiera. Luego BPS enviará la información de los salarios declarados en el período al BSE, y este emitirá la factura correspondiente”, detalló un artículo en la web de CPA Ferrere.

También señaló que la ley de seguros previó “un régimen transitorio de adecuación, considerando para el primer año una bonificación del 60%, para el segundo año del 40%, para el tercer año del 20%, llegándose al valor técnico total a partir del cuarto año”. Es decir, que el sector rural pasará a pagar el seguro por accidentes de trabajo y enfermedades de forma equivalente al resto de los sectores en 2023.

Fachada del BPS. Foto: Francisco FLores.
Fachada del BPS. Foto: Francisco FLores.

A su vez, como los pagos del seguro son cuatrimestrales y las nuevas reglas regirán desde el período enero-abril, el primer vencimiento de pago será el 15 de junio del año próximo.

Según explicó Isoardi, hoy las empresas rurales pagan una tasa de $ 363 por mes por un campo de hasta 583 hectáreas explotadas por la cobertura.

El nuevo régimen estableció distintas primas en función del rubro de actividad, por ejemplo la agricultura extensiva (cultivo de cereales, oleaginosos, legumbres y forrajes) pagará una tasa sin impuestos de 1,596% en 2020 (con bonificación del 60%) que crecerá gradualmente hasta 3,99% en 2023.

El subsector rural con una tasa más alta es la forestación, que pagará una prima de 1,748% el año próximo que llegará a 4,37% en 2023. El socio de CPA señaló que estas tasas reflejan “el riesgo asociada a la actividad”, que en el caso de la forestación es mayor “a un cultivo de hortalizas”.

Sobre los efectos de este cambio en los aportes al Banco de Seguros, Isoardi comentó que afectará a las empresas “que tengan mucha mano de obra”, como las del sector citrícola o la industria del cannabis. Mientras que la ganadería extensiva puede tener “un sobrecosto menor”, ya que deja de pagar en función de las hectáreas y pasa a hacerlo por empleado.

El artículo de CPA Ferrere repasó que “las nuevas pólizas admitirán intermediación de asesores de seguros o podrán ser gestionadas directamente con el BSE”. También resaltó que “dado este cambio de sistema, es importante aportar al BSE la información del correo electrónico al que desee que se le envíen las facturas y las comunicaciones vinculadas a esta cobertura, completando y entregando el formulario de Actualización de Datos de Aportación Rural” disponible en la web del Banco de Seguros.

La nueva ley de seguros reemplazó a la normativa anterior que regía desde 1865, y se aprobó tras distintos intentos de actualización en las últimas décadas. “Tenemos una ley alineada a estándares internacionales, equilibrada y con consenso en el sector”, dijo tiempo atrás la abogada de Ferrere, Geraldine Ifran.

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