SEGURIDAD SOCIAL

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El economista de CPA Ferrere, Gabriel Oddone, advirtió ya hace meses que todas las cajas previsionales paraestatales “son potencialmente deficitarias” por su estructura y las pasividades que pagan, por lo que deberían formar parte de la discusión de una reforma del sistema jubilatorio.

Una parte de la alerta tuvo eco en la Caja Notarial, que trabajó en conjunto con el Ministerio de Trabajo y consensuó un proyecto con modificaciones graduales en los parámetros de jubilación de sus afiliados.

Ahora, no sin polémica y discusión, avanza en el Parlamento ese proyecto de ley para reformar la caja que nuclea a los escribanos. Fue aprobado tras meses de análisis la semana pasada en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, con los votos únicamente del Frente Amplio.

Sin embargo, no se tomó en cuenta el planteo de Oddone (compartido por otros técnicos) que la modificación del régimen paraestatal se procese dentro de una reforma general del sistema previsional. Esta fue una de las razones que llevó a la oposición a no acompañar la iniciativa en el Parlamento.

El senador del Partido Independiente y presidente de la Comisión, Pablo Mieres, dijo que no vota el proyecto porque “hay un debate pendiente en materia de reforma de la seguridad social”, que “todo indica” se hará al inicio del próximo período de gobierno y la reforma de la Caja Notarial “debería inscribirse” en esa instancia.

Un argumento similar utilizó la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso, y ambos legisladores también apuntaron a las “inconstitucionalidades” del proyecto, que fueron rechazadas por un abogado especializado del Ministerio de Trabajo.

En respuesta, Marcos Otheguy del Frente Amplio dijo que la posibilidad de una reforma integral del sistema -“uno no tiene la bola de cristal para saber si existirá la madurez suficiente para hacerla”, aclaró- no puede “obstaculizar” otros debates sobre subsistemas en “situación crítica”.

El presidente de la Caja Notarial, Pablo Arretche, confirmó a El País que requerían “una definición urgente por el déficit que existe”. Hace cinco años que el balance de ingresos y utilidades de las inversiones menos erogaciones da en rojo, habiéndose cubierto con las reservas acumuladas pérdidas por US$ 8 millones el año pasado.

Los menores ingresos están vinculados a que “la actividad notarial viene en franco descenso”, y las proyecciones indican que sin variantes “en un período de 10 o 15 años quiebra” la caja paraestatal.

Entonces, “cada año que se dilatara la entrada en vigencia de la reforma nos resultaría sumamente oneroso”, planteó el presidente de la Caja Notarial, consultado por la razón de adelantar el debate.

También hay que tener en cuenta lo dicho tiempo atrás por el especialista en seguridad social y asesor del Partido Independiente, Álvaro Forteza: si bien desde un punto de vista técnico la unificación de las cajas es “lo saludable”, desde lo político es “difícil” porque “cualquier cambio debe reconocer los derechos adquiridos”, y “complejiza” la situación que paguen mejores pasividades que el BPS.

De hecho, Arretche indicó que esperan la aprobación de las modificaciones y no están dispuestos a que la Caja Notarial participe de un eventual debate general sobre el sistema de pasividades y sus parámetros. Lo único “pendiente” y para discutir “con más tiempo”, es la posibilidad de “algún recurso extra” para financiarse.

Una posibilidad que se planteó al gobierno durante la discusión del proyecto y fue rechazada, era exonerar un 60% de lo que los escribanos pagan de IASS (impuesto a las jubilaciones superiores a $ 33.232) por un período de entre cinco y diez años. Esto hubiera permitido “equilibrar los números y recuperar” la Caja Notarial sin procesar una reforma.

A su vez, Arretche subrayó que “somos diferentes al resto de las cajas, porque todas reciben algún subsidio o aporte de Rentas Generales, pero la Notarial es la única que no recibe nada del Estado”.

Hoy día la Caja Militar y la Policial tienen asistencia financiera del Estado (recibieron 1,4% del PIB en conjunto en 2017), y también funcionan la Bancaria (reformada en 2009) y la de Profesionales (en proceso de reforma).

El principal cambio dentro del proyecto de reforma es elevar la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años y el tiempo de actividad mínimo de 30 a 35 años. Pero este se procesará recién dentro de 20 años, mientras se aplicará un cronograma gradual de incremento de ambas variables.

De retirarse a la “edad normal” (65 años de edad y 35 de servicio), la tasa de reemplazo (porcentaje del sueldo que cubre la pasividad) será del 50% y habrá una bonificación de 3% por cada año extra de actividad. A su vez, se permitirá la jubilación anticipada luego de vigente la ley si los años de edad y actividad suman al menos 95.

Los puntos que se debatieron dentro del proceso que culminó en la reforma “no son ajenos a los problemas que engloba a toda la seguridad social” en Uruguay: mayor expectativa de vida, ajuste de las jubilaciones en base a los salarios -lo que llevó a un “importante crecimiento” en los últimos años, dijo Arretche- y proyección de ingresos futuros (en baja en el caso de los escribanos por la menor actividad).