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BPS: empresarios se sienten ignorados en proyectos claves

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La delegación empresarial en el BPS sostuvo que "en los últimos años el diálogo social" en el directorio "se ha violentado". Foto: Fernando Ponzetto

Sin conocimiento de lo relevante

No los consultan ni se analizan en directorio temas que tendrán “impactos”.

El Banco de Previsión Social (BPS) es un organismo con representación múltiple en su directorio, ya que aunque no está la oposición como en otros entes, hay directores sociales en nombre de los trabajadores, jubilados y empresarios. Así funciona desde hace 26 años, pero ahora la directora por los empresarios, Elvira Domínguez, denunció que "ese diálogo social se ha violentado" ya que salen resoluciones del BPS sin haber sido analizadas en el directorio.

Así lo manifestó Domínguez al comparecer en el Parlamento para dar su visión sobre un proyecto que envió el BPS, que dijo no pasó por el cuerpo colegiado. Aprovechó para sumar otros dos casos recientes de iniciativas que "tienen impacto en el BPS" con las que "tal vez algunos directores hayan tomado contacto, pero no así la representación empresarial".

"En el directorio del BPS, que es un órgano plural, se potencia y permanentemente se habla de las ventajas del diálogo social. Pero, lamentablemente, en estos últimos años, ese diálogo social se ha violentado", se lamentó el martes en la Comisión de Seguridad Social de Diputados.

Domínguez mencionó un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, las gremiales de la construcción y el sindicato (Sunca), que contó con la firma por el BPS del vicepresidente Gabriel Lagomarsino y el director oficialista Álvaro Nodale.

Detalló que se acordó "un aumento de 0,4% en el aporte patronal al aporte unificado de la construcción, para evitar corregir la fórmula de cálculo de la licencia y del aguinaldo de la construcción, que hace dos años detectamos que se estaba liquidando mal".

Para la directora del BPS es "un tema muy importante, que tiene impacto en el empresariado", por lo que se quejó de que "articularon" el convenio "directamente con las cámaras empresariales y el Sunca y no con los representantes de los trabajadores y empresarios, que somos quienes debemos defender los intereses del BPS y, sobre todo, sus números".

El otro caso que planteó refiere al fondo de insolvencia patronal, una iniciativa del Poder Ejecutivo respaldada por el Pit-Cnt para asegurar que los trabajadores cobren las deudas cuando quiebran empresas, que se financia con un 0,025% del aporte empresarial que sería descontado de lo que hoy va al Fondo de Reconversión Laboral. El proyecto fue aprobado por Diputados y se tratará la próxima semana en el Senado.

Domínguez advirtió que esto obligaría al BPS (que administrará el fondo) a invertir "muchos recursos" y por ende cuestionó que el tema no se haya analizado en el directorio.

Cambio de criterios.

El proyecto de ley por el que acudió la delegación empresarial en el BPS al Parlamento modifica "aspectos tributarios" y "procedimientos administrativos" a la hora de reliquidar aportes a la seguridad social no vertidos. En ambos casos se trata de criterios discutidos por la doctrina y que la comitiva entiende vulneran decisiones de la Justicia en sentido contrario.

Por un lado establece la nominalización, que el abogado Miguel Pezzutti explicó que es aplicar "una especie de presunción de verdad absoluta (de que) cuando alguien recibe una paga, esa suma está libre de impuestos", es decir que "todo aquel (empleador) que paga sin retener asume para sí el costo de los aportes". Entonces, ante un pago de por ejemplo $ 100 sin los descuentos por aportes que se supone serían $ 20, se toma para calcular lo adeudado un monto de $ 120.

"Hay mecanismos para castigar y perseguir a los incumplidores, pero este proyecto agrega otro: aumentar el monto del tributo 20%. En los hechos, esto se transforma en una sanción adicional", sostuvo Pezzutti.

La otra modificación fue detallada por otro abogado, Pablo Barreiro Villabona. Se establece el criterio de lo devengado como el hecho generador de las contribuciones especiales a la seguridad social (la obligación nace con el derecho a percibir un pago) en detrimento del criterio de lo percibido (que dice que la obligación se genera al efectivizar el pago).

El asesor del orden empresarial, Javier Verdino, dijo que esta disposición busca "obstaculizar los acuerdos a los que puede llegar la empresa y sus trabajadores en momentos de dificultad" económica, como el caso de la compañía de transporte Turil que arregló pagar dos medios aguinaldos en diciembre (sin abonar uno en junio). Con el cambio, el BPS "le va a exigir que antes (en junio) pague el aporte" correspondiente al medio aguinaldo no abonado.

"A veces, antes de mandar gente al seguro de paro o de despedirla, se quiere llegar a un acuerdo a efectos de poder seguir manteniendo la fuente de trabajo. Esto va a significar que yo puedo acordar con el sindicato pagarle en otro momento; eso sí, tengo que sacar de donde no tengo para pagarle al Estado", concluyó Verdino.

Cincuentones: casi 13.000 dejaron AFAP

Desde mayo al 12 de octubre, fueron 32.266 las personas del grupo de trabajadores "cincuentones" que se asesoraron en el Banco de Previsión Social (BPS) para saber si les convenía utilizar el beneficio establecido en la Ley 19.590 que se aprobó a fines de 2017, que permite bajo ciertas condiciones a los perjudicados en su retribución por el sistema previsional mixto desafiliarse de la AFAP y jubilarse por el régimen anterior (solo por BPS).

Según informó la representación de los trabajadores en el organismo, hubo 12.955 personas que optaron por cambiarse de régimen previsional, siendo un 81% del total trabajadores activos y el restante 11% jubilados.

A su vez, el 65% de quienes dejaron la AFAP tomaron la decisión al momento de recibir el asesoramiento, haciéndolo los demás en el plazo de 90 días posteriores que brinda la ley. Del total de asesorados por el BPS, hay 9.249 personas que están en dicho plazo y aún pueden elegir jubilarse por el sistema anterior.

Hay casos de trabajadores que les conviene pasar su ahorro previsional al BPS pero deben pagar por aportes no vertidos previo al 1996 en que se reformó el sistema. Por esta causa se suscribieron 6.439 convenios de pago por $ 577 millones, de los cuales ya se han recaudado $ 95 millones.

Mientras que el fideicomiso que se formó por ley para la administración del dinero del grupo de "cincuentones" que hagan uso del beneficio, ya cuenta con fondos volcados de las AFAP y el BPS por $ 18.560 millones.

Recientemente también se aprobó una ley que estableció facilidades de pago para las empresas que deben aportes, y ya permitió 3.858 convenios de regularización de deudas por un total de $ 1.946 millones, habiéndose recaudado hasta ahora $ 821 millones. La representación de los trabajadores en el BPS destacó que a través de esos convenios se logró regularizar a 50.665 personas entre dependientes y no dependientes.

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