Aumento de delitos está “imponiendo un alto costo al país”, indicó reporte.

El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el miércoles la Estrategia de País con Uruguay 2016-2020 donde estableció el plan de financiamiento para el período y también marcó desafíos y problemas que deberá atender el gobierno si no quiere ver limitada la capacidad para el crecimiento económico.

El financiamiento del BID para el sector público uruguayo se estima en US$ 1.800 millones para el período, de los que cerca de dos tercios se aprobarán en los primeros dos años (ver nota aparte).

El informe —al que accedió El País— que evaluó el miércoles el directorio del organismo dice que la economía uruguaya tiene "perspectivas para 2015 y 2016" de un crecimiento de "entre 2% y 2,5%", una "moderación" de la actividad por "el menor crecimiento de socios comerciales importantes como Brasil, Argentina y China, la apreciación del tipo de cambio bilateral con Brasil, disminuciones en los precios de materias primas" y el "aumento en la tasa de interés de Estados Unidos lo cual podría afectar la llegada de capitales privados al país". Para el BID "el déficit fiscal y el nivel de inflación son los principales retos de política macroeconómica".

El organismo destacó la "reducción de la pobreza pasando de 33% en 2006 a 10% en 2014" con la indigencia reduciéndose en ese lapso y con "los indicadores de desigualdad que muestran una tendencia a la baja".

"Sin embargo, persisten importantes desigualdades y un aumento de la inseguridad y la violencia urbana", remarcó.

En ese sentido, planteó que "a pesar del impacto del crecimiento económico sobre la redistribución ha sido significativo, los efectos entre los grupos de distintos niveles de ingresos han sido desiguales y persisten importantes niveles de exclusión (por edad, sexo y localidad geográfica)".

El BID alertó que "el aumento en los homicidios y las rapiñas, entre otros delitos, está imponiendo un alto costo al país, no solo a su economía, donde se estima que el costo económico de contener la violencia alcanza a 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB), sino también al tejido social que lo sostiene". Ese 3,4% del PIB significa unos US$ 1.870 millones.

Estos "altos costos de inseguridad ciudadana y el abordaje multisectorial necesario para atenderla requieren de un esfuerzo profundo por mejorar la calidad del gasto y los mecanismos de coordinación y rectoría del sector", indicó el BID.

Por ello "el banco fortalecerá la capacidad de analizar los fenómenos delictuales de manera integral y científica, y apoyará la implementación de intervenciones innovadoras y costo-efectivas basadas en evidencia, con énfasis en la eficiencia policial para la reducción de rapiñas, y el abordaje integral de la violencia juvenil y contra la mujer".

El BID puso como "ejemplo" de lo que sucede actualmente, que "mientras el 70% de los delitos ocurre entre las 6 PM y las 6 AM, la mayor cantidad de efectivos en las 25 seccionales de Montevideo están operando entre las 6 AM y las 2 PM".

Por otro lado, el organismo sostuvo que "Uruguay enfrenta importantes desafíos para abordar algunas brechas que podrían limitan el crecimiento en el mediano y largo plazo".

Una de "las limitantes más importantes para el crecimiento" es "la insuficiente e inadecuada provisión de capital humano", indicó y agregó: "especialmente en la medida que las exportaciones se tornan más intensivas en mano de obra especializada".

El BID expresó que "Uruguay presenta déficits de calidad, pertinencia y equidad de la educación secundaria y técnico-profesional donde más del 60% de los jóvenes no completa la educación media, y se evidencian déficits de habilidades y destrezas en la fuerza laboral".

También señaló "el complejo contexto institucional de la educación uruguaya que se caracteriza por la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)" lo que "hace muy compleja la implementación de cualquier tipo de acción o programa".

En cuanto a la "formación laboral, el mayor riesgo se concentra en la debilidad institucional del Inefop (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional) como brazo ejecutor de la política pública en este campo para responder al desafío de responder a las demandas del sector privado en forma oportuna pero también en cuanto al contenido de sus programas de capacitación", indicó el informe.

En ambos casos, "el banco puede ser un aliado estratégico del gobierno y ayudar a mitigar los riesgos mencionados otorgando asistencia técnica".

Otro de los límites al crecimiento está marcado por "los costos asociados al déficit en infraestructura y las dificultades para acceder a su financiamiento", según el BID. Ello "está afectando al crecimiento y la competitividad de la economía", añadió.

Por otro lado, "el costo de la energía es superior a la media que se registra en la región, en especial la energía eléctrica", manifestó. De todas maneras, el organismo destacó las medidas del gobierno para "asegurar el suministro de energía, diversificar la matriz energética y mitigar la vulnerabilidad" frente a sequías.

A su vez, el BID "apoyará al país en las mejoras de la red de transporte (vial, fluvio-marítimo y ferrocarriles) y logística, con un enfoque de eficiencia del sector y considerando los temas de resiliencia al cambio climático y sostenibilidad".

"Otra limitante para lograr mejoras sobre la productividad y competitividad del país es el escaso nivel de inversión en tecnología e innovación", dijo el informe. La inversión en esas áreas "explica menos del 10% del crecimiento reciente de la productividad" lo que es "insuficiente para garantizar un crecimiento sustentable" de la misma, concluyó.

La Estrategia de País con Uruguay 2016-2020 supone que el organismo apruebe préstamos para el período por US$ 1.800 millones. A eso deberán sumarse las operaciones para el sector privado que el BID no incluye, pero que se pueden estimar en unos US$ 500 millones.

De los US$ 1.800 millones, “cerca de dos tercios” serían aprobados en los dos primeros años, dijo ayer en conferencia de prensa el ministro de Economía, Danilo Astori.

En la estrategia anterior (2010-2015) se aprobaron 29 operaciones de préstamo con garantía soberana por US$ 1.908 millones y 10 para el sector privado por US$ 914 millones, según el documento. A eso hay que sumarle que en la reunión del miércoles, el directorio del BID aprobó otro crédito por US$ 250 millones. Este préstamo es con desembolso diferido, es decir, el gobierno lo tiene ahí como un seguro y lo desembolsa cuando quiere en caso de que lo necesite.

El representante del BID en Uruguay, Juan José Taccone dijo a El País que con el crédito aprobado “son US$ 800 millones” los que tiene Uruguay con el organismo en esa modalidad (los que aún no desembolsó) y es el “límite” que quiere tener el gobierno.

Astori dijo que es “una herramienta muy importante para enfrentar como ocurre ahora, condiciones de volatilidad e incertidumbre tanto en el mundo como en la región y que “dan margen de maniobra muy importante”.

UN RIESGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN