COMERCIO EXTERIOR

Uno de los temas que provocó más rispideces en el pasado entre Uruguay y los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández fue las restricciones comerciales impuestas para las exportaciones, que dificultaron que sectores de la industria local coloquen sus productos en el mercado vecino. Así fue que Argentina perdió fuerza como destino comercial, aunque el gobierno de Mauricio Macri liberó en parte esas trabas.

Con la vuelta al poder del peronismo de la mano de Alberto Fernández, regresarán las medidas proteccionistas, con el retorno de las licencias no automáticas de importación.

Esta herramienta, permite controlar el ingreso de productos que afectan a la producción local y aunque la legislación internacional pone un plazo para su aprobación de 60 días, en el pasado Argentina demoraba el trámite hasta medio año para desalentar las importaciones.

El portal argentino iProfesional confirmó en base a distintas fuentes de la industria, que el equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo ya mantuvo reuniones con gremiales empresariales -del sector textil, calzado, juguetes, marroquinería y electrodomésticos- de sectores golpeados por la caída del consumo interno y amenazados por las importaciones, para informarles lo que viene.

“Vamos a cuidar el mercado interno y para ello estamos estudiando medidas para defender la industria nacional”, dijo el ministro Matías Kulfas según los informantes, aclarando que respetarán las normas internacionales en cuanto a los plazos de aprobación. Las autoridades solicitaron a los empresarios un listado de artículos que requerirían controles estrictos por la competencia del exterior.

“Lo ideal para el comercio son las licencias automáticas, pero las no automáticas pueden existir, no violan las normas comerciales, el tema es si se implementan mal o se liberan con retraso. Ahí sí son proteccionistas”, comentó a El País el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi.

Analizó que de concretar Fernández esta medida “es una mala señal” para Uruguay, porque “podrían venir más” restricciones para proteger a la industria argentina.

“Para defender sus bajos niveles de competitividad, y por las presiones de las gremiales industriales y de los sindicatos”, Bartesaghi consideró que “es probable” que el gobierno peronista avance en este sentido.

Al analista de Cibils Soto Consultores, Marcos Soto, le sorprendió el tinte proteccionista del nuevo gobierno vecino porque “si bien los antecedentes kirchneristas indicaban otra cosa, esperaba una evolución” en materia comercial, en línea con la apertura al mundo que inició durante su gestión Macri.

“Las licencias no automáticas tienen un único objetivo: restringir el comercio. En el pasado fueron utilizadas por el Estado para controlar cierto tipo de importaciones, y cuando se aplican de forma desmedida y generalizada es un abuso de la herramienta”, señaló Soto.

Durante el mandato de Cristina Fernández (2007-2015), se aplicaron no solo licencias no automáticas -de forma “brutal” y “violenta” por parte del polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno, recordó Bartesaghi-, sino también declaraciones anticipadas de importación y otras barreras no arancelarias. “Fue muy fuerte el impacto en industrias de alimentos y vestimenta” en aquel momento, expresó el especialista de la Universidad Católica.

Soto apuntó que producto de esas medidas, Argentina cayó en el ranking de destinos de exportación de Uruguay.

Este año, se exportaron bienes por US$ 298 millones y se prevé una caída de “entre 25% y 30%” en las ventas al vecino, agregó. Con las nuevas restricciones, “exportar hacia Argentina va a dificultarse aún más, seguirá perdiendo atractivo como mercado”, subrayó el analista.

Ambos especialistas coincidieron que los sectores industriales locales que exportan serían los más afectados. A la espera de más detalles sobre la medida, podría impactar en las industrias del plástico, alimentos, vestimenta y cartón.

“Cualitativamente todavía es importante Argentina para algunas industrias. Es el mercado que justifica la vida de ciertas firmas exportadoras”, dijo Soto.

El tema provocó repercusiones en Twitter. “¿Otra vez remarla para exportar a nuestro “socio” argentina?”, escribió el presidente de la Cámara Industrial de Alimentos de Uruguay, Fernando Pache. El exintegrante de la Cámara de Importadores de Argentina, Miguel Ponce, indicó: “No vuelven las declaraciones juradas pero sí habrá comercio exterior administrado”.

Las estrategias para eludir el “dólar turista”

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo en una entrevista publicada ayer en El País que el turismo “se deterioró enormemente por el tema argentino” y que el impuesto del 30% a las compras en el exterior que decidió el nuevo gobierno “es un golpazo”. “Nos han pedido disculpas pero nada más, es la principal preocupación la venta de servicios turísticos”, señaló.

El nuevo impuesto para los argentinos que vacacionen en el exterior comenzará a regir el primer día de 2020. Aprovechando esa brecha de días, entidades financieras uruguayas están emitiendo tarjetas prepagas para visitantes argentinos, que cargando previamente el dinero pueden comprar luego del 1° de enero sin tener que pagar el 30% extra.

Algunas de las opciones para esta modalidad son las tarjetas Prex (Abitab) y Midinero (Redpagos), que pueden solicitarse presentando el DNI -el documento de identificación de Argentina-. Un eventual impedimento es que el dinero no puede cargarse con una transferencia desde una cuenta bancaria del exterior.

Aparte de eludir el control cambiario, al abonar con las tarjetas prepagas el turista argentino accede a la devolución de 4 puntos de IVA en las compras generales y de 9 puntos de IVA en los consumos en bares y restaurantes.

Otro aspecto relevante es que el acuerdo de intercambio de información tributaria que tienen Uruguay y Argentina no permite el envío de datos de quienes hayan adquirido la tarjeta, ya que establece que no abarca “medidas dirigidas únicamente a la recolección de evidencia de carácter especulativo”. El tributarista Fabián Birnbaum explicó a El País que Argentina podría pedir la información siguiendo el procedimiento formal, que debe incluir la identidad de la persona y el motivo por el que se piden los datos.

El impuesto extra para las compras en el exterior “se enmarca dentro de un proceso para restringir la fuga de dólares de la economía argentina”, señaló el analista Marcos Soto.