CONSULTA PÚBLICA

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) puso en consulta pública varios cambios en la regulación bancaria y de las empresas administradoras de crédito. El objetivo es adaptar la normativa a estándares internacionales y a su vez proteger a los usuarios.

Una de las modificaciones propuestas busca que los bancos puedan hacer frente a situaciones donde la economía enfrenta problemas. La misma “se enmarca en las pautas” definidas por el BCU “para el acercamiento progresivo al estándar internacional sobre requisitos de capital, propuesto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, conocido como Basilea III”.

La medida se denomina “Colchón de Capital Contracíclico” y el “objetivo es proteger al sistema financiero de los efectos del ciclo económico-financiero sobre los riesgos crediticios”, indicó un comunicado de la Superintendencia de Servicios Financieros.

“La experiencia pone de manifiesto que durante la fase alta del ciclo”, es decir cuando la economía está en crecimiento “se subestiman de manera generalizada los riesgos” al momento de otorgar créditos, explicó. Esos riesgos “se materializan”, por ejemplo mediante los atrasos o impagos de los créditos “cuando la economía ingresa en la fase baja del referido ciclo”, agregó.

Así, en la fase baja del ciclo “el sistema bancario en su conjunto puede enfrentar insuficiencias de capital e ingresar en dificultades de manera sistémica, con todos los inconvenientes que de ellas se derivan, obstaculizando el buen funcionamiento de la actividad económica”, señaló el comunicado.

El BCU entiende que el cambio propuesto “pretende prevenir y mitigar esa situación mediante la acumulación de capital adicional durante la fase alta del ciclo (de ahí su nombre de Colchón de Capital Contracíclico), aumentando así la capacidad de las instituciones para absorber pérdidas durante la fase baja. Asimismo, esta medida macroprudencial ayuda a suavizar el ciclo”.

La propuesta normativa del Central “incorpora la posibilidad de requerir a los bancos -con excepción de los bancos de inversión- un capital adicional, una vez satisfecha la integración de los requisitos mínimos y del colchón de conservación de capital”. Este capital adicional (o Colchón de Capital Contracíclcio) será un porcentaje que “oscilará entre el 0% y el 2,5% de los activos y riesgos y compromisos contingentes, ponderados por riesgo de crédito, de mercado y operacional”, añadió.

El porcentaje que deberán acumular los bancos “será anunciado semestralmente por la Superintendencia de Servicios Financieros, conjuntamente con un informe que evaluará la acumulación potencial de riesgos en el sistema en función de la identificación del estado de la fase del ciclo económico-financiero y un conjunto de variables cuanti-cualitativas”, señaló el comunicado.

“Las instituciones que incumplan los requisitos establecidos para los colchones de conservación y contracíclico, quedarán sujetas a restricciones en materia de pagos o distribución de utilidades”, agregó.

La posibilidad de recibir comentarios respecto a esta normativa está abierta hasta el 28 de febrero.

Otra modificación en la regulación bancaria tiene que ver con “el relacionamiento con clientes que presentan algún tipo de discapacidad, e incorpora el requerimiento de contar con cajeros automáticos, buzoneras y otros dispositivos automáticos adaptados para su empleo por parte de usuarios de servicios financieros con dificultades visuales”, indicó el comunicado.

En ese sentido, el BCU quiere establecer que “como mínimo, el 10% del total de los cajeros automáticos, buzoneras y otros dispositivos automáticos afines instalados en cada departamento del país deberá contar con tecnología que facilite a los clientes con dificultades visuales el acceso a los servicios que brindan dichos dispositivos, fortaleciendo así el marco normativo vinculado a la protección del usuario de servicios financieros. A efectos de alcanzar dicho mínimo, las instituciones de intermediación financiera dispondrán de un plazo de adecuación”.

Estos cajeros, buzoneras y otros dispositivos adaptados deberán tener “software reproductor de texto a voz para guiar al cliente en la operativa del dispositivo, el que se activará utilizando auriculares con conector estándar”, también “teclado numérico estándar con una marca en relieve en el número 5 y teclas en relieve con marcas para las siguientes acciones: ‘I’ para borrar, ‘O’ para anotación y ‘X’ para cancelar” y “mecanismo audible y perceptible destinado a alertar el olvido de la tarjeta y, en los casos que corresponda, del dinero dispensado por el equipo”.

En este caso, el plazo para que el BCU reciba comentarios vence el 10 de febrero.

El BCU también puso en consulta pública modificaciones en la normativa de las empresas administradoras de crédito. El primer cambio es que las empresas administradoras de crédito “deberán constituirse como personas jurídicas, eliminando la posibilidad de que personas físicas realicen esta actividad”.

Otra modificación tiene que ver con que “se aumenta el umbral establecido para que una empresa administradora de crédito se clasifique como de mayores activos, pasando de 100.000 a 150.000 Unidades Reajustables” (es decir de $ 119.859.000 a $ 179.788.500 actualmente).

Además, la nueva norma incorpora “requisitos de gobierno corporativo, gestión de riesgos e informe anual de gobierno corporativo para aquellas empresas cuyos activos y contingencias superen los 2 millones de Unidades Reajustables ($ 23.971,8 millones actualmente) y el saldo de créditos concedidos mediante órdenes de compra y tarjetas de crédito sea mayor al 20% del total de créditos y contingencias con el sector no financiero”.

A su vez, “el requerimiento de dictamen sobre los estados financieros anuales será exigido para todas las empresas administradoras de créditos de mayores activos” y “se elimina el requisito de presentar informe de control interno elaborado por auditores externos”.

En este caso, el Central recibirá propuestas hasta el 14 de febrero.