CAMBIOS

Dos oficinas estatales clave en el combate a los delitos de corrupción y lavado de activos, enfrentan desafíos importantes en los próximos meses y así lo plantearon ante la Comisión Especial de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados.

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), también conocida como Junta Anticorrupción, tiene escasez de recursos financieros y humanos, lo que dificulta su tarea, mientras prepara un proyecto de ley sobre “corrupción privada”.

El director de la Jutep, Jorge Castro describió la situación. Una parte “fundamental del accionar de la Jutep, tiene que ver con la prevención de que puedan suceder acontecimientos de índole de corrupción”, señaló Castro y graficó: “Neptuno, para poder dominar los océanos, tenía un tridente. Nosotros, para poder combatir la corrupción, tenemos un escarbadientes”.

“No tenemos el personal que necesitamos. La Jutep tiene, en total, 14 funcionarios. Esta cifra abarca a los administrativos y a los profesionales” que son apenas tres, una de las cuales se jubila, añadió. De hecho, la presidenta de la Jutep, Susana Signorino relató que “para poder tomar posesión del cargo (el pasado 21 de julio), la Jutep tuvo que contratar un escribano particular porque el Estado no nos proporcionó un profesional. Con los recursos humanos que tenemos, de profesionales, esto es lo que pudimos hacer”.

Castro apuntó a que “debe haber una lucha frontal contra las prácticas corruptas, desde las más mínimas que pueden suceder en cualquier oficina pública, hasta las más encumbradas, porque la corrupción es en espiral: si se permite un pequeño hecho corrupto, se retroalimenta”.

Pero, “para hacer ese trabajo es necesario contar con los recursos, que son materiales y también humanos: profesionales, técnicos. Si no los tenemos, tenemos un catálogo de buenas intenciones pero para la ciudadanía y para el contexto internacional que nos observan, estamos en falta si no cumplimos con lo que establecen la ley y los convenios internacionales”, remarcó.

“Cuando se suscribe un convenio internacional, se entiende que la República que lo suscribe tiene las condiciones materiales y humanas para poder cumplir. ¿Qué vamos a decir si no los cumplimos? ¿Que no podemos cumplir con lo que suscribimos internacionalmente porque solo tenemos 14 funcionarios, dos de ellos profesionales que ni siquiera son del organismo?”, se preguntó Castro.

El director de la Jutep dijo que “existe un denominador común de avanzar en dar una batalla frontal contra aquellos que corroen. La realidad es que hacer este trabajo con los recursos que hoy tenemos es nadar sin poder llegar a la orilla, por más esfuerzos que hagamos. Entonces, no basta solo con la voluntad. La voluntad tiene que tener la determinación de los poderes públicos de darnos los recursos materiales y financieros que permitan dar cumplimiento a lo que establece la ley y, sobre todo, dar cumplimiento a lo que la República suscribió en los tratados internacionales y el Parlamento ratificó”.

Por su parte, el vicepresidente de la Jutep, Guillermo Ortiz expuso otra debilidad: el lugar donde funciona el organismo. “Honestamente, el lugar que tiene hoy la Jutep no alcanza ni para dos personas más; no tenemos espacio físico; ya está todo cubierto y eso implicaría amontonar funcionarios, lo que no sería una forma correcta de trabajar. Ese es un tema que tal vez en algún momento este directorio deba encarar para ver si podemos seguir trabajando allí, dada la limitante que tenemos para poder crecer”, afirmó.

A la comisión de Diputados también concurrieron representantes de la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft).

El funcionario de ese secretaría, Gustavo Misa planteó como un desafío que se trabaja “en la Evaluación Nacional de Riesgos. Uruguay hizo una Evaluación Nacional de Riesgos en 2017, y ya deberíamos estar trabajando en la nueva, que requiere una puesta en funcionamiento y una comunicación con todos los sectores obligados” de reportar operaciones sospechosas de lavado.

“En ese sentido nos comunicamos con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional, para pedir la colaboración de evaluadores y asistencia técnica y también financiera, si fuera posible”, agregó.

Por otro lado, Misa planteó que se enviará un proyecto de ley que va a incorporar “el análisis de fondo de las inversiones de gran porte” en materia de prevención del lavado, “por ejemplo, con los promotores inmobiliarios, los involucrados o con quienes deban aplicar la normativa”.

“Creemos que el tema puntual de las inversiones inmobiliarias, debería contar con un análisis previo con los involucrados, por lo que sería más razonable que internamente lo manejen los diputados para luego elaborar un texto con todos los involucrados”, agregó.

Otro desafío es que desde el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat, organismo regional que marca las pautas en la normativa anti-lavado) “nos marcan la necesidad de empezar a legislar sobre los delitos ambientales, que es uno de los temas que este grupo está apuntando fuertemente como delitos precedentes” de lavado, dijo Misa.

“Nos han hecho llegar varios cuestionarios, pero hasta el momento no hemos podido contestar nada porque en realidad no es un delito precedente porque ni siquiera es un delito”, agregó.

El otro aspecto es la “regulación de los activos virtuales, que si bien es una materia que la maneja el Banco Central, queremos dejarlo de manifiesto esto porque es un tema que es necesario regular, legislar y supervisar”, concluyó Misa.

Trabajan en proyecto de ley sobre corrupción privada

La Jutep trabaja en un proyecto de ley para tomar medidas contra la corrupción privada. “Hay una legislación comparada con distintos países de América Latina, donde se destaca particularmente las leyes de Chile y Argentina, que son las más desarrolladas en este sentido. Pero para trabajar -está bien la colaboración que se plantea entre el Parlamento y nosotros para elaborar un anteproyecto- la Jutep necesita, entre otras cosas, asesorarse”, dijo la presidenta del organismo, Susana Signorino.

“En una materia tan delicada como esta, no es cuestión solo de buenas intenciones. Debemos establecer una normativa clara, que realmente prevenga, señale y sancione cuando se realicen prácticas que vayan en contra de la fortaleza institucional”, añadió.

Signorino indicó que se tomó “contacto con la asesora anticorrupción regional de la oficina de Naciones Unidas contra la droga y los delitos, quien nos impartió en octubre un taller sobre corrupción privada y las medidas de prevención que podemos tomar, que fue auspiciado por la embajada del Reino Unido en el Uruguay. Ahora, el 26 y 27 de noviembre participamos de un taller también organizado por la oficina de Naciones Unidas contra la droga y la corrupción sobre la responsabilidad de las personas jurídicas y la adecuación del sistema de cumplimiento corporativo”.

La presidenta de la Jutep dijo se ha trabajado “sobre cláusulas de compliance, algo que debería incorporarse en todos los contratos de las empresas privadas que contratan con el Estado. Me refiero a una cantidad de leyes y de normas éticas que deberían seguir este tipo de empresas para prevenir la corrupción privada. Se ha hecho un pequeño borrador con algunas adecuaciones”.