Mediante un proyecto de ley, el gobierno quiere facilitar el pasaje de empresas que aportan a la Dirección General Impositiva (DGI) bajo regímenes especiales a otro de carácter general. Esas firmas actualmente están declaradas como monotributistas o pagan un IVA ficto y no en base a sus ventas reales. Pero, si aceptaran medios electrónicos de pago, deberían blanquear parte de sus ventas y pasar al régimen general. Lo que pretende el gobierno, es facilitarle una transición gradual sin que el cambio les sea tan brusco. Así, “las ventas realizadas con medios de pago electrónicos serán objeto de una menor ponderación a los efectos del cómputo del tope previsto para estar incluido en dichos regímenes simplificados (que abarca a empresas con ingresos inferiores a las 305.000 Unidades Indexadas anuales, unos US$ 33.270).

Otra de las medidas anunciadas fue la de eliminar retenciones impositivas sobre ventas realizadas con medios electrónicos de pago. La medida está pensada para pequeños comercios y regirá hasta diciembre de 2017. Se hará efectiva mediante un decreto.

También se extenderá el plazo del subsidio que el gobierno otorga para la instalación de terminales POS en los comercios. Actualmente, la exoneración prevista era del 70% hasta el 31 de diciembre de este año y de 40% durante el año próximo. Ahora, extenderá el subsidio del 70% hasta el 31 de diciembre de 2016 y el 40% estará vigente hasta fines de 2017. También se prorrogó hasta diciembre del año próximo la posibilidad de aplicar las exoneraciones impositivas por el régimen de promoción de inversiones en la instalación de redes de terminales POS, de sistemas de facturación y de dispositivos que permiten la extracción de efectivo. 

Otra de las herramientas que se instrumentará será la del “cash back”. Esto es que cuando el usuario utiliza la tarjeta de débito no solamente paga con ella la compra; también puede extraer un monto  pequeño en efectivo en el comercio. El gobierno deberá implementar  cuál es el monto que permitirá retirar. Una primera estimación es que no supere los $ 500. 

Una de las razones para impulsar el uso de la tarjeta de débito es que el usuario observe que es más sencillo que utilizar efectivo. Y allí se han detectado algunas inconvenientes. Entre ellos se señaló que los comerciantes al momento de pedir el PIN de la tarjeta de débito también exigen otros datos (como la Cédula de Identidad, firma o número de teléfono) que no son necesarios. Es por eso que el Banco Central (BCU) emitirá una reglamentación con dos exigencias. Una, que sea obligatorio digitar el PIN en cada operación con tarjetas de débito y la otra es que el comerciante no pueda solicitar al usuario ningún otro dato personal. Como la medida llevará la readecuación de algún programa o software, el BCU tiene pensado que esto rija en forma tentativa desde el 1° de julio del año próximo. 

El sector privado también dio a conocer algunas medidas que implementará próximamente. La primera fue sobre disminución de aranceles (que cobran las tarjetas a los comercios por cada operación con el plástico). Desde 2012 hay un esquema acordado de volúmenes de transacciones al año y para aplicar disminuciones debe cumplirse con determinados objetivos. Aunque esos volúmenes aún no se han cumplido, los bancos privados aplicarán una rebaja de aranceles. Desde el 1° de enero pasarán de 2,5% a 2,35% y a partir del 30 de junio de 2016 se reducirán a 2,20%. Eso representa una rebaja de 14%. Además, tienen previsto una “promoción” para pequeños comercios que ingresen al sistema y que pagarán 2% de arancel durante 2016 y 2017.

Otro de los aspectos que se buscan optimizar es el de los reembolsos de dinero a los comercios que cobran con medios electrónicos de pago. En este momento, en el débito el tiempo es de 48 horas y los comercios se quejaban de eso. La banca privada y el Banco República, trabajarán para que el reembolso pueda realizarse a las 24 horas de realizada la transacción. La idea es hacer los cambios necesarios en el primer semestre del año próximo para que pueda estar operativa a partir de julio de 2016.  

Como medida para los usuarios, los bancos privados también acordaron una disminución en los precios de las transferencias interbancarias. Cuando sean menores a US$ 10.000 o $ 300.000 y utilizando un medio electrónico (Internet, terminal en el banco) el costo máximo de esa transacción será de US$ 1,90 para las personas y de US$ 3,80 en el caso de las empresas. Además, solo abonará la comisión el que envíe el dinero, siendo gratuito para el que lo recibe. 

El Banco República dio a conocer tres medidas dirigidas a las micro y pequeñas empresas. Se indicó que habrá un sistema simplificado para la apertura de cuentas bancarias que incluirán un paquete de servicios, como la posibilidad de pagar a proveedores o realizar transferencias bancarias.  A esos efectos, el BROU dispuso oficinas en Montevideo Shopping y Shopping costa Urbana que trabajarán desde las 10.00 hasta las 22.00 horas los siete días de la semana para facilitar la apertura de las cuentas. Luego de abiertas, se implementará que si quedan excedentes de dinero en ellas se pueda transferir mensualmente a una caja de ahorro el mismo con una buena tasa de interés. La tercera iniciativa está vinculada al crédito para micro y pequeñas empresas. Allí, tomando en cuenta el nivel de la actividad de la firma por los movimientos en su cuenta bancaria, la idea es que el banco abra líneas de crédito para financiar capital de trabajo. 

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Otra de las iniciativas del gobierno para promover el uso de medios electrónicos que sustituyen al efectivo se refiere al pago de la tramitación para obtener la Cédula de Identidad o el Pasaporte. En ese sentido, la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), perteneciente al Ministerio del Interior ha trabajado en las últimas semanas para incorporar el pago de los trámites mediante tarjeta de débito y crédito, según se informó ayer. Se espera que esta posibilidad esté operativa en las próximas semanas. Esta iniciativa se había manejado semanas atrás por representantes del gobierno.  

En la víspera también se anunció la intención de racionalizar las exigencias de seguridad para las redes de pagos y cobranzas que ofrezcan servicios de corresponsalía financiera para bancos (tales como hacer depósitos, retirar dinero). Se indicó que las carteras de Economía e Interior trabajarán en el primer semestre de 2016 en la elaboración de un decreto con el objetivo de racionalizar esas exigencias, estableciendo requisitos diferenciales en función del nivel de riesgo que se asume con la operativa. Así se busca facilitar los puntos de acceso a servicios financieros en localidades que actualmente no cuentan con ellos.

 El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, fue el encargado de anunciar ayer la puesta en práctica de la instalación de botones de emergencia en las terminales POS (el aparato por donde pasa la tarjeta para efectuar el pago), como otra de las nuevas herramientas sobre inclusión financiera. 

Señaló que era una iniciativa que estaba pendiente desde hace algún tiempo, ya que la cartera debió abocarse a otras prioridades. Ahora, según Bonomi, con esas prioridades cumplidas, se pueda instrumentar la instalación de los botones. Para eso, el titular de Interior firmó en la víspera un acuerdo con la empresa POS2000 (firma que instala las terminales en los comercios). 

Bonomi informó que se desarrollará un plan piloto que, en primera instancia, incluirá a las estaciones de servicio de Montevideo y a los restoranes de Pocitos y Punta Carretas. 

El jerarca expresó que “el botón de seguridad para las terminales de puntos de venta (POS) ofrece a los comerciantes una conexión directa con la respuesta policial ante un hecho grave, como rapiña o copamiento. Allí se puede utilizar el botón y se ingresa como un evento de emergencia en el Centro de Comando Unificado de la misma manera que una llamada al 911”.

Añadió que el dispositivo a instalarse aportará al Ministerio del Interior las coordenadas geográficas del comercio y  también el rubro al que se dedica. 

También informó que se están realizando pruebas en taxímetros con “buenos resultados” por lo que en breve se prevé que el dispositivo funcione en los coches de la Gremial Única del Taxi. Explicó que el funcionamiento es similar al de los POS, con botones de alar-ma ubicados en diferentes sectores del vehículo de alquiler. 

En otro orden, manifestó que la cartera realizará auditorías sobre el uso de los botones de alarma en las terminales POS. 

“Tiene que ver con la experiencia que se tuvo con las alarmas (en locales comerciales). Muchas veces se prueban para ver si están en correcto funcionamiento. Y como esto sucede demasiadas veces, desvía la atención de la policía en esas pruebas”, dijo. 

Por eso, en caso de constatarse un mal funcionamiento de los aparatos en las auditorías, el ministerio podrá bloquear el servicio.

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