El uso de los espacios públicos reaviva guerra entre privados.

La Administración Nacional de Puertos (ANP) había autorizado a Montecon —uno de los dos principales operadores portuarios que realiza su actividad en las áreas públicas del Puerto de Montevideo— a instalar pasarelas para tomas eléctricas de contenedores refrigerados en esas áreas del recinto portuario. Pero días atrás revocó esa autorización, ya cuando el proyecto estaba en marcha. Terminal Cuenca del Plata (TCP, mayoritariamente de la multinacional belga Katoen Natie, con participación del Estado y única especializada en contenedores) había cuestionado la legalidad de la obra y ahora solicita que se desmonte lo ya instalado; de lo contrario comenzará con acciones legales.

En julio de este año, la ANP autorizó una solicitud presentada por Montecon de ampliación de tomas para contenedores refrigerados en la zona portuaria de la rinconada de la calle Río Branco. Una resolución de esa fecha señaló que la ANP había "encontrado factible desde el punto de vista técnico la implementación de lo propuesto, lo que permitirá eliminar el uso de generadores para satisfacer la demanda de contenedores reefer (refrigerados) en períodos de zafra". El escrito añadió que el proyecto se realizaría en un área utilizada por Montecon que actualmente se encuentra bajo régimen de almacenaje.

Por último, consideró que "la estructura, tableros y cableados, serán realizados de forma tal que puedan ser desmontados en caso que la ANP le solicite a Montecon dejar de operar en esa zona". A partir de la resolución comenzaron los trabajos en esa zona portuaria.

A principios de diciembre, TCP envió una nota a la ANP donde marcó su preocupación por el permiso concedido a Montecon. Allí indicó que se observaba una "clara acción de la ANP de consentir y avalar a Montecon como una terminal especializada de contenedores sin haber siquiera realizado un proceso de licitación para adjudicar espacios desde 2008 y permitiendo que esta empresa usufructúe bienes públicos de una manera totalmente contraria a derecho", según informó el semanario Búsqueda.

Sostuvo que las obras constaban de una importante serie de elementos fijos, no fáciles de poder desmontar, y añadió que Montecon, haciéndose cargo de las construcción de las pasarelas lo que hacía, finalmente, era asegurarse la utilización del espacio público donde las montaba.

Días después, el jueves 17, la ANP revocó la anterior resolución. Entre las consideraciones, señaló que el directorio del organismo está "analizando la forma de operar de los dos grandes operadores en la categoría de contenedores, con sus modalidades: bajo concesión y en régimen público".

Es por eso que "con el objetivo de alcanzar un mejor ordenamiento del Puerto y no agregar elementos que deberán ser considerados en el marco de asesoramiento del Poder Ejecutivo en lo que respecta a la política portuaria, se revocará la autorización otorgada".

Según supo El País, Montecon recurrió la decisión del directorio de ANP. Una de las opciones planteadas ahora es que sea la ANP quien se haga cargo de los costos de la construcción de las pasarelas para las tomas eléctricas de contenedores refrigerados.

Desde la vereda opuesta, TCP también se opone a esta posibilidad y exige que se desmonten las obras ya concretadas. La terminal prepara un nuevo escrito que presentará ante la ANP donde reiterará que cualquier solución que implique otorgar áreas públicas a Montecon por fuera de procesos competitivos es ilegal. Por eso, agregará que mantener las pasarelas dentro de las áreas públicas del puerto confirmará la ilegalidad del hecho.

Y allí entonces, la terminal iniciará las acciones legales correspondientes. "Si las cosas siguen así, hay varios que tendrán que presentarse en los juzgados", aseguró a El País una fuente de la compañía .

La guerra de los puertos