EVALUACIÓN

La escena se repetía a medida que los clientes del supermercado pasaban lo que habían comprado por la caja. Algunos ponían cara de asombro, otros directamente estaban ofuscados y hasta uno ensayó una protesta infructuosa contra la cajera, que le explicó obviamente que ella nada tenía que ver. Ocurrió el fin de semana en una cadena de Montevideo, pero puede trasladarse a otros días y lugares del país.

Es que el 2% de aumento mensual del Índice de Precios al Consumo (IPC) se transforma en algo más tangible y frustrante al momento de hacer el habitual surtido de alimentos.

Viendo esta situación, el miércoles pasado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)convocó a las principales gremiales empresariales -supermercados, comercios minoristas, industria alimenticia, importadores y frigoríficos- para estudiar un “acuerdo voluntario” para congelar los precios de una canasta de 84 artículos.

Dos días después se anunció esta medida que durará tres meses -son “84 familias de productos”, aclaró la ministra Azucena Arbeleche, por lo que se aplica a cientos de artículos-, pero ya desde las primeras informaciones el acuerdo de precios comenzó a ser tema de discusión entre economistas.

Hubo varios que cuestionaron su efectividad a través de Twitter -como Javier De Haedo, Aldo Lema y José Licandro- y los consultados ayer por El País fueron en igual sentido: no ataca los problemas inflacionarios, puede dar una señal equivocada, posibilita remarques crecientes en unos meses y hasta hay dudas de su legalidad.

Marcos Soto, analista de Cibils Soto Consultores y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, dijo que evaluó “con preocupación” el anuncio del viernes. “El acuerdo viene a convalidar el nivel de precios actuales, por tanto si se han verificado abusos -se ha dicho eso (por parte de las autoridades)- estos quedan convalidados”, consideró y añadió que esto “puede ‘limar’ el IPC por unos meses, pero no quiebra los fundamentos sustanciales del proceso inflacionario”.

Siguiendo el análisis, señaló que si esos fundamentos “no cambian, lo esperable es que los agentes remarquen apenas el acuerdo finalice”, como ya pasó en 2015 cuando en el semestre posterior al congelamiento de precios “los alimentos rebotaron más de un 7%”.

Para Rosselli, la “suba relevante de la inflación” está asociada al “aumento del dólar que se produjo con el estallido del COVID-19 a nivel mundial” y “otro elemento determinante “es la dinámica salarial, que en Uruguay está enteramente indexada a la inflación pasada”.

En ese sentido, subrayó que “los acuerdos de precios no corrigen esa indexación (salarial) ni pueden evitar el cambio de precios relativos que surge de la suba del dólar”, apenas podrían “lograr postergar algunos incrementos de precios”. Además, consideró “un error atribuir la suba de la inflación a un aumento de los márgenes de las empresas, sin perjuicio de que puede haber casos de aumentos de márgenes importantes”.

En esa línea, Rosselli expresó que la herramienta utilizada “quizás termina reforzando una percepción bastante extendida, pero equivocada, de que la inflación obedece al exceso de ganancias de las empresas”.

También señaló que “aquellas empresas que iban a subir sus precios pero que a instancias del acuerdo terminan por no hacerlo, los subirán un poco más adelante si no se revierte la suba del dólar o no se moderan sensiblemente los ajustes salariales”, mientras que no se solucionan “posibles precios muy elevados asociados a ganancias elevadas que derivan de falta de competencia en algunos sectores”. El socio de Exante señaló que esto último “se soluciona con más competencia, porque es un problema microeconómico”, al tiempo que “la inflación en cambio, es un problema macroeconómico”.

Por su parte, Leandro Zipitría, economista especializado en temas de mercado y competencia, dijo que “el precio es el síntoma y debe entenderse el fenómeno que subyace para curarse”. Utilizó un paralelismo muy actual para explicar esto: “Cuando uno tiene tos y fiebre puede tener coronavirus o gripe común, hay que hacerse el test. Acá es más complejo encontrar los fundamentos de la variación de precios, pero también hay que tener cuidado porque los remedios pueden tener efectos colaterales”.

Profundizando en esos temas de fondo, Zipitría primero aclaró que “Uruguay ha tenido inflación relativamente alta en los últimos años”, así como que “suelen mezclarse dos discusiones: el nivel de los precios y su evolución”. Sobre esto último, apuntó que hubo factores que eran “bien claro que iban a tener impacto en los precios, la devaluación del peso, la suba de tarifas y la demanda irracional de alimentos” tras la confirmación de los primeros casos de coronavirus en el país.

“Otros precios podrían ajustar (a la baja por la menor demanda) y no lo hacen, como el del boleto ante una caída brutal del uso del servicio, pero es un precio regulado”, señaló.

Respecto a la aceptación del congelamiento de precios por parte de los empresarios, Zipitría indicó que “es raro que alguien se acoja voluntariamente a algo que lo va a perjudicar” y planteó que si hay una reversión de los shocks mencionados -baja del dólar y la demanda vuelve a ser normal-, el acuerdo incluso podría llevar “a algo peor” que es mantener precios cuando por sus fundamentos deberían descender. “Es fácil hacer acuerdo cuando ya subiste los precios”, agregó.

Todos los expertos rechazaron la posibilidad de estudiar algún mecanismo legal que permita sancionar a quienes incumplan con el compromiso de mantener los precios. “Sería una muy mala señal hacia el futuro”, dijo Soto y Rosselli complementó que “sería el comienzo de un muy mal camino”.

En igual sentido, Zipitría manifestó que “la solución a la uruguaya, aunque puedo discrepar, es mejor que la de Argentina”, que tiene desde hace décadas un sistema de precios tarifados -en alguna época más controlados y en otra menos- pero no logra que descienda la inflación.