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Gobierno va por mejorar control a lavado en inversión en construir, autos de lujo y yates

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Los promotores uruguayos señalan que Punta del Este tiene potencial para crecer en demanda fuera de temporada. Foto: Ricardo Figueredo

"Una rama extremadamente complicada"

El gobierno cree que con la legislación actual en materia de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo, hay puntos "flacos" en los controles en esa áreas.

El gobierno quiere introducir modificaciones en la ley integral contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, para que existan mayores controles en inversiones en construcción y en la compra de vehículos de alta gama, yates y aviones.

“Por razones operativas” algunas actividades quedaron “fuera de la supervisión de la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) como, por ejemplo, la comercialización de automóviles de alta gama. Hablo de los verdaderamente de alta gama, de unas 150 ventas de automóviles de lujo al año”, dijo ante la comisión especial de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados, el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak.

“Una rama extremadamente complicada sobre la que nos gustaría mejorar los controles es la vinculada con las inversiones en la construcción, sobre todo en lugares icónicos, con torres de alto porte. Tenemos idea de que se podría mejorar de alguna manera la forma de controlar el origen de los fondos destinados a esa actividad”, agregó.

El integrante de Supervisión de Fiscalización de la Senaclaft, Gustavo Misa señaló ante los diputados que “hay algunos casos emblemáticos que pueden tener que ver con formas de entrada de lavado de activos que históricamente se le han achacado a Uruguay” y “la ley y en el decreto tienen algún punto flaco que permitiría que un sujeto que quiera lavar activos nada más y nada menos que en la construcción pueda hacerlo, y quede fuera del resorte de actividad de la Secretaría”.

“Esto es bastante peligroso”, afirmó y recordó que “nos ha tocado algún caso que después de hacer todo el estudio y la fiscalización nos dimos cuenta de que el sujeto quedaba fuera de la normativa; entonces, no lo podemos investigar, más allá de que la fiscalía podrá seguir con el lavado de activos propiamente dicho”.

Pero además, Misa entiende que “sería bueno sumar algunas otras actividades —lo que a nivel internacional sería mirado con buenos ojos—, como las transacciones que involucren autos de alta gama, las embarcaciones, las aeronaves, etcétera. Muchas veces, otros sujetos obligados (a reportar operaciones sospechosas de lavado) preguntan: “¿Por qué nosotros sí y otros no?”. Son actividades de riesgo en el sentido de que a nivel mundial con los yates, los aviones y ese tipo de cosas el lavado de activos se da más. Quedaron fuera de nuestra normativa, que tiene muchos aspectos a mejorar, y deberíamos trabajar en conjunto en ese sentido”.

Jorge Chediak. Foto: Darwin Borrelli.
Jorge Chediak. Foto: Darwin Borrelli.

¿Cuál es el problema? Chediak explicó que se han dado casos en la construcción “por ejemplo, de importantes torres en Punta del Este, en donde recién empieza el control del origen del dinero cuando se venden las unidades pero en relación a los compradores, no en relación a quién hizo la inversión”.

Misa indicó que “la lógica del sistema” del control del origen del dinero por parte de los sujetos obligados “está pensada para que siempre haya implementados sucesivos controles. Es decir, por ejemplo, en el tema inmobiliario tenemos los promotores inmobiliarios, las constructoras, las inmobiliarias y los escribanos, y todos van controlando el dinero del anterior, digamos”.

Agregó que “el problema se nos plantea cuando el promotor inmobiliario, la constructora y la inmobiliaria son el mismo sujeto. (...) Entonces, no hay nadie que haya controlado previamente el dinero invertido en esa construcción —que pueden haber sido millones de dólares—, porque no hay un sujeto obligado”.

Según Misa “habría que instrumentar un control mínimo. En la mayoría de los casos, cuando hay un promotor, una constructora y una inmobiliaria que son diferentes, el sistema funciona porque se controlan entre sí y nosotros controlamos que ellos se controlen”, pero “el problema se nos da en algunos casos cuando la misma persona física o jurídica hace todo el procedimiento de la construcción”.

“Una de las cuestiones de las que se ha hablado emblemáticamente en el Uruguay es, por ejemplo, de las construcciones en Punta del Este y demás”, expresó Misa.

Por eso, en la Senaclaft creen que “sería bueno que pudiéramos establecer que cuando el inversionista comience la obra, cuando presente el proyecto o el plano de construcción en la intendencia o en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial —si es de interés social—, tenga que demostrar cuál es el origen de los fondos que va a utilizar para construir ese edificio. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos salteamos eso de que hoy no tenemos a quién controlar”, adelantó Misa. “En definitiva, es algo para seguir discutiendo y ver cómo se puede avanzar”, añadió.

Chediak aclaró que “una pequeña construcción de interés social en el Cordón no es a lo que nos referimos, sino a las macro inversiones, respecto de las cuales es una muy buena práctica a nivel internacional y también aquí hacer los análisis correspondientes en relación con el beneficiario final y el origen de los fondos”.

¿Hay riesgo de lavado con la flexibilización de la residencia fiscal?
Lo que respondió la Senaclaft
El proyecto de Sergio Grosskopf en la playa Mansa. Foto. Ricardo Figueredo

El gobierno de Luis Lacalle Pou flexibilizó las condiciones para obtener la residencia fiscal uruguaya. A los requisitos ya existentes sumó otros dos más flexibles, uno de los cuales exige una inversión en inmuebles de       US$ 370.000 posterior al 1º de julio y permanecer 60 días en el año civil.

Al respecto, el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak dijo “en forma jocosa”, que “comprándose un departamento en Le Jardin y pasando la temporada en Uruguay, se obtendría la residencia fiscal, pero no estamos exponiéndonos para nada, dado que en Europa hay, inclusive, un país que tiene condiciones más laxas para atraer residentes que las que estaríamos estableciendo en Uruguay”.

La llegada de extranjeros con residencia fiscal, ¿aumenta el riesgo de lavado de activos?

El integrante de la Senaclaft, Gustavo Misa dijo que “en cuanto al riesgo, que la persona tenga residencia legal (o fiscal) aquí y cumpla con todos los requisitos legales nacionales es una fortaleza para nosotros porque tenemos mayor facilidad para contar con los datos de las inversiones que realice”.

“La metodología de quienes hacen operaciones de lavado de activos” es que, “generalmente, mezclan dineros lícitos con ilícitos” por lo que “todas las personas físicas o jurídicas que se radiquen en el país y que cumplan con los requisitos de la normativa vigente nos ayudan más que si vienen desde el extranjero”, expresó Misa.

Con un control simplificado previo a otorgar el permiso de construcción "nos aseguramos el origen de la licitud de los fondos que se van a abocar a esas construcciones y, eventualmente, si vamos un paso más, cuando se termine la obra y comience, ya no la venta en pozo sino la venta de las unidades, nos aseguramos de que básicamente aquel plan de financiamiento de las obras con determinados aportes, con ciertos orígenes del dinero, sean efectivamente los que se terminaron usando”, agregó Chediak.

“Creemos que sería una muy buena práctica, porque estaríamos focalizando donde está el riego, contrabalanceando esta situación donde, por ejemplo, se ajustó la aplicación de la normativa en relación con los escribanos en las situaciones que ya eran de bajo riesgo”, concluyó el titular de la Senclaft.

Otros aspectos del lavado

El control al "pitufeo" en los casinos

“Los casinos, como sujetos obligados, tienen que aplicar la normativa, hacer un análisis y una matriz de riesgo de sus clientes normales y vip, además de realizar un seguimiento de sus actividades después de un umbral de juego anual, a efectos de evitar las llamadas maniobras de “pitufeo”, que es cuando una persona da fondos a otras para jugar por debajo de los umbrales, a fin de disimular el origen del dinero”, dijo el integrante de la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos, Andr{es Niemann.

otros aspectos del lavado

El riesgo del uso de dinero en efectivo

La ley de urgente consideración (LUC) modificó el umbral para operaciones que puedan hacerse en efectivo de US$ 4.000 a US$ 106.000. ¿Qué pasa con el lavado? La integrante de Senaclaft, Patricia Laburu explicó que en una compra de US$ 80.000 por ejemplo, que se realice con efectivo (algo que se permite con la LUC) el sujeto obligado a controlar (un escribano, una inmobiliaria por ejemplo) debe hacer una “debida diligencia instensificada”. Es decir, profundizar el control sobre el origen del dinero.

Otros aspectos del lavado

El control a clubes, iglesias y colegios

“En organizaciones sin fines de lucro estamos trabajando desde el año pasado, porque este sujeto obligado (a reportar operaciones sospechosas) es reciente dentro de la Senaclaft”, dijo la integrante de la misma Rosario Ayarza. “La idea es empezar a visitarlos en función del riesgo que se pueda identificar” porque no se quiere “sobrecargar a un colegio o a un club deportivo que no tiene un riesgo importante de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo”, agregó. La Senaclaft está armando el registro de colegios, clubes, iglesias.

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