PROPUESTA

Un proyecto de ley propone dos modificaciones al artículo 20 de la ley de tasas de interés y usura con el fin de disminuir la generación de intereses moratorios originados en pequeños créditos.

Un proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Socialista, Enzo Malán, propone dos modificaciones al artículo 20 de la ley de tasas de interés y usura con el fin de disminuir la generación de intereses moratorios devengados en pequeños créditos.

Como primera modificación, el proyecto que fue defendido por Malán en la Comisión de Hacienda de Diputados, establece que se mantenga la caducidad de los intereses moratorios a los 24 meses, aunque haya habido una acción judicial.

La normativa actual estipula que la generación de intereses moratorios, pactados en deudas originadas en negocios jurídicos de préstamos en efectivo y de financiamiento de bienes y servicios, caducará a los dos años salvo que el acreedor hubiese promovido acción judicial.

La segunda modificación plantea elevar el beneficio estipulado para los deudores -actualmente el tope es de 20.000 Unidades Indexadas (UI)- hasta las 400.000 UI.

“De esta manera, estos deudores reciben la tasa estipulada por intereses moratorios en el contrato firmado por 24 meses, y luego la generación de intereses moratorios caduca, pasando la tasa de interés anual para una deuda en pesos a un 6% anual sobre la inflación”, explicó Malán y agregó que de aprobarse el proyecto, el tope de deuda pasaría de $ 82.024 a $ 1.640.480.

Esta modificación tiene como objetivo, según indicó el diputado, “ampliar más la cobertura, ya que la actual situación puede asfixiar al cliente y hacer que termine en la calle por comprar, por ejemplo, un juego de living”.

El diputado del Partido Independiente y vicepresidente de la Comisión de Hacienda, Iván Posada, dijo que la comisión solicitó información al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con respecto a la iniciativa y enfatizó en la importancia de debatir en profundidad las “altas” tasas de usura.

Con este planteo estuvo de acuerdo el diputado del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, quien señaló que el crédito en Uruguay es “extremadamente caro” y defendió el proyecto porque “busca que no se lleven a cabo contratos abusivos con aquellos que tienen necesidad de adquirir un crédito”.

Por último, el diputado frenteamplista y presidente de la comisión, Alfredo Asti, propuso enviar una consulta especializada al Banco Central (BCU) para saber cómo está compuesto el stock de préstamos y poder evaluar cuál es el límite aceptable para modificar la ley.