LEY DE URGENCIA

La Asociación de Bancos Privados (ABPU) advirtió en el Parlamento los efectos que podría traer la modificación a la normativa de inclusión financiera que se propone en la ley de urgente consideración. Sus delegados dijeron que elevar a US$ 100.000 el umbral para los pagos en efectivo -hoy en US$ 4.100- irá “en detrimento de la efectividad de los controles” sobre las transacciones y plantearon como alternativa establecer el límite en US$ 25.000.

Al comparecer la gremial de bancos ante la Comisión de Diputados que estudia la ley de urgencia, María Elena Bandeira explicó la posición al respecto: “Estos cambios pueden impactar directamente en la efectividad de los controles. Hoy con la ley vigente, se establece cuáles son los medios de pago y entonces, nosotros podemos validar que los fondos que venían de equis banco, con un cheque o con una letra, son los que respaldan esta operación. Si se aprobara este cambio, lo que va a suceder es que vamos a seguir pidiendo el compromiso de compraventa o la factura de honorarios o lo que sea, y como podría ser en efectivo hasta US$ 100.000, no vamos a poder rastrearlo”.

La representante de ABPU subrayó que “el efectivo no es traceable”, es decir no puede seguirse la ruta previa para verificar su origen. En la comparecencia, la delegación también mostró “preocupación” por los cambios a la ley antilavado.

La disposición vinculada al umbral para los pagos en efectivo sufrió modificaciones durante el proceso previo al envío al Parlamento, ya que en el borrador difundido en febrero no se establecía ningún limite yse permitían transacciones con dinero físico de cualquier monto.

Otra delegada de los bancos privados, Lucía Sánchez, dijo ante la Comisión que “el marco regulatorio hoy, en todo lo que hace a la norma bancocentralista y al transporte de dinero por frontera, ha manejado siempre sumas en el umbral de los US$ 10.000”. Por esto, “preocupa el planteo de establecer un incremento que supera en diez veces el umbral que hoy estamos reportando, por cómo va a impactar en el fortalecimiento del sistema que hoy tenemos y en la capacidad de verificar las transacciones con documentación que sea fehaciente”.

Sánchez dijo que ABPU “sugiere” otro límite para los pagos en efectivo: “considerar un umbral del entorno de US$ 25.000 es algo razonable para una gestión de riesgos más alineada a los estándares internacionales”. La delegada de ABPU agregó que el límite de US$ 100.000 “es un número grande” y genera “preocupación” porque “el control no va a ser efectivo y lo sabemos”.

Tras la comparecencia, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, afirmó que lo expuesto “muestra claramente hasta qué grado estos artículos son de impacto para todo lo que tiene que ver con los controles que, a través de la secretaría antilavado, se habían establecido para las operaciones o negocios jurídicos en nuestro país”. El presidente de la Comisión, el blanco Alejo Umpiérrez, dijo que pese a tener “mucha tentación”, se abstuvo de responder a la delegación porque tiene “prohibido polemizar y hacer preguntas”.