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Como si fuera una piloto de carreras, Karen Londoño conduce contra el reloj, descansa apenas cuatro horas al día y busca ganar la mayor cantidad de dinero antes de que Uber desactive su aplicación en Colombia, su única fuente de ingresos para mantener a sus dos pequeños hijos.

El unicornio tecnológico anunció su salida del país a partir del sábado, luego de que un juez le ordenó en diciembre suspender sus operaciones de transporte de pasajeros por competencia desleal, tras una demanda interpuesta por taxistas.

Esa victoria animó a los taxistas a anunciar acciones legales contra otras aplicaciones como Didi, Cabify y Beat, aumentando la incertidumbre de Londoño, quien también comenzó a conducir para esas plataformas en su automóvil, que adquirió hace seis meses con un préstamo bancario que sigue pagando.

"Ya delicado sería si de pronto también (...) nos quitan las demás aplicaciones, ese es mi temor, que el carro quede completamente quieto sin poder trabajar", dijo Londoño, de 26 años, quien antes laboraba ocasionalmente como vendedora en empresas de tecnología.

"Nos están quitando completamente la forma de poder solventar y llevar a nuestros hogares un sustento diario a nuestros hijos (...), sabiendo también que las oportunidades que hay en Colombia para un empleo son muy escasas", aseguró.

Las aplicaciones se convirtieron en una tabla de salvación para cientos de miles de personas que encontraron en ellas la única fuente de ingresos, en uno de los países con mayor desempleo de América Latina, con una tasa superior al 10%.

Solo Uber tiene 88.000 "socios conductores" y atiende a más de 2,3 millones de usuarios en Colombia.

Para los expertos, la situación de Uber es un reflejo de la lentitud en la evolución de la regulación en Colombia, que se mueve a pasos de tortuga frente a las necesidades de sectores nuevos de la economía y en los tradicionales como la industria extractiva, lo que envía un mensaje adverso a los inversores.

"Ese problema de falta de reglamentación adecuada obviamente tiene un impacto a todo nivel, a nivel del que recibe el ingreso, del que recibe el servicio y a nivel de los actuales y de los potenciales inversionistas", dijo Alberto Sleshinger, economista y decano de la Universidad Sergio Arboleda. "Estamos llegando tarde".

Justo el año pasado Uber canceló su plan para construir en Colombia su tercer centro de soporte de servicio de Latinoamérica, de US$ 40 millones, que habría generado unos 600 empleos directos.

Catalina Acosta, una asidua usuaria de 28 años, clamó por una "solución de emergencia" que evite la partida de Uber y que otras aplicaciones sigan los mismos pasos.

La arquitecta y emprendedora tecnológica ya recogió más de medio millón de firmas a través de la plataforma Change.org con las que espera que el Gobierno detenga transitoriamente la medida.

"Es muy importante que nos enfoquemos en qué quiere la ciudadanía, cómo (...) aprendemos a entender tanto el clamor ciudadano como para dónde vamos con todo este cuento de la tecnología", dijo.

"No sería una buena carta de presentación para ninguno de los emprendedores tecnológicos colombianos que con negocios disruptivos le estamos apostando a tocar las puertas en Silicon Valley, en Y Combinator, los grandes fondos de inversión que además también invirtieron en Uber, ser uno de los países que ha bloqueado los negocios disruptivos", afirmó.
Pero el Gobierno admitió que no puede hacer mucho porque la forma de operar de Uber y otras plataformas no se ajusta a la ley.

"Nosotros no podemos modificar una ley mediante decreto", dijo la ministra de Transporte, Ángela Orozco, recientemente a periodistas.
La semana pasada desde Davos, el presidente colombiano, Iván Duque, dijo a Reuters que no se puede tolerar una competencia desleal de las aplicaciones y llamó a nivelar la cancha con las empresas tradicionales.

Para el congresista Mauricio Toro -quien presentó un proyecto de ley para regular las aplicaciones, pero aún no ha comenzado a debatirse-, la decisión contra Uber podría estimular demandas contra aplicaciones de otras actividades.

"Esto termina generando una hoja de ruta muy delicada, por ejemplo que los supermercados terminen demandando a firmas como Rappi, Merqueo, Mercadoni, Domicilios.com y otras plataformas", dijo a Reuters.
"Se abre una puerta para el ostracismo tecnológico", advirtió.