ENTREVISTA

Elvira Domínguez es hace 14 años la directora delBanco de Previsión Social (BPS) en representación del sector empresarial. Tras el cambio de gobierno, el organismo completó hace poco el nuevo directorio y admite que hay “sintonía”, porque en el pasado en muchos temas solía quedar en solitario. Pero no lo asocia a temas políticos sino a compartir una visión sobre la gestión con el presidenteHugo Odizzio.

En diálogo con El País, Domínguez habló de las prioridades que llevarán los empresarios al debate previsional que se viene y sostuvo que los cambios que se hagan “van a empezar a dar resultado en 10 años” a nivel de las finanzas públicas.

Por eso, hace hincapié que “hay medidas que ya podríamos tomar y que podrían tener impacto inmediato”, vinculadas a revisar criterios de prestaciones y beneficios que vienen de las últimas administraciones.

Además, se refirió a los controles que van a iniciarse sobre las certificaciones médicas. Así como también a los efectos de la crisis en la informalidad y las finanzas del organismo. Lo que sigue es un resumen de la entrevista:

—¿Cómo evaluó la medida que tomó el Poder Ejecutivo de crear un seguro de paro flexible cuando llegó la pandemia?

—Es una herramienta que yo felicito, fueron muy creativos. A priori me rechinó acostumbrada a pensar en la caja (del BPS), decía pero cómo vamos a dar medio horario de seguro de paro, fue un shock al principio y en realidad es la medida que tuve que emplear en mis propias empresas. Hay lugares que no podes decir ‘vení tú hoy y tú mañana’, sino que tenés que trabajar con todos. Y como había caído la actividad se adaptaba perfectamente a la necesidad de empresas con procesos donde no podes prescindir de ninguno y precisas a todos.

—¿Ya pasó el pico de beneficiarios del subsidio?

—Ya pasamos la meseta y esperamos que empiecen a decaer las solicitudes. En abril habría hecho el pico, empezó a decaer en mayo (último mes con datos cerrados por parte del BPS) y mi esperanza es que en junio —porque se vencen la mayor parte de los seguros por causal suspensión y el gobierno tomó medidas para estimular el reintegro— vamos a tener menos.

—¿El seguro de paro parcial podría extenderse más allá de la emergencia sanitaria?
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—Entiendo que es de justicia, puede ser bueno que se mantenga, sí.

—¿Una de las consecuencias de la crisis va a ser una menor cantidad de trabajadores formales?

—En base a la experiencia después de las crisis queda un periodo de tiempo con un bolsón de gente que se acostumbró a desarrollar actividad en la informalidad. Además, mientras las empresas no se recuperan es altamente probable que eso ocurra. Habrá que controlar, fiscalizar, pero lo más preocupante en este momento desde el punto de vista de las empresas es que no se recuperen los niveles de consumo. Si no se recupera el consumo no va a haber medida, ninguna, que pueda paliar la situación.

—¿Cómo afectará la pandemia a las finanzas del BPS?

—En el seguro de paro el gasto se incrementará un 145% respecto a lo gastado el año pasado. Es la previsión para 2020, son US$ 303 millones más. 

Eso lo cubre el fondo COVID (creado por el gobierno en abril). Por el subsidio por enfermedad es un 28% más el gasto, que son unos US$ 38 millones más.

—La resolución del directorio que cambió el criterio para las deudas y las desnominalizó, ¿es una victoria para usted? Porque lo reclamaba hace tiempo.

—Desde que entré hace 14 años venimos votando en contra todos aquellos expedientes en donde se aplicaba la nominalización. No lo tomamos como una victoria, creo que es un cambio de criterio porque a veces tenemos que reconocer que el derecho responde a tiempos históricos.

Este criterio que se aplicaba perjudicaba a la micro y pequeña empresa en forma muy evidente, era un trato desigual, porque mientras que las grandes empresas podían ir al Contencioso (Tribunal de lo Contencioso Administrativo, TCA) y lograban en el 100% de los casos un fallo favorable, que después significaba un 20% menos en la determinación tributaria, el pequeño empresario tenía que pagar.

Se dice que con esto vamos a recaudar menos, sí vamos a recaudar lo correcto, pero nos va a costar menos en prestaciones porque con esta ficción ocurría que le cargábamos en la historia laboral del trabajador unos montos por los que después no se hacía el aporte en los casos que llegaban al TCA.

—¿Qué prioridades piensan llevar los empresarios a la comisión de expertos para la reforma previsional?
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—Hay algunos puntos que recalcamos desde el día uno, como notificar la historia laboral con efectos legales. No puede ser que tengamos una ley que tiene 25 años que establecía que había que notificar la historia laboral y daba un plazo, pero hoy estamos como el día uno, sin hacerlo, y no es porque no se pueda porque las herramientas informáticas están. No hacer eso es una injusticia.

—¿Y qué otros planteos?

—Creo que no debería ser tan global de decir vamos a cambiar el sistema jubilatorio y discutir solamente cuánto de reparto y cuánto de capitalización, no debería ser tan básico. Sino analizar qué pasa con los servicios bonificados, qué pasa con las exoneraciones, qué pasa con las ayudas extraordinarias, qué pasa con el gasto en salud que tiene el BPS para muy pocas personas.

Profundizar mucho en eso, hacer algo que además genere un impacto en el corto plazo. Porque si estamos diciendo que hay que ir a una reforma porque nos preocupa la asistencia financiera que es US$ 650 millones y queremos bajar ese número, la reforma no lo va a hacer porque no puede afectar derechos adquiridos, ni tampoco afectar las expectativas de quienes están a poco tiempo de jubilarse.

Por lo tanto, todas las medidas que se tomen van a empezar a dar resultado 10 años para adelante. Pero sí hay medidas que ya podríamos tomar y que podrían tener impacto inmediato, y va en esos temas, en criterios que se están aplicando.

—¿Es inevitable que la reforma incluya una suba de la edad de retiro y una baja de la tasa de reemplazo?
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—En cuanto a la suba de la edad de retiro, la representación empresarial en el diálogo del 2011 planteó la necesidad de empezar a trabajar en ese sentido. No hay duda, vivimos más felizmente y con mejor calidad de vida, y también la edad real de jubilación está por encima de la legal. Es bueno o malo extenderla habrá que analizarlo, tal vez se pueda dejar e ir a un diseño inteligente, estimular.

Habrá que hacer análisis y mucho cálculo actuarial para pagar más por cada año que la persona se quede trabajando y de esa manera logramos el efecto sin necesidad de moverla (a la edad de retiro). Pero sin dudas que va a estar en la discusión.

En cuanto a la tasa de reemplazo hay que ser híper cuidadoso porque en realidad Uruguay ratificó el convenio 102 de la OIT que establece una tasa de reemplazo de 40% de sustitución. A los empresarios nos interesa que la gente tenga jubilaciones dignas.