ECONOMÍA

Lejos de la renegociación amigable con los acreedores prometida durante la campaña electoral, el gobierno argentino viene endureciendo su postura en torno a la deuda.

La búsqueda de una salida “a la uruguaya”, que había sido planteada a fines de septiembre pasado por el entonces candidato presidencial Alberto Fernández como una alternativa factible, ya no forma parte del menú de opciones y todo indica que Argentina avanzará con una propuesta de reestructuración agresiva.

“En campaña, era importante tratar de no hacer ruido y generar algún marco de sensación de estabilidad, pero una vez que Fernández y su equipo tomaron efectivamente control de la situación, se dieron cuenta de que no alcanza con encarar un proceso de reestructuración parecido al de Uruguay. Si hay un menor ajuste fiscal, necesariamente tendrá que haber una quita (en la deuda) para que el esquema sea sostenible”, dijo a El País Fernando Baer, economista de la consultora Quantum Finanzas, en Buenos Aires.

Si bien el gobierno no oficializó aún su propuesta a los tenedores de bonos, las proyecciones fiscales presentadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipan una oferta dura.

Pese a que en 2019 el déficit fiscal primario —antes del pago de intereses de deuda— fue de apenas el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), el gobierno de Fernández proyecta alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas recién en 2023.

Es una diferencia notoria con respecto a las condiciones en las que renegoció la deuda el gobierno de Jorge Batlle en 2003. Por entonces, Uruguay pasó de un superávit fiscal primario del 0,3% del PIB en 2002 a registros por encima del 3% del PIB en los cinco años posteriores a la renegociación. Eso permitió estirar plazos mediante un canje de bonos, pero respetando la tasa de interés y sin quita de capital.

Sin superávit fiscal ni acceso al crédito y con una economía que, en el mejor de los casos, registrará un crecimiento moderado a partir de 2021, Argentina no dispondrá de los recursos para cumplir con los compromisos de deuda solo alargando los plazos. En ese escenario, el consenso de los analistas prevé que el gobierno de Alberto Fernández no solo buscará un período de gracia de, al menos, cuatro años, sino que también avanzará en una quita del capital y reducción de intereses mayor a la que esperaban los acreedores hasta hace algunas semanas.

Este endurecimiento de la postura argentina es respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que emitió el martes pasado un comunicado en el que afirmó quela deuda “no es sostenible” y pidió “una contribución apreciable de los acreedores privados”. El sábado, el gobierno argentino se reunió con el organismo).

“Finalmente, lejos de replicar la reestructuración de Uruguay, la salida será un poco más parecida a la de Grecia, donde la quita fue significativa y el gobierno hizo una diferenciación importante entre bonistas con ley extranjera y ley local”, dijo a El País Gabriel Zelpo, economista de la consultora Seido, en Buenos Aires.

Todo indica que la deuda emitida bajo legislación local, que puede modificarse con un decreto de Necesidad y Urgencia o la aprobación de una ley en el Congreso Nacional con mayoría simple, sufrirá la mayor quita. En cambio, el recorte será menor para los bonos emitidos bajo ley Nueva York, que tienen cláusulas que requieren entre 66% y 75% de aceptación de los inversores para alcanzar un acuerdo. Esa vara ya demostró ser demasiado alta.

A comienzos de febrero, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no logró el aval del 75% de los acreedores para postergar el vencimiento de un bono y se vio obligado a pagar US$ 250 millones para que la principal provincia argentina no cayera en default.

El tiempo juega en contra. Para algunos analistas, la imagen de mayor dureza que transmite el gobierno argentino es parte de la negociación. Esa postura buscaría provocar una caída del precio de los bonos para obtener, aún con una fuerte quita, un alto nivel de aprobación por parte de los bonistas. Desde mediados de mes, la cotización de los bonos argentinos cayó más de 5% y las paridades de los títulos ya rondan entre 40% y 45% del valor nominal.

“El riesgo es que los acreedores pueden cambiar muy rápidamente si las paridades caen más allá del 30% o 35%. En ese caso, entrarían jugadores más duros para negociar”, señaló Baer. Los llamados “fondos buitre” compran bonos cuando la cesación de pagos ya parece inevitable y luego acuden a la Justicia para reclamar que el deudor les pague el 100% del título.

En cualquier caso, los tiempos corren en contra de Argentina. El ministro Guzmán adelantó un cronograma en torno a la renegociación de la deuda que fija el 31 de marzo como fecha límite para alcanzar un acuerdo. Ese plazo está relacionado con la aceleración en el monto de los vencimientos a partir de abril.

No obstante, sin avances concretos en las negociaciones, los tiempos planteados por el gobierno argentino lucen muy ajustados. “Cuanto más dura sea la propuesta, más difícil será alcanzar un consenso en los plazos previstos. Si la quita es significativa, el acuerdo con los acreedores podría alcanzarse recién hacia fines de este año o comienzos del año próximo. Eso tendría efectos sobre la economía: mientras más se alargue el proceso, más se demorará la recuperación”, dijo Zelpo.