Allí marcaron que en 2018, las contribuciones a la seguridad social públicas (sin contar lo destinado al régimen de fondos de pensión) “en Uruguay y Brasil alcanzaron el 10.1% y 8.4% del PIB”, siendo superados solamente por Costa Rica (10,4% del PIB) como los de mayor presión en ese rubro en América Latina y el Caribe.

A su vez, en contribuciones a la seguridad social privadas Uruguay se ubica detrás de Chile (4,7% del Producto) como el que más presión ejerce con 3,8% del PIB.

Eso marca la dificultad para solucionar el déficit de la seguridad social por la vía de ingresos.

A su vez, la presión fiscal sobre el impuesto a la renta de las personas físicas, también muestra a Uruguay como uno de los países con mayor carga con 4,6% del PIB (igualado con Trinidad y Tobago y por encima de Barbados con 4,4% del PIB). Eso marca que los ingresos de los trabajadores también ya tienen una carga importante.

Al sumar la presión fiscal sobre la renta de las personas jurídicas, ya Uruguay tiene varios países por encima en presión fiscal en ese rubro (ver gráfico).

Así, la presión fiscal sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social de Uruguay explican casi dos terceras partes (60,1%) de la presión fiscal equivalente de Uruguay. 

La presión fiscal equivalente está conformada por cuatro componentes: i) los ingresos tributarios del gobierno general incluyendo aquellos de los gobiernos subnacionales; ii) las contribuciones a regímenes públicos de la seguridad social; iii) las contribuciones obligatorias a regímenes privados de seguridad social; y iv) los ingresos no tributarios provenientes de actividades de explotación de recursos naturales.

Según el informe del CIAT en conjunto con el BID, “analizando el ordenamiento de los países de acuerdo con el nivel de la presión fiscal equivalente y tomando como referencia la última actualización de esta base de datos que llegaba al año 2015 (...) se destaca el avance de Uruguay consolidándose como el país de mayor carga tributaria de América Latina (sólo superado por Cuba)”.

De hecho, si se toman en cuenta los datos a 2018 (no hay para Cuba), Uruguay es el país de mayor carga tributaria en la región con 35,4% del PIB, seguido de Brasil con 34,6% del Producto y Argentina con 32,1% del PIB (ver gráfico).

Eso es casi 10 puntos del Producto por encima de la presión fiscal equivalente del promedio de la región (25,2% del PIB).

Del otro lado del mostrador, aparece Guatemala con una carga tributaria de apenas el 11,8% del Producto, seguido por Paraguay con una presión fiscal equivalente de 15,1% del PIB y Bahamas con 16,5% del PIB.

Así como Uruguay tiene la mayor carga tributaria de la región en contribuciones a la seguridad social y renta de personas físicas (aunque no de la presión sobre toda la renta), en el caso del IVA tiene cinco países por delante.

"Las mayores cifras de recaudación del pilar fiscal ‘IVA’ corresponden a Cuba (18,5% del PIB), Brasil (12,5% del PIB) y Argentina (11,5% del PIB)”, indicó el informe que aclaró que en Brasil y Argentina se incluyen bajo ese rubro impuestos que gravan bienes y servicios de carácter “provincial”, “estadual” y “municipal”.

De esa manera, la carga de Uruguay en el IVA llega al 8,3% del PIB.

El estudio remarca que “Argentina, Colombia y Uruguay han introducido modificaciones recientes en la legislación del IVA para que los servicios digitales prestados desde el exterior fueran alcanzados por el impuesto (Chile, Costa Rica y Paraguay están en vías de hacer lo mismo)”, mientras que “otro camino es el que ha seguido Trinidad y Tobago, país que en 2016 introdujo un impuesto específico sobre el comercio electrónico”.

Según el informe, “la tendencia favorable general en América Latina y el Caribe” de acercarse a los niveles de presión fiscal de la OCDE es resultado de varias reformas tributarias en la región durante la última década.

Afirma que “desde mediados de los años 2000 se observa una revalorización del potencial del impuesto sobre la renta en los sistemas tributarios de la región, especialmente del gravamen que recae sobre las personas físicas” y destaca a Uruguay como “país pionero” en 2007, “en adoptar un sistema de imposición dual (adaptando el modelo nórdico) con el objetivo de ampliar la base tributaria del impuesto sobre la renta, a través del cual comenzó a gravar en forma separada las rentas del trabajo, con una escala progresiva de alícuotas en función del nivel de ingreso, y las rentas de capital con una tasa proporcional relativamente baja”. Con “particularidades propias”, ese camino fue seguido por Perú y varios países de Centroamérica.

“En el impuesto sobre la renta de personas jurídicas el foco ha estado puesto en el control de las operaciones e ingresos generados por empresas multinacionales que gracias a una serie de estrategias de planificación fiscal han contribuido a la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios hacia el exterior”, agrega.