DEBATES DE FIN DE AÑO
La negociación sobre el "brexit", la inmigración y una mayor cooperación en el ámbito de Defensa han marcado el final del curso en la Unión Europea (UE), como demostró la última cumbre del año de jefes de Estado.
En la negociación sobre la salida del Reino Unido del club comunitario, el gran avance tuvo lugar el pasado 15 de diciembre, cuando los líderes de los países que permanecerán en la UE tras la marcha británica reconocieron los progresos suficientes en la primera etapa de las conversaciones, centrada en los derechos de los ciudadanos, la frontera irlandesa y el acuerdo financiero.
Así, aceptaron pasar a la segunda fase, sobre la futura relación entre Bruselas y Londres, y debatir un periodo transitorio durante el cual el Reino Unido ya no participará en la toma de decisiones de los organismos, oficinas y agencias ni podrá nominar o elegir a sus miembros, pero deberá respetar la legislación comunitaria.
El negociador jefe de la UE para el "brexit", Michel Barnier, aseguró que la transición debería concluir el 31 de diciembre de 2020, al mismo tiempo que el actual marco financiero plurianual, mientras que la negociación sobre sus términos tendría que finalizar en marzo del 2021 y dar paso al debate sobre la futura relación.
En el ámbito migratorio, los mandatarios evidenciaron sus diferencias entre quienes piden eliminar en el futuro las cuotas obligatorias para reubicar a refugiados y quienes apuestan por mantener la solidaridad entre países. Durante un debate de más de dos horas que según fuentes comunitarias fue "sobrio" y "franco", los países "no aportaron nuevos elementos" a sus posiciones y mostraron su voluntad de llegar a un acuerdo sobre la reforma del sistema de asilo para junio de 2018.
En su última reunión del año, los líderes también dieron la bienvenida a la puesta en marcha oficial de la nueva cooperación estructurada permanente (Pesco) a la que se han adherido 25 Estados miembros para poder cooperar de forma más ambiciosa en el ámbito militar.
Durante estos últimos meses ha cobrado protagonismo, asimismo, el inicio del proceso para activar el artículo 7 de los tratados europeos contra Polonia, que podría retirar a Varsovia su derecho a voto en la UE, debido a sus polémicas reformas del sistema judicial.