CRISIS SANITARIA

Los venezolanos, cansados de ver como las promesas de vacunación por parte del régimen chavista se desvanecen y con la paciencia ya agotada, salieron a la calle ayer viernes a reclamar un plan de inmunización contra el COVID-19. Plazos incumplidos, cifras irreales, compromisos que acabaron en nada y falta de información veraz son solo algunas de las razones que han llevado a los ciudadanos a implorar, de manera desesperada, la vacuna prometida.

Es que mientras el mundo se vacuna y avanza en la inoculación, Venezuela se aisla y queda fuera de un ritmo ascendente hacia la ansiada inmunidad.

Según el régimen de Nicolás Maduro, las sanciones de Estados Unidos, a las que culpa de todos los males de Venezuela, son la causa de que la llegada de las vacunas se haya retrasado, pero esto afecta de manera selectiva a unos o a otros.

Los venezolanos han oído a Maduro, ya el pasado noviembre, que en abril de este año empezaría la vacunación masiva, pero después ha habido varias rectificaciones en los plazos: julio, agosto, y la última, septiembre u octubre.

Aunque, realmente, la promesa se cumplió en parte. La vacunación empezó, incluso antes de abril. Pero solo para unos cuantos elegidos, entre ellos el propio mandatario, que recibió la primera dosis de la Sputnik V el 6 de marzo ante las cámaras de la televisión pública. Además, los diputados de la Asamblea Nacional, entre los que se encuentran su esposa, Cilia Flores, y su hijo, Nicolás Maduro Guerra, también fueron inoculados.

Y mientras, el personal sanitario, al que se había incluido entre los sectores prioritarios, sigue a la espera, cada vez con menos talante y paciencia, al ver como el sistema de privilegios antepone a miembros del Ejecutivo y políticos chavistas, al margen de edades y factores de riesgo.

Los retrasos, las falsas esperanzas y el ver como solo unos pocos privilegiados eran vacunados llevaron a la ciudadanía a exigir un derecho, que, según la Constitución es igual para todos, pero en la práctica, la brecha es descomunal.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, Ana Rosario Contreras, alzó su voz para pedir transparencia. “Es importante que se atienda la tragedia humanitaria que afecta al pueblo venezolano; hoy los venezolanos nos estamos muriendo por falta de atención médica, por el colapso hospitalario”, dijo la enfermera, quien no está vacunada.

Contreras también exigió verdad en las informaciones oficiales sobre el COVID-19, ya que lo que ella vive a diario no se corresponde con lo que dicen los funcionarios desde sus despachos, cámara de televisión mediante.

“Yo tengo que decirle al ministro de Salud (Carlos Alvarado) que lo primero que tiene que hacer es decirle la verdad al país. Cuando él habla de que un 90% de los trabajadores de salud está vacunados, se refiere a Caracas pero Caracas no es Venezuela”, dijo la enfermera.

A la fecha, la ciudadanía desconoce el número de vacunas que han llegado al país, cuántas se han colocado ya, a qué edades y sectores -además del político-, en qué estados. También se desconoce el número real de enfermos de covid, que el régimen cifra en 228.828, de los que 2.576 fallecieron, pero que ni la oposición ni organizaciones del sector de salud, del que han fallecido unas 600 personas, se creen.