CRISIS POLÍTICA

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se afianzó ayer martes en el poder tras disolver el Congreso, al conservar el control de todo el gobierno a pesar de que el Poder Legislativo lo suspendió del cargo y juramentó como jefa de Estado interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

La crisis se produjo al negarle el Parlamento al presidente la posibilidad de modificar la manera en que son designados los miembros del Tribunal Constitucional, un hecho clave que se agrega a la larga situación de desavenencias entre el gobierno y el Poder Legislativo.

Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso advirtiéndole que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que ese alto tribunal estuviera dominado por la oposición y consiguiera así accionar en favor de ésta. La corte había mostrado señales de querer liberar a varios presos, entre ellos Keiko Fujimori, la ex candidata a la presidencia que permanece en prisión preventiva bajo sospechas de lavado de dinero.

Pero, el Congreso, que está controlado por la oposición fujimorista, decidió el lunes ignorar el planteo del presidente Vizcarra e iniciar de inmediato la designación de nuevos magistrados.

Ante esa postura, el presidente Vizcarra tomó la decisión de disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020, apegándose al plazo que establece la Constitución.

El desconcierto por el choque de poderes que vuelve a sumir a Perú en una gran crisis política no se tradujo de momento en caos. La bolsa y el dólar se mantenían estables ayer martes y todas las actividades se desarrollaban normalmente.

Mientras tanto, Aráoz pasadó el día en su apartamento en el distrito limeño de Miraflores, donde fue visitada por algunos opositores.

Los únicos focos de tensión en Lima eran el Palacio de Gobierno y el Congreso, que estaban fuertemente custodiados por la policía, con más restricciones de ingreso que las habituales.

La Iglesia llamó a la calma, así como a “actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático”, pero la cúpula empresarial acusó a Vizcarra de perpetrar una “violación de la Constitución y al sistema democrático”. Los líderes del Congreso también lo acusan de haber dado un “golpe de Estado”.

Después de conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. Pero nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya actuación es rechazada por casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos.

Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que fue calificado como un “autogolpe” y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra invocó la Constitución para dar este paso y no ha coartado las libertades civiles ni copado otras instituciones.

La Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó que compete al Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse sobre “la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”, aunque consideró “conveniente” que la polarización política “la resuelva el pueblo en las urnas”.

Los líderes del disuelto Congreso evalúan presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir esta medida, aunque desconfían de sus magistrados, dijo el jefe parlamentario Pedro Olaechea.

“Estamos evaluando presentar un recurso al Tribunal para que defina si la disolución se ajusta a la carta magna, pero lo estamos evaluando porque hoy día sabemos que el Tribunal es adicto al gobierno”, dijo Olaechea a corresponsales extranjeros.

Hasta los nuevos comicios, funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo con la ley.

Los legisladores cesados no pueden postularse a la reelección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios.

Sin embargo, el control del gobierno ha seguido en manos de Vizcarra.

“En Perú no hay dilema de dos presidentes, hay un presidente que ejerce de hecho y derecho sus funciones, y ese es Martín Vizcarra”, dijo a la AFP el jurista Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y excanciller peruano.

En las calles se puede percibir la popularidad de Vizcarra. “Nosotros queremos democracia, que se cierre el Congreso se respalda”, dijo a la AFP la enfermera Sandra Luyo, de 45 años, en la plaza de armas de Lima, al desconocer a Aráoz como presidenta.

Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron su lealtad a Vizcarra, quien también recibió el apoyo de numerosos gobernadores regionales y de la Asociación de Alcaldes.

Vizcarra debe su popularidad a su cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El escándalo de Odebrecht tuvo impacto político

En cualquier democracia del mundo la disolución de su Parlamento supondría una crisis política y un golpe a la institucionalidad de los poderes. No obstante, en Perú, su disolución constitucional decretada por el presidente Martín Vizcarra ha sido recibida con un clamor popular y sensación de alivio. Las encuestas señalan que el 70% de los peruanos apoya la disolución del Congreso, dominado por la mayoría fujimorista y sus aliados, que en tres años de legislatura se han puesto de espaldas al sentir popular.

Desde un principio, el Parlamento surgido de las elecciones de 2016, dominado por el fujimorismo y sus aliados del Partido Aprista del fallecido expresidente Alan García y otros sectores, fue visto como un enemigo del interés general.

En febrero de 2017, arrancó con toda su fuerza el vendaval que en el fondo ha terminado por llevarse por delante a gran parte de la clase política peruana: Odebrecht. Una de las primeras manchas que causaron las confesiones de la empresa brasileña cayeron sobre la líder del fujimorismo, Keiko Fujimori (foto). Una investigación sobre financiación irregular se convirtió en una acusación formal por lavado de activos en el marco de una organización criminal. Odebrecht reconoció que había patrocinado de un modo u otro, de manera irregular, a casi todos los congresistas. (Con información de EFE)