El chavismo pidió a la justicia anular leyes del Parlamento por diputados impugnados.

La escalada del conflicto entre el gobierno chavista de Nicolás Maduro y un fortalecido parlamento opositor adentra a Venezuela en una crisis institucional, que complica aún más la solución de la grave crisis económica y profundiza la polarización del país.

Diputados oficialistas denunciaron ayer "por desacato" a la junta directiva del parlamento por haber juramentado el miércoles a tres opositores, cuya proclamación estaba suspendida por una impugnación del partido gobernante admitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Nosotros no hemos incurrido en desacato, quienes incurren en desacato es quien desacata la voluntad popular recientemente después de las elecciones", refutó este jueves el presidente parlamentario Henry Ramos Allup, un curtido diputado y acérrimo antichavista de 72 años.

En abierto desafío al TSJ, al que la oposición acusa de servir al chavismo, con la juramentación que presidió Ramos Allup, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reivindicó la mayoría calificada de dos tercios (112 de las 167 curules) que ganó en los comicios del 6 de diciembre, enterrando casi 17 años de dominio chavista en el Congreso.

"Prepárense para una lucha prolongada", advirtió por su parte el número dos del chavismo y exjefe parlamentario, Diosdado Cabello, tras señalar que esa decisión viola la Constitución y "vicia de nulidad" cualquier decisión del parlamento.

En esta línea, la fracción parlamentaria chavista pidió al Tribunal Supremo que declare la nulidad de cualquier decisión que tome la nueva Asamblea Nacional.

Por eso, Cabello advirtió que ninguna decisión del Parlamento será publicada en la gaceta oficial y pedirán al tesoro nacional no entregarle "ni un cinco" para su funcionamiento administrativo, lo que Ramos Allup calificó de una "fanfarronada".

Sin amilanarse, la mayoritaria bancada de la MUD formó una comisión para investigar el nombramiento, hecho por los oficialistas poco antes de entregar el control legislativo, de 34 magistrados del poderoso TSJ.

"Estamos en un proceso de transición muy especial. Hay una confrontación porque no había separación de poderes", señaló Mercedes Pulido, académica de prestigiosas universidades del país.

El martes, en la instalación de la Asamblea, Ramos Allup planteó la hoja de ruta de la MUD con el control del parlamento: presentar en un plazo máximo de seis meses una vía legal para cambiar el gobierno, liberar presos políticos y aprobar reformas económicas. Una de ellas incluye la derogación de la ley Banco Central que hizo el jefe de Estado, Nicolás Maduro, a través de poderes especiales antes de que asuma la nueva Asamblea Nacional.

Las cartas que tiene para cumplir su cometido de cambiar al gobierno son un referendo revocatorio para cuando Maduro, elegido en abril de 2013 para un período de seis años, cumpla la mitad de su mandato, una reforma constitucional o una Asamblea Constituyente.

"Dicen que nos dan seis meses de vida. Para un golpe de Estado se necesitan cojones. Vamos a ver si los tienen", afirmó Cabello en su programa de televisión del miércoles en la noche.

Para encarar la nueva realidad política del país con lo que llama "un parlamento burgués" y una creciente crisis económica, Maduro reorganizó el miércoles su gabinete de gobierno, un día después de la instalación de la Asamblea.

La conformación del nuevo gobierno reveló la apuesta por una línea dura de izquierda en materia económica.

"El respaldo del presidente al ala ideológica del chavismo, marginando a los pragmáticos, no permite generar expectativas positivas de cambio. Las expectativas de conflicto institucional aumentan las expectativas negativas sobre la evolución de la economía nacional", opinó el economista Luis Vicente León.

Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, sufre el desplome de los precios del crudo —fuente del 96% de sus divisas— un déficit fiscal de 20% del PIB, 200% de inflación, severa escasez de insumos básicos y una contracción económica del 6% en 2015, según cálculos privados.

Un nuevo conflicto