LA PANDEMIA DEL COVID-19

Las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas han usado las medidas para contrarrestar la propagación del COVID-19 como una excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).

Desde que se declaró el estado de excepción para combatir el COVID-19 a mediados de marzo, las autoridades venezolanas han detenido en forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican al régimen de Nicolás Maduro. A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en una “ley contra el odio” considerada “absurda y excesivamente amplia”, y “son procesados por un poder judicial sin la más mínima independencia”, dice un informe de HRW que se divulga hoy viernes.

A los abogados de los acusados se les concede un acceso muy limitado a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al cierre de tribunales por el COVID-19. Algunos detenidos han sufrido abusos físicos que podrían constituir torturas.

“El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “En la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal”, agregó.

El 13 de marzo, Maduro decretó un estado de “excepción y alarma” y dispuso medidas para limitar la propagación del COVID-19, incluyendo restricciones a la circulación, la suspensión de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas. Maduro prorrogó el estado de excepción cinco veces, superando el límite constitucional de 60 días.

El decreto autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar “inspecciones” si existe una “fundada sospecha” de que se están violando las disposiciones del decreto. En la práctica, quienes se encargan de que la población cumpla con las medidas son las Fuerzas Armadas; la policía, incluida la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que han estado implicadas en ejecuciones extrajudiciales; y grupos armados partidarios del régimen conocidos como “colectivos”, que colaboraron con la represión a opositores en 2014 y 2017.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó en julio que hubo una “aplicación discrecional” del estado de emergencia por parte de militares, fuerzas del orden y autoridades locales. La Oficina de la ACNUDH ha documentado, asimismo, que los colectivos han intimidado y atacado a opositores políticos, manifestantes y periodistas antes y durante la pandemia, y han controlado el cumplimiento de las medidas de confinamiento en zonas populares.

A partir de un análisis de casos reportados por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación venezolanos, HRW identificó casos en los cuales 162 personas habrían sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre marzo y junio. La ONG Foro Penal informó que hubo 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio.