Resistencia a las nuevas tecnologías

Uber y Cabify dicen que dejan Barcelona por presión del taxi

Generalitat establecerá que los vehículos con esas aplicaciones se contraten con una hora de antelación.

Con chalecos amarillos como en Francia, huelga de taxistas en Madrid y Barcelona. Foto: EFE
Con chalecos amarillos como en Francia, huelga de taxistas en Madrid y Barcelona. Foto: EFE

En Madrid y Barcelona los taxistas están en huelga reclamando una nueva reglamentación para los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que operan con Uber y Cabify. Los taxistas exigen a los gobiernos regionales de Madrid y Cataluña regular sobre todo el periodo mínimo de antelación para contratar un vehículo VTC.

Tanto el gobierno español como el sector turístico mostraron su preocupación por el impacto de las protestas, que en el caso de Madrid se producen al inicio de dos grandes eventos: Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, y la Semana de la Moda.

En Barcelona, el gobierno regional ofreció ayer martes una propuesta por la cual elevarán hasta una hora (frente a los 15 minutos originales) la antelación obligatoria para contratar un VTC. Las asociaciones de taxistas votarán hoy miércoles si aceptan.

"Chantaje".

En cambio, representantes de Uber y Cabify advirtieron que abandonarán Barcelona si esa propuesta sale adelante, porque consideran que el gobierno regional catalán "ha cedido al chantaje" de los taxistas.

El presidente de la patronal catalana de los VTC, Josep Maria Goñi, anunció que, como consecuencia, Uber y Cabify se verán obligadas a dejar de operar en Barcelona.

"La Generalitat ha cedido ante el chantaje del taxi. Las VTC abandonaremos Barcelona. El decreto catalán nos obliga a cerrar. El taxi ha ganado", dijo Goñi. Cabify, en una nota de prensa, matizó que todavía no habían tomado la decisión.

Una hora antes de la comparecencia de Goñi, el líder del movimiento de taxistas, Alberto Álvarez, había salido triunfante de la reunión con los delegados de la Generalitat. Álvarez informó a sus compañeros: "Hay muchos aspectos que se van a aprobar pronto. Entre ellos el de suprimir la capacidad de Uber y Cabify de utilizar la geolocalización".

El decreto de la Generalitat por el que los taxistas fueron a la huelga prevé la obligación de que, para contratar un coche VTC, sea necesaria una antelación de 15 minutos.

El ejecutivo catalán matizó que mantendrá esta antelación, pero el Área Metropolitana de Barcelona (presidida por la alcaldesa Ada Colau), redactará "antes de las elecciones municipales" un reglamento donde figurará la contratación de VTC con una hora de antelación.

Según Goñi, en la ciudad de Barcelona unas 3.000 familias dependen de las VTC que operan con Uber y Cabify.

Madrid no cede.

En cambio, en la capital española, el presidente del gobierno regional madrileño, Ángel Garrido, declaró que no está dispuesto a legislar "para eliminar un sector", por mucho que se emprendan "acciones de fuerza".

Las reuniones de negociación se produjeron en la tarde de este martes después de que los taxistas realizaron distintos bloqueos en algunas de las principales vías de ambas ciudades, incluso con algunos incidentes con conductores de vehículos VTC.

Además, otra caravana de taxistas cortó la M-40, una de las vías de circunvalación de Madrid y otra la autovía A-2, una de las principales formas de acceso al aeropuerto.

En Madrid, un taxista se encuentra en estado "muy grave", según un portavoz del hospital La Paz, tras ser arrollado por un vehículo VTC durante un bloqueo. El paro de taxistas cumplió ayer martes su quinto día en Barcelona y su segundo en Madrid.

En Barcelona, un millar de taxistas realizó una marcha lenta a pie por el centro de la ciudad hasta la sede del departamento del Gobierno regional que es responsable de este sector.

La última reforma que hizo el gobierno español, el año pasado, delegó la regulación del sector a los gobiernos regionales, y éstos ahora intentan traspasar algunas de estas competencias a los ayuntamientos.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió "sentido común" a todas las partes implicadas para llegar a un acuerdo de consenso y reclamó al Gobierno catalán que no "pase" su responsabilidad a los ayuntamientos.

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