La ola migratoria de centroamericanos

Los migrantes deberán presentarse en la frontera y probar persecución.

AFP, REUTERS, EFE

WASHINGTON

El gobierno de Donald Trump dispuso ayer viernes que aquellos que ingresen ilegalmente a Estados Unidos ya no podrán solicitar asilo. La drástica resolución, firmada por el presidente antes de partir a París a los festejos por el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, llega cuando varias caravanas de migrantes centroamericanos se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos.

"Queremos que la gente ingrese a nuestro país, pero tiene que ingresar legalmente", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir a París, llamando a la oposición demócrata a legislar sobre el tema de la inmigración.

En el decreto, Trump dice que busca salvaguardar el "interés nacional" ante el avance de las caravanas de centroamericanos. "La continua migración masiva de extranjeros sin base legal para ingresar a Estados Unidos por nuestra frontera sur ha precipitado una crisis y socava la integridad de nuestras fronteras", señaló. "Por lo tanto, debo tomar medidas inmediatas para proteger el interés nacional y mantener la efectividad del sistema de asilo para los solicitantes de asilo legítimos, que demuestren que han huido de la persecución y justifiquen los muchos beneficios especiales asociados", añadió Trump.

La medida no afectará a ningún extranjero que pida protección presentándose debidamente en un puesto fronterizo, ni a ningún residente permanente legal en Estados Unidos. Tampoco alcanzará a los menores de edad que viajen solos.

La orden ejecutiva, que rige desde la pasada medianoche, estará vigente por 90 días, eventualmente renovables. Pero la administración Trump explícitamente busca que el gobierno mexicano se haga cargo del tema, al estipular que el decreto dejaría de estar en vigor si antes se llega a un acuerdo que "permita a Estados Unidos expulsar a extranjeros a México".

Para eso, el decreto señala que el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos consultarán con el gobierno mexicano sobre cómo "desalentar, disuadir y hacer retornar" a los grupos de extranjeros antes de que ingresen a Estados Unidos.

Según el gobierno estadounidense, las patrullas fronterizas registraron más de 400.000 ingresos ilegales en 2018. Y en los últimos cinco años, el número de solicitantes de asilo ha aumentado en un 2.000%, desbordando el sistema, que tiene más de 700.000 casos acumulados para procesar.

Las autoridades estadounidenses consideran que como México es el primer "país seguro" al que llegan los migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, las solicitudes de asilo deben presentarse allí. "Sin duda, México es un país seguro para estas personas que huyen de la persecución", dijo ayer viernes a periodistas un funcionario del gobierno. "Deberían buscar protección en México", señaló.

Estados Unidos manda regularmente a inmigrantes mexicanos indocumentados de regreso a su país, pero ha tenido dificultades para obtener cooperación para repatriar a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.

A pesar de las severas advertencias de Trump, miles de centroamericanos que dicen escapar de la violencia y la pobreza en sus países marchan actualmente a través de México en busca del "sueño americano". La principal caravana, que desató la oleada migratoria, partió el 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras. Pero de los más de 5.500 integrantes, en su mayoría hondureños, que estaban alojados en los últimos días en un albergue en Ciudad de México, sólo unos cientos reanudaron ayer viernes su marcha hacia Estados Unidos.

A este grupo le siguen a la distancia dos más, con unos 2.000 migrantes cada uno.

Trump acusa a los migrantes de protagonizar una "invasión" y para contenerlos dispuso el envío de miles de soldados a la frontera sur. El lunes, unos 4.800 soldados fueron desplegados (1.100 en California, 1.100 en Arizona y 2.600 en Texas), informó el Pentágono, que dijo que "pronto" espera tener más de 7.000 soldados en servicio activo en la zona. Unos 2.100 reservistas de la Guardia Nacional llevan ya varios meses en la frontera.

Horas después de la firma del decreto por parte de Trump, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) dijo que Estados Unidos debe garantizar que toda persona que llegue al país huyendo de la violencia o la persecución reciba protección "sin obstrucciones".

Ayer viernes, se conoció que los arrestos en la frontera sur de Estados Unidos de inmigrantes indocumentados alcanzaron el pasado mes de octubre la mayor cifra (50.975) desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.

La cifra representa un 22,87% más respecto al mes de septiembre (41.486) y exactamente el doble que en octubre de 2017 (25.488), según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos.

De los 50.975 detenidos en octubre, 4.991 eran menores de edad no acompañados y 23.121 viajaban en familia, esta última también marca récord en la Presidencia de Trump.

Los candidatos latinos en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos lograron un récord de bancas en el Congreso y en cargos estatales, aumentando la representación política de la principal minoría del país y consolidándose como opositores al presidente Donald Trump.

El 116º Congreso de Estados Unidos, que asumirá el próximo 3 de enero, tendrá el mayor número de hispanos de su historia, la mayoría del partido Demócrata, que arrebató el control de la Cámara de Representantes al gobernante partido Republicano.

En la Cámara baja habrá 37 miembros de origen latino, tres más que ahora, según datos del Fondo Educacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (Naleo en inglés) y medios de comunicación. En el Senado, donde Trump conservó la mayoría, los dos latinos que defendían su banca, el demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey y el republicano Ted Cruz de Texas, las retuvieron. Así, junto al republicano Marco Rubio (Florida) y la demócrata Catherine Cortez-Masto (Nevada), los hispanos en la Cámara alta seguirán siendo cuatro.

Los latinos que competían por cargos ejecutivos estatales en 36 estados también superaron su marca actual, pasando de 13 a 14, dijo Naleo, que destacó la representación hispana creciente en todo el país, más allá de centros tradicionales de población latina, como Texas, California y Florida. "Ya no existe un distrito latino o no latino", dijo Arturo Vargas, director del Fondo Educacional de Naleo.

De los 59 millones de hispanos en Estados Unidos (18% de la población total), 29 millones eran elegibles para votar, según el centro de investigación Pew. (AFP)