ESTADOS UNIDOS

Joe Biden firmó ayer lunes una orden ejecutiva para pedir a las agencias de la Administración federal, con un gasto anual de 600.000 millones de dólares, que a la hora de contratar opten por suministros y proveedores estadounidenses para impulsar la industria y apoyar el empleo. El decreto del Presidente de Estados Unidos tiene como objetivo “aumentar las inversiones en la industria manufacturera y en los trabajadores”, indicó la Casa Blanca.

Este alarde proteccionista ha puesto en guardia a los principales socios comerciales de EE UU, con Canadá y varios países europeos a la cabeza. Prueba de que la relación comercial transatlántica puede atravesar turbulencias por la política del Made in America (Hecho en Estados Unidos, en inglés) de Biden es el hecho de que en los contactos telefónicos que este fin de semana mantuvo con el primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente francés, Emmanuel Macron, el apartado comercial no figuró en la agenda, según el comunicado oficial de la Casa Blanca.

La orden de Biden tiene como objetivo impulsar la producción nacional y salvar empleos industriales mediante el aumento de la inversión en las industrias manufactureras y los trabajadores. El decreto reduce la posibilidad de incumplimiento de las normas ya existentes -la Ley de Compra de Productos Estados Unidos de 1933, todavía vigente- que exigen a las autoridades federales dar prioridad a la compra de productos fabricados en EE.UU., y que hasta ahora venían aplicándose de una forma laxa según la nueva Administración. La revisión legal pretende corregir las lagunas que aprovechaban algunas instancias federales para comprar productos hechos en EE.UU. a empresas que solo fabrican en territorio estadounidense una parte mínima de su producción.

El decreto presidencial pretende asegurar que las nuevas empresas tengan acceso a las licitaciones. “Estas inversiones contribuirán a crear trabajos sindicalizados y bien remunerados y a reconstruir mejor nuestra economía para que todo el mundo tenga una oportunidad justa de ser clase media”, ha indicado la Casa Blanca. Varios mantras reunidos en la misma frase: reconstrucción económica, justicia social y clase media, guiños habituales del Biden candidato en busca del voto. Lo que él llama la “espina dorsal” de la economía estadounidense.

Este impulso del Made in America beneficiando a las empresas y los productos nacionales en los contratos del Gobierno federal -quedan al margen los Estados y la Administración local- puede convertirse en el primer punto de fricción -o la contradicción más palmaria- en el intento de Biden de abrazar la multilateralidad que Donald Trump rehuyó durante su mandato. Es cierto que el nuevo presidente repitió durante la campaña electoral el leitmotiv de consumir productos locales, un guiño indisimuladamente populista, a lo Trump, que resonó en los Estados más en disputa, como Pensilvania.

Cómo encajar la apuesta por la apertura al mundo y esta suerte de trinchera comercial de tintes nacionalistas es la incógnita.

La medida de Biden recuerda políticas de Administraciones precedentes, que hallaron su máximo exponente en la guerra de aranceles que Trump declaró a medio mundo, y de la que varios países de la UE, entre ellos España, han sido objeto, incluso hasta el intercambio de sanciones. Pero, lejos de entablar nuevas o añejas guerras comerciales -la actual con China está lejos de alcanzar el armisticio-, tiene una derivada interesante: Biden empodera como importante actor económico a la Administración federal, a la que también obligará a pagar un mínimo de 15 dólares la hora a sus empleados, según otra orden ejecutiva que firmó el viernes.

“Los dólares que gasta el Gobierno federal son una herramienta poderosa para apoyar a los trabajadores y fabricantes estadounidenses. Solo las adquisiciones públicas representan anualmente casi 600.000 millones de dólares de gastos federales”, señaló un funcionario de la nueva Administración, citado por la agencia Afp.

Un movimiento que puede suscitar recelo entre los partidarios de aligerar el peso del Estado, incluidos los legisladores demócratas más centristas o moderados.