Es un tiempo de dificultades y turbulencias para las tres presidentas del Cono Sur. Michelle Bachelet (Chile) y Dilma Rousseff (Brasil), en el comienzo de su segundo mandato y Cristina Fernández (Argentina) en el final de su segundo periodo de gobierno —en octubre habrá elecciones presidenciales y dejará el cargo a comienzos de diciembre— enfrentan situaciones adversas que plantean enormes desafíos y obstáculos a su desempeño en el gobierno.

Chile parecía estar al margen de problemas derivados de la corrupción. Pero, en los últimos tiempos han surgido casos que no solo afectan al entorno de la presidenta Bachelet, sino también a miembros de su gobierno y partidos de la derecha.

Un escándalo en el ámbito inmobiliario salpicó al hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos y a su nuera, Natalia Compagnon.

Bachelet indicó que ella, como casi todos los demás, se enteró de los tratos de negocios de su hijo a través de informes noticiosos en febrero, cuando lo acusaron de intentar asegurar un préstamo por US$ 10 millones con la ayuda de uno de los hombres más ricos de Chile, Andrónico Luksic.

El banco controlado por la familia de Luksic otorgó el préstamo un día después de que Bachelet fuera reelegida en diciembre de 2013, suministrándole el dinero a una empresa perteneciente parcialmente a la nuera de Bachelet, según los investigadores. La empresa usó el préstamo para comprar tierra que fue revendida a las pocas semanas, en un trato que generó una ganancia estimada en varios millones de dólares.

El caso sigue bajo investigación, aunque cualquiera sea la situación legal, ha acentuado una fuente de tensión sobre la política y los negocios chilenos: el uso de conexiones con la élite para ejercer influencia y obtener riqueza.

Haciendo de la necesidad virtud, Bachelet anunció, a fines de abril, un severo plan para luchar contra la corrupción y lo vinculó con la elaboración de una Constitución totalmente democrática que ponga fin a los últimos resquicios legales de la dictadura.

Meses atrás, cuando estallaron los primeros escándalos, pareció que el problema de la corrupción afectaba solo a la derecha, varios de cuyos representantes se vieron salpicados por la financiación irregular de sus campañas electorales. El gobierno dejó que la oposición, ya bastante maltrecha de por sí, se desangrara con el continuo desfile de políticos y empresarios ante la Fiscalía.

Pero, la situación cambió cuando las sospechas alcanzaron a la oficialista Nueva Mayoría y al gobierno. La confianza de los chilenos en sus instituciones y en especial de la presidenta, se empezó a fracturar.

Bachelet demoró varias semanas en condenar explícitamente los negocios inmobiliarios de su nuera, que salieron a la luz por una denuncia periodística. Pero, luego lo hizo en términos claros al señalar que "los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado". Agregó que "tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas de los planos reguladores".

El escándalo afectó a su hijo, quien se vio forzado a renunciar al cargo sin retribución económica de Director Sociocultural de la Presidencia.

Pero, surgieron otros casos que llevaron el jueves pasado a la Fiscalía Nacional a acusar a cinco políticos de la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI) por su presunta vinculación en la financiación ilegal de campañas electorales a través de las empresas del Grupo Penta y la minera Soquimich. Las dos empresas son sospechosas de financiar a políticos mediante el pago de boletas de honorarios por servicios nunca prestados. La Fsicalía cree que los cinco políticos entregaron facturas falsas a esas empresas para recaudar fondos para sus actividades políticas.

En el ojo del huracán quedó Rodrigo Peñalillo, quien hasta el jueves pasado fue ministro del Interior y es considerado el "hijo político" de la presidenta. Se revelaron sospechas de su involucramiento en la financiación irregular de la actividad política.

Nadie ha cuestionado la honradez de la presidenta Bachelet. Pero, consciente de que la fama de Chile como país incorruptible empezó a resquebrajarse y el prestigio internacional quedó en entredicho, la mandataria decidió tomar las riendas de la situación y designó a una comisión de expertos a los que dio un plazo de un mes y medio para que presentara una batería de medidas anticorrupción. El 28 de abril, anunció, por cadena nacional de radio y televisión, un duro plan contra la corrupción que contiene proyectos de ley y medidas administrativas.

El programa combina medidas preventivas, como la eliminación de los aportes anónimos y reservados a las campañas electorales, el control de las recalificaciones urbanísticas y la creación de un registro de lobistas, así como acciones punitivas como la pérdidas de la banca a los legisladores que incumplan las normas de gasto electoral.

Dilma Rousseff enfrentó reclamos populares en las calles de las principales ciudades de Brasil, poco antes del Mundial de Fútbol de 2014, pero dio respuesta a varios reclamos ciudadanos que consideró justos —caso de los cuestionamientos a las tarifas del transporte público— y logró aquietar las aguas.

En las elecciones de octubre de de 2014, Rousseff triunfó en la primera vuelta, pero sin el porcentaje necesario para evitar un balotaje, en el que enfrentó y venció al líder del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña, senador Aécio Neves por la estrecha diferencia de 51,6% a 48,3%.

Dilma inició su segundo mandato presidencial el 1° de enero de este año, pero desde hace varias semanas lucha por salir adelante, debido a que la gran empresa petrolera, Petrobras, que ella supervisó hace algunos años, fue golpeada por un escándalo de sobornos que estremece al país, y a todo el arco parlamentario, incluyendo a la fuerza políca oficialista, el Partido de los Trabajadores (PT), que tiene como su figura histórica al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La Fiscalía determinó que no hay ningún mérito para juzgar a la presidenta Rousseff ni al líder opositor, el senador Neves.

La perspectiva complicada que ya tenía Rousseff es agravada por los pronósticos de contracción económica en el corriente año. El gobierno revisó a la baja sus cálculos para 2015, estimando una caída de 0,9%, aunque proyecta un crecimiento económico de 1,3% en 2016, según los lineamientos del Presupuesto. Asimismo, estableció una meta de superávit primario presupuestal equivalente al 2% del Producto Interno Bruto para 2016. El objetivo para este año es de 1,2% de superávit. Pero, muchos analistas estiman que ese objetivo está fuera de alcance, debido a la desaceleración de la economía.

La reacción de los ciudadanos ante el caso de Petrobras y sus ramificaciones, así como la situación económica, suscitaron una protesta de alcance histórico, el domingo 15 de marzo, que reunió a más de dos millones de personas en las calles de 147 ciudades a lo largo de Brasil. En las manifestaciones se reclamó al gobierno que ponga fin a la corrupción y se pidió el juicio político de la presidenta Rousseff.

Después de la impresionante movilización —Rousseff siempre ha defendido la libre expresión ciudadana sin violencia porque señala que es parte de la vida en democracia— la presidenta anunció siete medidas de combate a la corrupción.

Las medidas incluyen penas de 3 a 6 años para el delito de adulteración y ocultamiento de información ante los organismos de fiscalización electoral, y de 3 a 10 años por ocultar o disimular el origen, la localización y movimientos de valores o bienes para fines electorales provenientes de fuentes prohibidas por la ley.

También estipula la confiscación de los bienes, propiedades o valores que provengan de actos criminales o de improbidad administrativa o que su naturaleza los haga incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de la persona en cuestión. Esto requiere una enmienda constitucional.

Entre las medidas, está el pedido de urgencia para permitir la enajenación anticipada de bienes y la tipificación del enriquecimiento ilícito, que castiga la posesión, adquisición o uso de bienes incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de los funcionarios. La pena será de 3 a 8 años.

Uno de los proyectos reglamenta la ley anticorrupción, fijando multas de 0,1% al 20% para desvíos de fondos contra la administración pública.

Las medidas no impidieron una segunda movilización popular, que se desplegó el domingo 12 de abril, aunque tuvo menor convocatoria que la primera vez, con la participación de 700.000 personas en las manifestaciones.

Ahora, los principales sindicatos convocan a una jornada de protestas el viernes 29 de mayo contra los ajustes a la economía anunciados por el gobierno. La jornada es organizada por seis sindicatos, entre los que está la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor del país, vinculada al oficialista PT. La movilización prepara una posible huelga general que se convocaría si el Congreso aprueba la ley de tercerización, que permitirá a las empresas externalizar cualquier sector de su negocio que deseen. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y debe ser analizada por el Senado. Los sindicatos y el PT se oponen al proyecto porque estiman que significará una pérdida de derechos para los trabajadores y un aumento de la precariedad laboral. Los sindicatos también se oponen a los planes de ajuste anunciados por el gobierno para equilibrar las finanzas públicas, que comprenden recortes en el pago de algunos subsidios laborales y pensiones.

El panorama político y social sigue muy complicado para Rousseff.

Michelle Bachelet retornó al gobierno en marzo de 2014, después de triunfar en las elecciones, en las que concitó amplio apoyo ciudadano. Ahora, el panorama cambió para la presidenta, ya que las últimas encuestas sitúan su popularidad en 29%. Bachelet pidió la renuncia a sus ministros, el jueves, para remodelar el gabinete en un intento por frenar la crisis política que sacude al gobierno tras 14 meses de gestión.

El ministro de Economía, Joaquim Levy , afirmó que el mayor riesgo que enfrenta Brasil es el de un desequilibrio fiscal. Por ello, en el enfoque del ministro, no se puede pensar que todo impuesto es malo.

"Obviamente, los recursos para la gestión del gobierno, del Estado, son limitados, principalmente porque son producidos por la sociedad como un todo. El gobierno no genera dinero. El gobierno recibe la responsabilidad de administrar los recursos que son generados por la sociedad", afirmó Levy, en un seminario sobre política fiscal, realizado en Brasilia. "No se puede seguir trabajando con la premisa de que se puede continuar aumentando de manera permanente la carga tributaria. Por otro lado, el mayor riesgo que corre Brasil es el de un desequilibrio fiscal. Entonces, tampoco se puede entrar en un razonamiento de que todo impuesto es malo, de que hay que reducir los impuestos sin pensar lo que está ocurriendo del lado del gasto. Si la economía no tiene equilibrio, hay costos crecientes y se entra en un impasse fiscal que es malo para la sociedad y la actividad económica".

Levy dijo que se debe hacer una permanente evaluación de la efectividad y eficiencia del gasto, así como tener objetivos y una estrategia clara en esa materia. Afirmó que "no se puede gastar de manera irresponsable y dejarle la cuenta al próximo gobierno".

Destacó que si en un país se genera desequilibrio fiscal "todo el escenario comienza a deteriorarse, empezando por la inflación". (FUENTE: O GLOBO / GDA).

Bachelet, Rousseff y Cristina Fernández gobiernan en un clima adversoAFP, ANSA Y EFE