Crisis política en Venezuela

Trama de corrupción de US$ 1.000: en Pdvsa

EE.UU. reúne pruebas contra altos directivos venezolanos.

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Las investigaciones sobre lavado de dinero y corrupción llegan a altos niveles en Venezuela.

El Gobierno de EE.UU. ha seguido la pista a mil millones de dólares, vinculados a cinco altos directivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que supuestamente recibieron sobornos de dos empresarios venezolanos, según documentos judiciales a los que accedió Efe.

Esta es la primera vez que EE.UU. formula en documentos públicos acusaciones de este calibre desde que medios locales desvelaran en mayo la investigación que supuestamente Estados Unidos ha emprendido contra altos mandos de Venezuela, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Diosdado Cabello.

En escritos judiciales de una Corte de Texas, accesibles ahora al público, el Gobierno estadounidense sostiene que, entre 2009 y 2014, dos empresarios venezolanos, Roberto Rincón y Abraham Jose Shiera, pagaron mil millones de dólares a directivos de la empresa petrolera venezolana a cambio de contratos. El escrito menciona a cinco ejecutivos de Pdvsa, a los que no identifica por su nombre y que supuestamente recibieron sobornos en forma de dinero y regalos, entre los que se incluían comidas, viajes, whisky y hasta una noche en un lujoso hotel de Miami Beach (Florida).

De los mil millones de dólares ligados a esta trama corrupta, 750 millones están vinculados solo a Rincón, que decidió desembolsar 2,5 millones de dólares en sobornos a un solo alto cargo, según figura en la orden que cursó la jueza tejana Nancy K. Johnson para mantener en prisión provisional a Rincón.

Cuentas en Suiza.

La investigación de EE.UU. cubrió 730 cuentas bancarias, muchas de ellas en Suiza y al menos una en Panamá, según los documentos. De esas cuentas bancarias, la Justicia estadounidense vincula 108 a Rincón, que tenía una relación de "amistad" con Hugo Carvajal, exdirector de la inteligencia militar venezolana, a quien EE.UU. reclama por delitos de narcotráfico relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que fue detenido en 2014 en la isla de Aruba, territorio holandés.

Entonces, las autoridades holandesas pusieron en libertad a Carvajal, hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez, que pudo volver rápidamente a Venezuela donde recibió el apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro, que calificó el incidente de "secuestro".

"Rincón tiene una estrecha relación con Hugo Carvajal, un general retirado al que busca la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tráfico de drogas", afirmó en su escrito la jueza Nancy K. Johnson.

Las acusaciones develadas ayer confirman que la empresa Petróleos de Venezuela es uno de los objetivos de los fiscales estadounidenses, que tratan de averiguar si el Gobierno de Venezuela ha usado la petrolera estatal para lavar dinero procedente del narcotráfico, según informó en octubre The Wall Street Journal.

"Estados Unidos está persiguiendo varias pistas a la vez", dijo a Efe el presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, Michael Shifter, que cree que las supuestas investigaciones por narcotráfico "tensarán aún más las relaciones entre los dos países", sin embajadores desde 2010.

Las pesquisas parecen centrarse también en las fuerzas de seguridad del país caribeño, entre los que destacan los expolicías Jesús Alfredo Itriago y Pedro Luis Martín Olivares, este último también amigo de Carvajal, y contra los que Estados Unidos presentó en septiembre cargos por narcotráfico.

En los despachos de Florida y Nueva York, también parece estar preparándose una causa contra el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Reverol, y el exoficial de la unidad antidrogas Edilberto Molina, según develó este mes The New York Times.

Mientras los fiscales guardan silencio sobre la supuesta investigación, en la arena diplomática las tensiones entre los dos países se complican a medida que los medios sacan a luz nuevas piezas del rompecabezas judicial, al que Caracas ha reaccionado con dureza, acusando a EE.UU. de "terrorismo judicial".

Cauteloso pero constante, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sigue manteniendo desde 2008 en su "lista negra" de personas vinculas al tráfico de drogas a importantes figuras venezolanas, como Carvajal y Henry de Jesús Rangel Silva, actualmente gobernador del estado de Trujillo y exministro de Defensa. El siguiente punto al que los analistas miran para explicar el futuro de los dos países es la instalación de la nueva Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, cuando está previsto que la oposición asuma la mayoría calificada que ganó en las elecciones legislativas.

Oposición recusa a 5 jueces del Supremo.

La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) recusó ayer a los cinco magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) encargados de decidir sobre la impugnación de 8 de sus 112 diputados electos el pasado 6 de diciembre. "Solicitamos la recusación de todos estos magistrados que están evaluando las impugnaciones por su total compromiso y vinculación al PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y las partes interesadas", dijo a periodistas el recién electo diputado por la MUD Simón Calzadilla, frente a la sede del máximo tribunal. Según el opositor, la Sala Electoral del Tribunal Supremo, encargada de decidir sobre la impugnación de 8 diputados opositores, solicitada por candidatos chavistas que fueron derrotados en las respectivas circunscripciones, tiene vínculos estrechos con el gobernante PSUV. "Hoy revisando la composición de la sala, resulta que uno de los magistrados que va a decidir es Cristhian Tyrone Zerpa, que se autodesignó, votando por sí mismo, magistrado del TSJ", afirmó Calzadilla, uno de los opositores impugnados. Calzadilla explicó que Zerpa formaba parte del Parlamento saliente de mayoría oficialista que el pasado 23 de diciembre designó a 13 magistrados del Supremo, incluyéndole, un proceso que la oposición calificó de "inconstitucional".

Asimismo aseguró que la magistrada que preside la Sala Electoral es una persona "de confianza" de Elvis Amoroso, uno de los chavistas que solicita la impugnación.

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