ARGENTINA

La trama de corrupción lleva a Cristina Kirchner a un juicio oral

Las revelaciones de los cuadernos de las coimas, que hizo Diego Cabot en La Nación, tienen nueva repercusión en el juicio a Cristina Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta argentina. Foto: La Nación (GDA)
Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta argentina. Foto: La Nación (GDA)

De a poco, los momentos procesales se agotan. Y las salvaciones masivas de empresarios y exfuncionarios que se pregona desde lo más alto del poder, ya tienen menos despachos donde ser interpuestas. O por lo menos, se posponen a para otra instancia y quedan más libradas a la política que al derecho penal.

En una resolución de 92 páginas, el juez Claudio Bonadio elevó a juicio la última parte más importante que quedaba aún en etapa de instrucción. De esta manera, toda la parte neuronal de la causa que se inició con la denuncia realizada el 10 de abril del año pasado ya quedó a instancias de un juicio oral.

¿Qué significa esto? Que los hechos que se ventilan, y que tiene que ver con la cartelización de la obra pública y el pago de sobornos en las áreas viales, energéticas o de transporte, quedaron probados por un juez que decidió procesar a más de 115 personas. No solo eso, cada una de esas elevaciones, ya tuvo, al menos, una confirmación de la Cámara Federal.

Esta vez marchó para el tribunal oral el expediente llamado “cartelización de la obra pública”, donde se investigó las maniobras de entrega de licitaciones de Vialidad Nacional a una treintena de empresas constructoras que, a su vez, pagaban retornos vía la oficina de Ernesto Clarens, un financista que trabajó de la mano de los funcionarios del organismo y que declaró en la causa como arrepentido.

La lista de 51 procesados más está, nuevamente, encabezada por Cristina Elisabet Fernández, como se la nombra en Tribunales, por Julio Miguel De Vido, José Francisco López y Clarens, todos ellos por 174 hechos cada uno. Además, también están los jerarcas de Vialidad Nacional que entonces tenían funciones (Nélson Periotti, Sandro Férgola, Sergio Passacantando y Germán Nivello. Los demás, 43 empresarios de la construcción como Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta (Electroingeniería); Carlos Wagner; Aldo Roggio; Hector Sánchez Caballero y Ángelo Calcaterra (Iecsa); Hugo Dragonetti, de Panedile; Fabián López, de CPC, la constructora de Cristóbal López, y José Cartellone, entre otros.

Esquema de corrupción estatal.

De esta manera, según el recuento que hace el juez, hay “78 personas imputadas, que confesaron haber formado parte y/o afirmaron la existencia de este esquema de corrupción estatal -tanto en relación a la concreción de los pagos ilegales como en la recepción y distribución de los mismos, en el seno de la administración pública nacional, y hasta la cúspide máxima-, al igual que aquéllos sujetos que admitieron haber integrado la estructura conformada para lavar parte del dinero ilícito recaudado por la organización.

Sobre ese grupo de imputados, ha recaído auto de procesamiento, confirmado por el un tribual de alzada respecto de 63, cuando la totalidad de los procesados en estos expedientes, asciende a 115 personas. “Es decir que, más del 50% de los procesados, ha reconocido el mecanismo de recaudación ilegal de dinero, involucrando tanto a los empresarios particulares como a los funcionarios públicos”, concluye el juez.

Juez Claudio Bonadio. Foto: AFP
Juez Claudio Bonadio. Foto: AFP

Pero, quizá, la parte más importante de la resolución es aquella donde se repasan algunos de los ejemplos en los que se logró establecer la trazabilidad del dinero y en los que consta que efectivamente, hubo retiros de dólares, o pesos, y que se desconoce el destino final de esos billetes.

La causa tomó cuerpo de la mano de las declaraciones y las pruebas colectadas, mucho más allá de lo que anotó el chofer Oscar Centeno y luego verificó y denunció La Nacion.

Para ilustrar, sirve una cita de Bonadio sobre los dichos de Aldo Roggio, uno de los empresarios más poderosos del país. El histórico constructor dice que fue extorsionado y que los casos por él reconocido fueron exigencias indebidas e Íntimidatorias de funcionarios que lo amenazaban permanente de que podían demorar y hasta anular el pago de los certificados de obras pendientes o sufrir otros males económicos. La defensa jamás niega los hechos, sino que dice que no sería el delito de cohecho el que se encuadra en la conducta. “Además, en el escrito se sostiene que Aldo Roggio no pretendió obtener ningún favor indebido de la administración pública sino que en realidad él recibió presiones de agentes del Estado para “colaborar” con aportes. Concluyen que su asistido fue víctima de una intimidación extorsiva que lo colocó en rehén” de los funcionarios públicos y que no tuvo un auténtico ejercicio de libertad”, refiere el escrito de elevación a juicio en la página 49.

Así se llegó la prueba de la causa de corrupción más grande de la historia, que con 115 procesados ya espera que se lleve adelante el juicio oral. Mientras tanto la política prefiere decir que se trata de persecusión y los pagadores y recaudadores, que son presos políticos.

Proclama de CFK.

El 2 de diciembre, cuando solo quedaba una semana para asumir como vicepresidenta -después de ganar las elecciones del 27 de octubre en la fórmula presidencial que encabezó Alberto Fernández- la líder del peronismo kirchnerista debió declarar por primera vez en un juicio y se mostró muy crítica con su situación.

“Seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare (judicialización de la política), tiene la condena escrita. No me interesa. He elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí, me absolvió la historia y me va a absolver la historia y a ustedes seguramente les va a condenar la historia”, concluyó Cristina Fernández, para levantarse sin aceptar responder preguntas de los jueces.

En los últimos meses del año, la Justicia ha tomado diversas decisiones respecto a algunos de los ex altos cargos de los gobiernos de Kirchner y Fernández, entre las que se incluyen excarcelaciones, absoluciones y sobreseimientos.

Varios casos investigados

Grupo Roggio. Entre marzo de 2008 y septiembre de 2009, se extrajeron US$2,041 millones de sus cuentas bancarias; en tanto que, entre enero y julio de 2009, un ejecutivo de la firma cobró 549 de los 583 cheques pagados por ventanilla, respecto de la firma “Benito Roggio e Hijos SA.”, por un monto total de $ 22.236.000 (US$6.045.336).

Electroingeniería. En 2008, se adquirieron y luego se extrajeron US$1.817.000 y 1.838.000 euros; en 2011, se transfirieron US$8.150.000 a cuentas bancarias en Estados Unidos, bajo el concepto de inversiones de portafolio, sin que tales fondos hayan sido informados en rubros que representen ese concepto. El 1° de diciembre de 2008 se adquieren 337.000 euros, y al día siguiente se registra un pago de Ferreyra a Roberto Baratta; el 12 de diciembre de 2008 se extraen US$2.000.000 y el 15 hay un pago de Ferreyra a Baratta; el 13 de octubre de 2010 extraen de las cuentas de la empresa US$3.000.000, y en esa fecha, hay un pago por una suma idéntica, de Jorge Neira a Baratta.

Grupo ODS. Entre abril de 2009 y junio de 2010, se adquirieron y luego se extrajeron US$980.000.

Decavial. Entre 2009 y 2011, registra una diferencia entre la divisa extranjera adquirida y lo expuesto en sus estados contables, de US$5.471.598. En ese período, registra compras de dólares efectuadas dentro de las 48 horas posteriores a los pagos realizados por Vialidad, por un monto total de US$15.728.700. Ese día retiraron US$11.685.000.

Esuco. El 2 de septiembre de 2010, la Unión Transitoria de Empresas “Esuco-Riva” adquiere US$250.000; el 22/09/2010 se retiran por ventanilla U$S 237.050. El destino final se desconoce pero llamativamente esea misma fecha se registra un pago de Wagner a Baratta.

Panedile. El 09 de junio de 2010 se extraen US$1 millón -por intermedio de Hugo A. Dragonetti (h)-, y en esa misma fecha, se registra un pago, por orden del procesado Hugo A. Dragonetti, a Baratta. El 1 de junio de 2009 se realizó un pago ilegal por US$313.300. Dragonetti compró US$313.500 según datos del Banco Central. Se quedó con US$ 200.

Máximo sobreseído en causa por delito electoral
Máximo, el hijo de los Kirchner, al jurar como diputado ayer. Foto: Archivo

El diputado oficialista Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, fueron sobreseídos en una causa judicial por supuestos delitos electorales, informaron a EFE fuentes del ministerio que dirige De Pedro.

Se trataba de una investigación surgida a partir del denominado caso de los “cuadernos de la corrupción” que tenía como objetivo determinar si Kirchner, De Pedro y otros imputados pertenecientes a la organización kirchnerista La Cámpora utilizaron financiación irregular para la agrupación política.

El proceso se había abierto cuando el exsecretario de Obras Públicas durante gobiernos kirchneristas José López, que declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos, nombró a Kirchner y de Pedro como receptores de presuntas entregas de dinero para campañas electorales.

El resto de investigados sobreseídos son José Ottavis, Andres Larroque, Julián Álvarez, de La Cámpora, el empresario Sergio Szpolski y dos exalcaldes kirchneristas, Enrique García y Ricardo Ivoskus.

La jueza María Servini dictaminó que “la falta de requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal conlleva indefectiblemente al archivo” del caso por “no poder proceder”, indicó la agencia estatal de noticias Télam. (Con información de EFE)

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