Trabas para el arresto de al-Bashir

Jartum | La ejecución de la orden de detención emitida el miércoles por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, será un camino sembrado de obstáculos jurídicos y políticos, según expertos en derecho.

"La orden de captura podría ser muy difícil de ejecutar", previene Jan Kleffner, profesor de derecho internacional de la Universidad de Amsterdam.

Al-Bashir, de 65 años, es objeto de una orden de detención de la CPI por crímenes de guerra y contra la humanidad en la provincia sudanesa de Darfur (Oeste). Según cifras de la ONU, unas 300.000 personas murieron en la guerra civil que sacude a esa región desde 2003, 10.000 según Jartum.

El arresto de al-Bashir incumbe a los Estados, ya que la CPI no posee una fuerza de policía propia. Además, el presidente sudanés no puede ser juzgado en rebeldía y el gobierno ya se negó de plano a cumplir la orden.

"Esto acaba de empezar. Es muy complicado", afirma Goran Sluiter, especialista en la CPI en la Universidad de Amsterdam.

Sudán no ratificó el texto fundador del tribunal, el Estatuto de Roma, recuerda Sluiter. Esta estipula que "el gobierno sudanés y todas las otras partes del conflicto en Darfur deben cooperar plenamente con la Corte y el fiscal. Pero ¿qué significa plena cooperación?", se interroga Sluiter. "Los aspectos legales de esta cuestión no se desarrollaron, desafortunadamente", lamenta.

Para la CPI, en cambio, las cosas están bien claras. "La obligación del gobierno sudanés de cooperar con la corte prevalece sobre cualquier otra obligación", dijeron el miércoles los jueces.

En tanto ayer, al-Bashir denunció el "neocolonialismo" occidental al justificar la expulsión de más de diez organizaciones no gubernamentales internacionales de Darfur. Esto podría desestabilizar más, según señalaron ayer las Naciones Unidas, la drástica situación humanitaria en la región. AFP