Rousseff y Bachelet en clima adverso por la economía y casos de corrupción

Tiempos turbulentos

Dilma Rousseff y Michelle Bachelet están ante una perspectiva adversa a raíz del enlentecimiento de la economía y corrupción en el ámbito político

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Dilma Rousseff dijo que existe cierto prejuicio de género al juzgar su gestión. Foto: Reuters

Dilma Rousseff en Brasil y Michelle Bachelet en Chile, dos presidentas de izquierda, enfrentan tiempos turbulentos, de una magnitud como nunca pudieron imaginar, en la etapa inicial de su segundo mandato en el gobierno, en dos países que durante varios años y hasta fecha reciente, se destacaron por el crecimiento económico y la mejora de la situación social.

Cuatro cifras marcan la adversidad que sufre Dilma: una contracción económica estimada por el gobierno en 1,2% para este año —la opinión de los mercados es que la caída será de 1,7% y podría llegar hasta 2%, según los pronósticos más pesimistas— la reducción del superávit fiscal a 0,15% del Producto Interno Bruto (PIB), desde un cálculo previo de 1,1%, el incremento del desempleo a 6.9% en junio, que es la tasa más alta para ese mes desde 2010 y más de dos millones, que fueron las personas que protestaron contra su gestión y pidieron que se le hiciera juicio político, en manifestaciones callejeras el 15 de marzo pasado. Pero también hay un escándalo que golpea a su gobierno y especialmente a su Partido de los Trabajadores (PT) y estremece a todo Brasil: la historia de corrupción en la empresa estatal Petrobras, con ramificaciones en el sistema político.

Este cuadro ha derivado en que su nivel de apoyo ciudadano se haya desplomado al 7,7%, según la encuesta de MDA, realizada por encargo de la Confederación Nacional de Transporte. En junio, la encuestadora Datafolha había detectado que Dilma contaba con 10% de respaldo popular y un nivel de desaprobación situado en 65%.

Además de haber tomado varias medidas para superar el temporal, Dilma siente que hay dualidad de criterios para juzgar a mujeres y hombres que desempeñan la presidencia. "Creo que hay un poco de prejuicio sexual o de género. Me describen como una mujer dura y fuerte que mete su nariz en todo lo que no debería", dijo la presidenta al diario The Washington Post, a fines de junio, antes de visitar Estados Unidos. "¿Usted escuchó alguna vez decir a alguien que un presidente hombre pone su dedo en todo? Nunca escuché algo así". Hace dos semanas, en una entrevista con motivo de su viaje a Rusia, Dilma reconoció que la economía contribuye al descenso del apoyo. "En cualquier país hay caídas de popularidad. La mía deriva de una situación económica bastante adversa. Tengo la seguridad de que eso va a mejorar", indicó.

La mayoría de los brasileños consultados en la encuesta dijo esperar un deterioro del panorama del empleo, la renta, la salud y la seguridad en los próximos seis meses. Solo expresaron expectativa de mejora en la educación.

Más allá de la visión que tiene la presidenta, la mezcla explosiva de caída en la economía y la corrupción extendida hacia los partidos políticos desde Petrobras, le ha creado un clima poblado de obstáculos cuando han transcurrido apenas seis meses del comienzo de su segundo mandato.

En el balotaje de las elecciones presidenciales realizado en octubre derrotó al líder del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PMDB), senador Aécio Neves por apenas 51,6% a 48,3%.

Desde que asumió el 1° de enero su segunda presidencia, todo ha sido cuesta arriba para Dilma, debido a que Petrobras, que ella supervisó hace algunos años, quedó en medio del escándalo de sobornos, con derivaciones hacia las diferentes fuerzas políticas. El oficialista PT, fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, y otros cinco partidos han sido profusamente mencionados en las confesiones de acusados que colaboran con la Justicia a cambio de una reducción de sus condenas.

La Fiscalía estableció que no existe mérito para juzgar a Dilma ni al opositor Neves.

Respuesta.

La presidenta reaccionó de inmediato después de la enorme movilización ciudadana del 15 de marzo que se desplegó en 147 ciudades a lo largo de Brasil. Anunció siete medidas de combate a la corrupción, que incluyen penas de 3 a 5 años para el delito de adulteración y ocultamiento de información ante los organismos de fiscalización electoral, y de 3 a 10 años por ocultar el origen, localización y movimientos de valores o bienes para fines electorales provenientes de fuentes prohibidas por la ley. También incluyó la confiscación de los bienes, propiedades o valores que provengan de actos delictivos o de improbidad administrativa o que su naturaleza los haga incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de la persona en cuestión. Otra medida castiga la posesión, adquisición o uso de bienes incompatibles con la renta o la evolución patrimonial de los funcionarios, con una pena de 3 a 8 años.

Otro proyecto reglamenta la ley anticorrupción, fijando multas de 01,% al 20% en los casos de desvío de fondos contra la administración pública.

Pero, las medidas no lograron frenar el descontento ciudadano, debido a que siguen agregándose capítulos al caso Petrobras. El 20 de julio, la Justicia dictó las primera sentencias contra empresarios implicados con las prácticas corruptas en Petrobras y condenó a entre nueve y quince años de cárcel a tres exdirectivos de una constructora. Los empresarios, que apelan, fueron acusados de formar parte de la red de corrupción que, durante la última década, se apropió de unos US$ 2.000 millones a través de fraudes cometidos en Petrobras, según ha reconocido la propia empresa estatal. El mismo día, la Policía Federal acusó ante la Justicia a cinco ejecutivos de otra empresa constructora como sospechosos de estar involucrados en el escándalo.

La popularidad de Dilma se desmorona a medida que los frentes de conflicto se multiplican. La economía con bajo crecimiento en los últimos cuatro años llevó a que el 60,4% señalara, en la encuesta de MDA, que ese es el problema más grave de Brasil. En segundo lugar aparece la crisis política, con 36,2% de las respuestas.

El sondeo puso en números el impacto sobre el gobierno de la saga de corrupción que generó tensiones en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, así como entre éste y la Suprema Corte que juzgará a los políticos con fueros que son investigados a raíz del escándalo.

El 69,2% responsabiliza a Dilma por el escándalo y el 62,8% expresó estar a favor de la destitución de la mandataria.

La perspectiva se mantiene desfavorable.

Dificultades.

Michelle Bachelet retornó a la presidencia de Chile, en marzo de 2014, con un gran apoyo de los ciudadanos, que habían valorado y respaldado los resultados de su primer gobierno. Pero, todo ha cambiado y no para bien. El Barómetro de Política difundido el martes pasado por la consultora Cerc-Mori reveló que la credibilidad de los chilenos en Bachelet disminuyó a 19% en julio y se ubicó en sus mínimos históricos, en tanto 40% dijo no creer en la mandataria.

La imagen se ha visto afectada por el escándalo en el ámbito inmobiliario que salpicó a su hijo, Sebastián Dávalos y a su nuera, Natalia Compagnon. La percepción negativa no cambió pese a que Bachelet indicó que ella, como casi todos los demás, se enteró de los tratos de negocios de su hijo mediante informes noticiosos, en febrero, cuando lo acusaron de intentar asegurar un préstamo por US$ 10 millones con la ayuda de uno de los hombres más ricos de Chile. El crédito fue otorgado, un día después de que Bachelet fue reelegida en diciembre de 2013, a una empresa perteneciente parcialmente a la nuera de Bachelet, según los investigadores. La empresa usó el préstamo para comprar tierra que fue revendida a las pocas semanas, en un trato que generó una ganancia estimada en varios millones de dólares.

A esa situación se sumaron los casos de corrupción por el irregular financiamiento que dos empresas realizaron a las campañas de políticos oficialistas y opositores y que investiga la Justicia.

A fines de abril, Bachelet anunció un severo plan contra la corrupción y lo vinculó a la elaboración de una Constitución totalmente democrática que ponga fin a los últimos resquicios legales de la dictadura.

Bachelet reconoce lenta recuperación


Nadie cuestiona la honradez de la presidenta Michelle Bachelet. Pero, consciente de que la imagen de Chile como un país incorruptible comenzó a deteriorarse, el 28 de abril anunció el plan contra la corrupción que incluye proyectos de ley y medidas administrativas. Combina la eliminación de los aportes anónimos y reservados a las campañas electorales, el control de las recalificaciones urbanísticas y la creación de un registro de lobistas, así como acciones punitivas como la pérdida de la banca a los legisladores que incumplan las normas de gastos electorales.

Pese a esas decisiones, y al tiempo transcurrido desde que Bachelet las anunció, la encuesta de Cerc-Mori reveló que el 66% cree que el gobierno no hace lo necesario para esclarecer estos escándalos. El barómetro indica que a crisis política se ha profundizado entre enero y julio de 2015, mientras que la población tiene poca confianza en que se puedan esclarecer los casos de corrupción que afectan a todo el sistema político de Chile, que todavía es considerado uno de los más transparentes de la región.

Igual que a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la situación económica afecta al gobierno de Bachelet, después de años de expansión y logros sociales.

"Nos vamos a recuperar, pero es más lento y por tanto, tenemos que ser más cuidadososo y más prudentes, no podemos incrementar el déficit fiscal y tenemos que tomar medidas que nos signifiquen evitar a lo que han tenido que llegar otros países, que terminaron cortando pensiones y beneficios. Eso no no lo vamos a hacer", afirmó Bachelet en declaraciones a Radio Universo, el 14 de julio, después de una reunión de gabinete que analizó la situación del país y el enfoque que tendrá la gestión. Por ello, se limitará el gasto en el presupuesto.

El gobierno tiene bajo nivel de respaldo y enfrenta un escenario económico complicado, de lento crecimiento —este año crecerá 2,9%— y descenso de inversiones. (Fuentes: AFP y EFE)

SABER MÁS

El ministro Levy estima que Brasil se estabilizó


El gobierno de Brasil anunció el miércoles pasado la reducción de la meta de superávit fiscal primario de 1,1% al 0,15% del PIB. "Ajustar la meta no quiere decir reducir el esfuerzo fiscal. Nosotros no tiramos la toalla. Por el contrario, vamos a continuar esta política con mucho vigor", dijo el ministro de Economía, Joaquim Levy a la columnista del diario O Globo, Miriam Leitao, en una entrevista para Globonews.

Argumentó que la política fiscal "debe ser realista y dar más previsibilidad para permitir que las personas tomen decisiones con más seguridad". En la evaluación del ministro, con las medidas tomadas por el gobierno desde comienzos del año, Brasil se estabilizó. "La gente dejó de empeorar desde el punto de vista estructural y comienza a mejorar", afirmó Levy. [O Globo-GDA]

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