EL COMBATE AL COVID-19

Controles militares, medidas de excepción, estados de alarma, confinamientos y toques de queda. Algunos gobiernos están aprovechando la pandemia del COVID-19 para acumular poder y socavar derechos.

“Los gobiernos de mentalidad autocrática ven rápidamente en una crisis como esta una oportunidad para requerir poderes draconianos y mantener el control”, apunta el subdirector de Human Rights Watch (HRW) para Asia, Phil Robertson. “Para algunos, responder a la crisis se traduce en restringir la libertad de expresión, obstruir medios independientes y castigar a activistas”.

En Filipinas, su polémico presidente Rodrigo Duterte ha logrado que el Congreso le otorgue “poderes especiales” bajo la emergencia nacional, lo que le permite actuar sin contar con el Legislativo, modificar los presupuestos a su antojo e intervenir empresas privadas. Grupos civiles y partidos de la oposición han alertado del riesgo de que se implante una “ley marcial de facto” al dar tanto poder a un mandatario que no oculta su poco apego a los cauces democráticos.

La actual pandemia es una oportunidad atractiva para que “protodictadores de todo el mundo construyan un clima de terror del que puedan sacar réditos políticos”, remarca Richard Heydarian, profesor de relaciones internacionales de la Universidad La Salle en Manila.

La organización International Crisis Group, en un informe sobre cómo la pandemia podría alterar el “status quo” global, alerta sobre el peligro de que algunos líderes extiendan por tiempo indefinido algunas medidas como la prohibición de reuniones públicas y protestas, con el fin de aplastar a la disidencia.

Esa posibilidad planea sobre Tailandia, que también ha declarado el estado de emergencia, lo que otorga al primer ministro -el exgeneral golpista Prayut Chan-ocha- plenos poderes para imponer toque de queda y restringir movimientos, pero también para censurar medios o reprimir a la oposición.

Países como Tailandia, Singapur, Malasia, Indonesia o Filipinas han promulgado leyes que sancionan supuestamente la difusión de noticias falsas.

La mordaza a la libertad de prensa en tiempos de pandemia también ha llegado a Egipto, que retiró la acreditación al corresponsal de The Guardian por un artículo que se hacía eco de una investigación que apuntaba a la presencia de 19.000 casos positivos de COVID-19 en la nación. El régimen del general Al Sisi amenazó con la misma sanción al periodista de The New York Times por retuitearlo.

La deriva autoritaria también ha llegado a la Unión Europea, donde el Parlamento de Hungría aprobó este lunes una ley -pese al voto en contra de toda la oposición- que prolonga indefinidamente el estado de emergencia por el coronavirus, lo que permite al primer ministro, el ultraderechista Viktor Orbán, gobernar mediante decreto. Por tiempo indefinido se suspende la actividad parlamentaria y la convocatoria de elecciones. “Esta no es forma de abordar la crisis por la pandemia”, denunció el director de Amnistía Internacional en Hungría, David Vig.

Instituciones como el Consejo de Europa, el Europarlamento, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), o el Instituto Internacional de Prensa han expresado su preocupación por albergar una virtual dictadura en el seno de la UE.

Además de estas señales de autoritarismo, varios gobiernos han sido objeto de críticas por su estrategia para enfrentar al COVID-19.

En España por haber prohibido tardíamente las grandes reuniones, en Francia por la escasez de mascarillas, en Reino Unido por la tardía toma de conciencia del primer ministro Boris Johnson, que a principios de marzo “daba la mano a todos” en los hospitales y ahora dio positivo al COVID-19.

Las últimas encuestas en Francia muestran una caída en la confianza en el gobierno para manejar la crisis. “Llegará el momento de establecer responsabilidad, ese momento llegará, es legítimo y democrático”, dijo esta semana el presidente Emmanuel Macron.

A la salida de esta crisis, la amenaza de una sanción a los gobiernos en las urnas podría convertirse en una realidad. Comenzando en Estados Unidos, que elegirá presidente a finales de año.

“Es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero esta crisis podría tener más consecuencias negativas que positivas para Trump. Su gestión ha sido lenta y torpe”, estima Charles Kupchan, profesor en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, en Washington.

Los mismos problemas podrían plantearse para el brasileño Jair Bolsonaro, que habla de una “psicosis” y rechaza tajantemente el confinamiento.

Esta estrategia, que conlleva riesgos sanitarios, preocupa a una parte de Brasil, en donde la palabra “destitución” ha sido pronunciada por diputados de la oposición.

Pero más allá del futuro político de los gobernantes, también empieza a plantearse la idea de emprender acciones legales contra ellos.

En Francia se han presentado once demandas contra miembros del gobierno por homicidio involuntario.

“El aumento del número de recursos es una señal de que los ciudadanos permanecen vigilantes”, dice el constitucionalista Dominique Rousseau, aunque las posibilidades de que estos procedimientos sigan adelante son pequeñas, según varios magistrados.

Advertencia de 13 países de la Unión Europea

Trece países de la Unión Europea advirtieron ayer miércoles que las medidas de emergencia que se aprueben para afrontar la pandemia de coronavirus deben “limitarse a lo estrictamente necesario”, ser “proporcionadas y temporales”.

España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y Suecia se unen en la defensa de “los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales” pese a la necesidad de los gobiernos de adoptar medidas de emergencia para contener el avance de la pandemia.

El texto se ha dado a conocer después de que, el pasado 30 de marzo, el Ejecutivo del ultranacionalista Viktor Orbán recibiera del Parlamento poderes extraordinarios para gobernar Hungría por decreto y por tiempo indefinido en su lucha contra la pandemia del COVID-19. La mayoría parlamentaria del gobernante partido conservador Fidesz votó a favor de unas enmiendas que hacen que Orbán pueda gobernar sin control alguno durante un tiempo indefinido.

Los socios europeos reconocen que, ante esta situación sin precedentes, “es legítimo que los Estados miembros adopten medidas extraordinarias para proteger a sus ciudadanos y superar esta crisis”, pero aseguran estar “profundamente preocupados por el riesgo de violación de los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales derivados de la adopción de ciertas medidas de emergencia”.

El comunicado advierte de que las medidas de emergencia “deberían limitarse a lo estrictamente necesario, deberían ser proporcionadas y temporales por naturaleza, sujetas a escrutinio regular y respetar los principios mencionados así como las obligaciones del Derecho Internacional” y, en ningún caso deberían “restringir la libertad de expresión o la libertad de prensa”.