COVID-19

Tensión en Italia por el pasaporte sanitario

Algunos trabajadores han amenazado con huelgas y hasta el bloqueo de los puertos si no se levanta la medida.

Violentas protestas en Roma contra el pasaporte sanitario. Foto: EFE
Violentas protestas en Roma contra el pasaporte sanitario. Foto: EFE

El pasaporte sanitario será obligatorio en Italia desde mañana viernes para todos los trabajadores del sector público y privado, una medida que quiere estimular la campaña de vacunación. Sin embargo, algunos trabajadores se oponen y amenazan con bloquear todas las operaciones portuarias.

Italia, el primer país europeo afectado por la epidemia de coronavirus en febrero del 2020, pagó un alto precio con más de 130.000 muertes. Tras el año negro la campaña de vacunación inició en diciembre y ahora más del 80% de las personas mayores de 12 años están completamente vacunadas (85% si se suman aquellas con la primera dosis).

La vacuna es obligatoria para el personal sanitario y el llamado “pasaporte covid” es exigido a los profesores. Pero para el gobierno de Mario Draghi, esas medidas no son suficientes para garantizar un nivel de inmunidad alto y prevenir nuevos brotes que podrían afectar la actividad económica, como ocurrió en 2020 y principios de 2021.

Para incentivar la vacunación, el gobierno anunció hace un mes, con el apoyo de los partidos de la coalición, la obligación de presentar el pasaporte covid a partir del 15 de octubre para acceder a los lugares de trabajo.

Los empleados que se nieguen a cumplir la medida se arriesgan a que les suspendan el pago del salario y a recibir una multa. Tampoco pueden optar por trabajar desde la casa. Por su parte los empleadores que eviten controlar también se enfrentan a multas.

Introducido en agosto para acceder a trenes, museos y restaurantes, entre otros, el pasaporte sanitario incluye un certificado de vacunación o una prueba de recuperación del COVID-19 o una prueba negativa realizada en las últimas 48 horas.

La medida provocó violentas protestas el sábado en Roma de activistas de ultraderecha y grupos fascistas.

Algunos trabajadores han amenazado con huelgas y hasta el bloqueo de los puertos si no se levanta la medida.

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